Tras varios operativos y distintos allanamientos, la Policía de Rivera logró detener a seis personas presuntamente vinculadas a una organización de almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Sin embargo, cuatro de ellos quedaron en libertad debido a un "vacío legal" por el que la Justicia no logró imputarlos, según dijo a El Observador la fiscal del caso, Alejandra Domínguez.
Si bien los seis detenidos integraban un grupo de Telegram en el que se difundía pornografía infantil solo uno de ellos fue imputado por almacenamiento, ofrecimiento, comercio y difusión. A ese hombre se le aplicaron 120 días de prisión preventiva como medida cautelar.
El problema es que los otros cinco no tenían almacenados en sus teléfonos móviles ningún material que los comprometiera, más allá de integrar el grupo. La fiscal reconoció que existe "un vacío legal" debido al avance de las nuevas tecnologías. Domínguez alegó que no se puede condenar a una persona por estar en un grupo.
De todos modos, uno de esos cinco sí fue condenado a dos años de penitenciaría, pero por suministro de estupefacientes. Los otros cuatro fueron liberados.
La persona que terminó en prisión estaba identificado por la fiscalía como "el integrante principal" de la organización. "Para nosotros era el principal", dijo la fiscal. Domínguez añadió que el hombre cuenta con muchísimos grupos de esta índole.
La investigación continúa su curso y aun no finalizó.
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