A casi dos meses de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional chileno Salvador Allende, la organización del evento se quedó sin cabeza. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del coordinador del ente oficial creado para coordinar los eventos, a los que se espera asistan varios mandatarios de América latina.
Patricio Fernández Chadwick, exdirector de la revista satírica The Clinic y nombrado directamente por Boric, le presentó su renuncia tras una andanada de críticas a su gestión.
La mayoría de los cuestionamientos provino de los organismos de Derechos Humanos que, junto a parlamentarios de izquierda, lo acusaron de no condenar con firmeza el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet.
Tras la renuncia del funcionario, el gobierno suspendió el lanzamiento del proyecto conmemorativo “Árboles por la Memoria”, consistente en plantar 4 mil árboles a lo largo de la geografía chilena para homenajear a los desaparecidos y asesinados durante la dictadura.
La función del asesor presidencial quedará en el ámbito del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Fernández había quedado en el ojo de la tormenta tras una entrevista radial en la que expuso su visión sobre el aniversario.
“La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, o cuáles son las razones, o cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”, había señalado.
Luego de estos dichos, más de 160 organizaciones de Derechos Humanos rechazaron sus afirmaciones por haberle “restado valor desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los Derechos Humanos”.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Red de Sitios de Memoria, entre otros organismos, firmaron un pedido a Boric para que aparte al funcionario.
Los organismos consideraron “una muy mala señal que Patricio Fernández Chadwick, con el cargo que ostenta, no condene el golpe de Estado y relativice ese acto fundacional de la criminalidad más brutal que arrancó el mismo 11 de septiembre de 1973”.
“Tiene que ser un requisito de quien coordine las actividades de los 50 años no tener ni un grado de negacionismo posmoderno que permea a muchos sectores de nuestra sociedad”, afirmó la diputada comunista Carmen Hertz, cuyo esposo fue ejecutado por los militares en octubre de 1973.
“Jamás justifiqué el golpe. Muy, muy por el contrario, soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable”, dijo Fernández desde el inicio de esta polémica que lo obligó a renunciar en menos de una semana.
La posición del periodista ya estaba debilitada después de que el diario La Tercera publicara en 2019, algunas “reflexiones” suyas sobre el golpe de Pinochet.
Fernández no callaba su “neutralidad” ante el golpe. El mismo año de la nota del periódico chileno, publicó en su cuenta de Twitter: “Apoyar el Golpe de Estado en 1973 es algo comprensible. Se vivían tiempos de mucha tensión y nadie sabía lo que vendría. Pero votar que Sí 15 años después para que el dictador siguiera en el poder, a sabiendas de lo ocurrido, es un pecado de la derecha muy difícil de excusar”.
Es cierto que, a medio siglo del golpe, la sociedad chilena se haya aún muy dividida sobre el régimen de Pinochet. Eso se reflejó en la reciente elección de constituyentes, el pasado 6 de julio, en que los partidos de derecha que, en mayor o menor medida, lo reivindican, ganaron la mayoría.
El presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, declaró que, aunque aceptó la renuncia de Fernández, valoró su trabajó y no tiene dudas de que él “jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado”.
La diputada Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), recalcó que esta conmemoración “tiene que incorporar, desde el Estado, la obligación de robustecer la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y la garantía de no repetición”.
Reclamó al gobierno que impulse “de una vez por todas, una propuesta en el ámbito legislativo, de educación de las Fuerzas Armadas y de todo lo que tenga que ver con un Estado que se robustece en relación con el Nunca Más”.
La renuncia de Fernández ocurre sólo dos semanas después de que el general retirado Santiago Sinclair, de 92 años y parte de la Junta Militar que gobernó Chile hasta 1990, fuera condenado a 18 años de cárcel por su participación en la Caravana de la Muerte que ejecutó a más de 70 opositores en octubre de 1973.
Junto a Sinclair la justicia envió a la cárcel a Juan Chiminelli (86 años), Pedro Espinoza (90) y Emilio de la Mahotiere (86). El fallo no tuvo en cuenta su avanzada edad para que la condena sea de aplicación efectiva.
Sinclair, senador designado tras el término del régimen de Pinochet, fue condenado por este caso en 2020, pero había apelado la sentencia.
De acuerdo con la investigación judicial, el militar coordinó el asesinato de 12 campesinos cuando era comandante del Regimiento Cazadores de la ciudad de Valdivia, a unos 840 kilómetros al sur de Santiago.
La Caravana de la Muerte es uno de los casos más emblemáticos de violación de los Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.000 muertos y 38.000 torturados, según cifras oficiales.
En esa operación fue ejecutado, entre otros, el abogado y periodista Carlos Berguer Guralnik, esposo de la ahora diputada Hertz.
(Con información de agencias y diario La Tercera)
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