Claro, la coincidencia termina a la hora de proponer la vía alternativa: mientras el kirchnerismo y la izquierda insiste en un duro castigo impositivo a “los poderes concentrados” y un mayor intervencionismo económico en el campo, la derecha ortodoxa reclama un drástico recorte del gasto público.
La fórmula de la oposición para apoyar sin apoyar
Lo cierto es que la sesión de la cámara de diputados que le dio media sanción al acuerdo con el FMI puso en blanco sobre negro el cambio de panorama político. Un tercio de la bancada oficialista —los que responden directamente a Cristina Kirchner a través de organizaciones como La Cámpora y organizaciones piqueteras— votó en contra. Para alcanzar la mayoría, el gobierno debió pactar con la oposición, que puso duras condiciones: solo estaba dispuesta a que el proyecto de ley habilitara al presidente a reprogramar el calendario de pagos con el FMI, pero no quería dar su apoyo expreso a los contenidos del programa económico.
afp Cristina Fernández dejó en claro que no quiere que la asocien en el acuerdo con el FMI. El ministro de economía, Martín Guzmán, protestó airadamente ante esa pretensión, con el argumento de que un proyecto de ley de ese tipo no tendría sentido y posiblemente no fuera aceptado por el Fondo.
La refinanciación de los US$ 44.000 millones pendientes estaba ligada al cumplimiento de un plan económico, y no era posible aprobar la primera parte sin también apoyar la segunda.
Pero los opositores fueron firmes al respecto: no les gustaba el acuerdo firmado por Guzmán, que tiene números en los que nadie cree —como, por ejemplo, que la inflación de este año será del 43%, que la suba del PBI superará el 4,5% o que se llegará a un déficit fiscal de 2,5% únicamente por efecto del crecimiento de la economía—. Están convencidos de que vendrá un “impuestazo” sobre la clase media y las pymes y que, aun así, no será suficiente, por lo que la inflación alta será necesaria para “licuar” gasto público en los rubros de jubilaciones y salarios estatales.
Pero lo peor es que, con todo eso, los opositores igual creen que el plan fracasará y que, ante cada revisión trimestral de los indicadores, el FMI impondrá una renegociación sobre el plan.
El debate interno de la oposición planteó el dilema sobre si votar en contra —con lo cual quedaría como responsable de empujar el país al default— o dar el apoyo, lo cual la haría ante la opinión pública una corresponsable de una política económica en la que no creía.
En ambos casos, peligraría su ambición de volver al poder en 2023. Pero, irónicamente, el peor temor es que, si efectivamente llegan a ganar la próxima elección, los hoy opositores se encontrarán con una “bomba” económica, dado que el cronograma de pagos que renegoció Guzmán alivia las finanzas por el resto de este mandato, pero recarga las cancelaciones de deuda para el siguiente período de gobierno.
Fue así que se llegó a la fórmula poco convencional de dar el permiso a la negociación con el FMI pero sin especificar que se apoya el contenido de ese nuevo programa. Nadie quedó contento con esa salida, pero fue la única manera de que la oposición diera sus votos.
De otra manera, Argentina caería en un default seguro el próximo 22 de marzo, cuando deba saldar una cuota de unos US$ 3.000 millones para los cuales no hay dinero en las castigadas arcas del Banco Central.
El raro optimismo de Alberto
Pese al enojo del ministro Guzmán, los negociadores del gobierno aceptaron las condiciones de la oposición. Primero, claro, porque era la única forma de garantizar el acuerdo: fueron tantos los votos en contra del kirchnerismo, que sin el apoyo del macrismo se habría caído la ley. Los votos de la oposición fueron, finalmente, 50 más que los del propio oficialismo.
Pero, además, hay otro motivo para ceder: en el gobierno creen que el FMI no rechazará esta ley, porque su preocupación fundamental en este momento de convulsión global es que Argentina no provoque un “efecto dominó” en el cual todas las economías endeudadas caigan en default con el argumento de que los altos precios de las materias primas complicaron su ecuación financiera.
JUAN MABROMATA / AFP El ministro Guzmán confía en su plan para reducir la inflación. En consecuencia, hay en el gobierno una convicción de que lo único que realmente le importa al Fondo es que Argentina fortalezca la posición de reservas del Banco Central, estabilice el frente cambiario y llegue sin turbulencias a la elección del año próximo. En otras palabras, que ya está resignado a renegociar con el próximo gobierno.
Es por eso que, por raro que parezca, hay cierto clima de euforia en el entorno de Alberto Fernández, que cree que se liberó del lastre de las obligaciones financieras sin que se le haya pedido nada demasiado pesado a cambio.
Los más optimistas ya hablan abiertamente de la reelección de Fernández el año próximo.
Cristina: “Otra vez, inmensa pena”
Pero para reelegirse, el peronismo necesita permanecer unido. Y es por eso que Alberto trata de no irritar a Cristina: su sobreactuado enojo hacia Mauricio Macri, su promesa de persecución judicial es, en realidad, una concesión simbólica a la líder kirchnerista para que no se concrete una ruptura.
Sin embargo, hoy nadie se anima a asegurar cómo seguirá la historia y si los kirchneristas llegarán unidos con Alberto Fernández a la elección de 2023. Cuando el oficialismo perdió las legislativas del año pasado, Cristina responsabilizó al presidente y al ministro Guzmán por estar priorizando demasiado la austeridad fiscal en un país con 40% de pobreza.
Las últimas señales de la vicepresidenta se prestan a la interpretación de una ruptura sin vuelta atrás. El día siguiente de la votación en Diputados, Cristina subió a su cuenta de Twitter un video en el que mostraba imágenes de su oficina destrozada después de una pedrada de manifestantes en las afueras del Congreso. Acompañando esas imágenes, ella leía un texto en off, donde mezclaba el lamento por las protestas violentas con el lamento por el regreso del FMI. El título, deliberadamente ambiguo, era bien expresivo: “Otra vez, inmensa pena”.
Lo que el ámbito político interpretó es que Cristina marcó su límite: no permitirá que se la asocie a un plan económico con el sello del FMI, ni, mucho menos, a ser vista como participe de un “gobierno intervenido” cada vez que la misión de auditores del Fondo llegue a Buenos Aires para revisar las cuentas.
¿Quería Cristina un default? En realidad no, pero pretendía una negociación muy dura, que en los hechos habría llevado a ese desenlace. Así como quiere que los exfuncionarios macristas que firmaron el stand by de 2018 sean juzgados por “malversación de fondos”, también exige que el FMI reconozca públicamente que violó sus propios estatutos con una finalidad política: favorecer la reelección de Macri.
El kirchnerismo argumenta que Argentina recibió un préstamo que excedía tres veces el tope que se establece según el tamaño de cada economía. Y que, además, el FMI incumplió su propio principio de que los préstamos no tienen como objetivo defender el precio del dólar, cuando le permitió al Banco Central vender divisas para calmar al mercado y fomentar así una “fuga de capitales”.
Por consiguiente, no solo quería una sanción para los funcionarios del Fondo, sino que además se aprobaran condiciones extraordinarias que nunca se le otorgaron a un país miembro del organismo, como por ejemplo un cronograma de pagos a 20 años —el máximo es 10— y una eliminación de los punitorios en la tasa de interés.
Por si fuera poco, Cristina pidió que el FMI ayudara a Argentina a identificar quiénes habían sido los “fugadores de divisas” para recuperar esos dólares.
Ninguna de esas exigencias fue atendida. Lo máximo que el Fondo aceptó, como favor político al gobierno argentino, fue reconocer que el stand by de 2018 había fracasado en sus objetivos, pero nunca reconoció haber incurrido en una violación de sus estatutos.
Ahora, con el reloj financiero marcando la necesidad de definiciones urgentes, el panorama político argentino va configurando su nueva realidad: el gobierno de Alberto Fernández se quedó sin el apoyo de su principal socia y necesita la ayuda de Macri, el mismo a quien acusa de haberle dejado una herencia económica equivalente a la pandemia.
