El cuidado de la salud pública es una responsabilidad que el gobierno cumple en forma despareja por errores, indecisiones y exceso de afán regulatorio. Su más reciente incursión en una política generalizada de controlar todos los aspectos de la vida de los uruguayos, en una especie de anacrónico socialismo orwelliano, ha sido un proyecto de ley para reducir el consumo abusivo de alcohol, tan improcedente como inefectivo. Lo han precedido otras instancias desmesuradas de injerencia estatal en las libertades individuales. La elogiable intención de reducir enfermedades generadas por el consumo de tabaco llevó a las restricciones más drásticas que existen en el mundo, violentando muchas veces el derecho individual de elección que ejercen a su riesgo, por ejemplo, quienes practican aficiones deportivas en las que se juegan la vida. El disparate de la marihuana se ha convertido en un fiasco de opereta por desorden, ignorancia e imprevisión en la implementación de una mala ley. Y al margen de los problemas sanitarios, el afán recaudatorio de la ley de inclusión financiera impone a rajatabla como obligación lo que solo puede justificarse como decisión optativa de cada ciudadano.
En el caso del alcohol, el proyecto del Poder Ejecutivo se pierde en minucias sin atacar el problema de mayor magnitud, que es el consumo abusivo por parte de los jóvenes. Ya se equivocó con la tolerancia cero en conductores, impidiendo que quien sale a comer en un restaurante o la casa de un amigo pueda tomarse una modesta copa de vino. Pero son los jóvenes quienes más caen en excesos peligrosos en sus salidas nocturnas y son causantes asiduos de accidentes muchas veces fatales. Durante un reciente seminario académico sobre la marihuana, el sociólogo Héctor Suárez reveló que el 60% de los miles de jóvenes que consumieron alcohol en el fin de semana previo llegaron al nivel de intoxicación.
El tema no se soluciona con poner etiquetas de advertencia en las botellas y otras medidas igualmente débiles, o con la promesa de ANEP de hacer campañas educativas en los centros de estudio, compromiso que tiempo atrás asumió sobre la marihuana y que, fiel a su recurrente inoperancia, jamás cumplió. Obviamente es deseable evitar el consumo excesivo entre los adolescentes, principales víctimas potenciales ya que los alcohólicos adultos difícilmente abandonen su vicio o su costumbre. Para cumplir este objetivo bastaría controlar con firmeza el expendio a los menores de 18 años. Es notorio que actualmente se incumplen las normas vigentes en los boliches nocturnos y en otros muchos lugares donde se venden bebidas alcohólicas. La forma idónea de evitarlo es con un eficiente sistema inspectivo y con la aplicación de severas sanciones cuando se constaten transgresiones. Las inspecciones funcionan a medias, por insuficiencia de personal –tema no solucionado en el proyecto– o por una tolerancia con infractores a veces sospechosa.
Para proteger la salud de la población el gobierno debería concentrar sus empeños en mejorar el claudicante funcionamiento de ASSE en vez de seguir perdiendo el equilibrio entre sus atribuciones y los derechos de los ciudadanos en una sociedad regida por la libertad que conlleva un sistema democrático. Si se persiste en la invasión estatal a los derechos de la gente, no será de extrañar que algún día se prohíban las milanesas a caballo porque las frituras generan colesterol.
