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El régimen de Bukele aprueba inéditos “juicios grupales” para presuntos pandilleros
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó un paquete de reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, por cual aumenta las penas para los líderes de grupos delictivos y establece un inédito procedimiento de juicios “por célula de pandilla”, lo que anularía los habituales juicios individuales.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos ya criticaron esta medida sancionada en el marco del decimosexto mes del estado de excepción, por el cual ya hay 71 mil detenidos en su mayoría bajo sospecha y sin proceso.
Dominado por los partidarios del presidente Nayib Bukele, el Congreso sancionó con 67 votos favorables las nuevas herramientas para agilizar el juzgamiento de los presuntos pandilleros ante el desborde de casos en los tribunales.
Las reformas aprobadas incluyen el aumento de condenas de 45 a 60 años para todos aquellos que sean encontrados responsables por liderar grupos delincuenciales en El Salvador.
Pero la medida que más llama la atención es la implementación de juicios grupales, inéditos en la jurisprudencia mundial.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, mencionó que la reforma permitirá a los jueces del país agrupar a más de 900 personas, acusadas de pertenecer a la misma organización delictiva, para que sean juzgadas por el sistema judicial salvadoreño en una misma audiencia.
La medida fue criticada por la oposición política local y por grupos defensores de los Derechos Humanos, que exhiben su creciente preocupación por las decenas de capturas arbitrarias y las muertes de reos en custodia estatal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó más de 6.400 casos de violaciones a los Derechos Humanos durante los 16 meses del estado de excepción en territorio salvadoreño, una cifra que podría aumentar de aquí al 4 de febrero de 2024, cuando está programado que se celebren los próximos comicios presidenciales.
Según los datos del organismo interamericano, los detenidos sin proceso y muertos en prisión suman 174.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), órgano afiliado a la Universidad Centroamericana, alertó en un informe de la restricción al acceso a la información que el gobierno salvadoreño impone cuando se la solicitan los organismos como la OUDH.
Jorge Rodríguez, coordinador del observatorio, acusó a la administración de Bukele de utilizar el recurso de “reserva de información pública” para privar del acceso a datos a entes no gubernamentales o medios periodísticos que los requieren.
(Con información de France24)
