En lo que claramente es un endurecimiento del discurso ante la migración permitida, el presidente chileno Gabriel Boric anunció este jueves que su país expulsará a todo aquel inmigrante irregular que no se haya acogido a la presentación voluntaria de sus datos para el plan de empadronamiento biométrico.
Durante el acto en el que presentó su plan de fortalecimiento de las tareas control territorial por parte de los cuerpos policiales, que fue delineado debido al aumento de los índices de delincuencia y de los de la percepción de inseguridad pública entre la población, Boric remarcó que “a quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”.
Para ello, ordenó a las autoridades de la Policía que detenga y expulse en un plazo de cinco días a los inmigrantes irregulares que tengan orden de detención pendiente.
Mientras que, según dijo el mandatario, “a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan cumplido el empadronamiento voluntario, aunque no estén con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión”.
El plan de empadronamiento biométrico para extranjeros irregulares, se promovió este año y el gobierno, al terminar el proceso, comunicó que había reunido los datos de más de 127.000 personas.
De ese modo, señaló el gobierno del mandatario izquierdista, se subsanó el déficit de información respecto de la identidad de extranjeros que ingresaron a Chile de forma irregular en los último cinco años, en su gran mayoría proveniente desde Venezuela.
Punto álgido de la sociedad chilena, el aumento de la inmigración irregular domina el debate, mucho más luego de producirse una serie de publicitados casos policiales que tuvieron a extranjeros como protagonistas, entre ellos, de modo paradigmático, el ataque contra un policía utilizando una granada, el pasado 19 de noviembre.
Desde la derecha, se amenazó con iniciar un juicio político en contra de la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, si no se concreta la expulsión de 12.000 migrantes irregulares antes de fin de año. Desde la izquierda, el silencio deja muchas dudas entre sus simpatizantes.
Chile tuvo, desde el año 2017, un aumento exponencial en la llegada de migrantes de Venezuela, miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos. Los cálculos oficiales hablan de 1,7 millones de extranjeros que llegaron a Chile en los últimos años. Casi la mitad de ellos, venezolanos.
El proyecto de nueva Constitución para reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un tema que divide a los chilenos y sobre el deben pronunciarse en un plebiscito el próximo 17 de diciembre, contiene un artículo que obliga a expulsar a los migrantes irregulares en el menor tiempo posible.
(Con información de AFP)
