Expectativas por el fallo sobre la disputa entre Chile y Bolivia por el uso de las aguas de un río

El Silala es un río que se origina en humedales de altura en el departamento boliviano de Potosí y en su trayecto atraviesa la frontera con Chile, que por ello lo considera un curso de agua internacional, sujeto a normativas específicas.

El caso llegó a la CIJ en 2016, cuando Chile pidió a esa corte que declare al Silala formalmente como un curso de agua internacional, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.

Bolivia respondió en 2018 con una contrademanda ante la CIJ para pedir a la corte que le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos para reunir agua de manantiales, y exigió que Chile pague una indemnización por uso de esos recursos.

En ese mismo 2018 la CIJ había rechazado alegatos de Bolivia para forzar a Chile a negociar una salida al mar para los bolivianos.

Las últimas audiencias por el caso del Silala se realizaron en abril de este año, cuando las partes formularon sus alegatos y tuvieron oportunidad de interpelar a la otra parte.

En esas audiencias, el agente (principal representante) de Bolivia ante la CIJ, el diplomático Roberto Calzadilla, pidió a que se declare la soberanía boliviana sobre el "flujo artificial" de las aguas del Silala en su territorio, y que "Chile no posee derechos adquiridos" sobre ese flujo de agua.

Para la delegación de Bolivia, los canales construidos sobre el Silala en su territorio aumentaron artificialmente el caudal, y por ello Chile no puede alegar derechos adquiridos para su acceso a esas aguas.

Por su parte, la agente de Chile, Ximena Fuentes, pidió a la CIJ que rechace los argumentos de Bolivia y alegó que la exposición boliviana carece de base legal al hacer una diferencia entre causes naturales y artificiales.

Chile insiste en la validez del derecho consuetudinario (normas no escritas pero cuya aplicación se tornó habitual por su repetición en el tiempo) en el caso de las aguas del Silala, que considera un curso de agua internacional.

Fuentes también había pedido a la CIJ que exprese que Bolivia está obligada a tomar medidas para evitar la contaminación de las aguas, así como a cooperar y "notificar oportunamente a Chile" sobre medidas que puedan tener "un efecto adverso en recursos acuíferos compartidos".

El desmonte en territorio boliviano de los canales -que afectaron los humedales de altura de la región- tendría un impacto importante en el caudal del Silala.

Por ello, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, adelantó ya en abril que su país espera "claridad" en el fallo de la CIJ.

"Nosotros hemos manifestado que queremos mantener y reponer ese ecosistema [los bofedales], seriamente dañado por estos canales", pero con ello "Chile podría acusarnos" en una demanda, dijo el jefe de la diplomacia boliviana. Por ello, "hemos pedido a la Corte que haya claridad" en el fallo, agregó.

La región de Potosí, fronteriza con Chile, se mantiene a la expectativa de la decisión del tribunal internacional, según señaló esta semana la influyente organización civil Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Ricardo Ramos, dirigente de Comcipo, afirmó que Potosí, con anticipación, "ha determinado rechazar cualquier determinación que emita La Haya en contra del Estado boliviano y en contra del territorio potosino y el Silala".

Sin embargo, no explicó qué acciones asumirán en caso de un fallo adverso a Bolivia.