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FA dice que investigadora sobre Carrera será un "boomerang" y advierte por quiebre de diálogo político
"Les salió el tiro por la culata". El comentario pertenece al senador frenteamplista Daniel Caggiani (MPP), y fue hecho este miércoles en referencia a la renuncia del director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria. El jerarca se fue tras admitir que, el pasado 1 de julio y siendo civil, fue a practicarse una consulta oftalmológica en el Hospital Policial. Una acción similar a la que, hasta apenas horas antes, el oficialismo apuntaba sobre el legislador opositor Charles Carrera.
Fue, según Calabria, un "error de valoración", pero que podría utilizarse para impactar la gestión de gobierno. Precisamente, la reflexión que se hace en el Frente Amplio es que esta renuncia es un efecto directo de la "persecución" a la que se viene sometiendo a Carrera y que, seguramente, tendrá un impacto concreto en la comisión investigadora parlamentaria que el oficialismo pretende impulsar en el Senado.
El senador Enrique Rubio (VA) advirtió al respecto a El Observador que la más que probable comisión terminará convirtiéndose en un "boomerang" que impactará sobre los partidos tradicionales. En particular, aseguró, sobre el Partido Nacional. Según explicó, la irregularidad por la que Calabria debió dejar su cargo fue común en varias administraciones, lo que llevará a que el oficialismo y la oposición entren en una "arqueología de casos a lo largo de varias décadas".
Rubio habló allí de "ejemplos notorios" que, si el FA finalmente acepta integrar la comisión, serán presentados. Varios dirigentes opositores sacaron a relucir en los últimos días el caso del expresidente Luis Lacalle Herrera, que fue operado de una rodilla en el Hospital Policial. En ese marco, el Frente Amplio insiste: tanto Calabria como Carrera estaban amparados para atenderse ellos o sus familiares, a través de lo establecido en la ley de Presupuesto votada en 1967, y que comprende a todo el personal dependiente del Ministerio del Interior.
"Esto llevará a una guerra de guerrillas, muy mala para el sistema democrático y la convivencia política", advirtió Rubio. En ese sentido el senador frenteamplista le confió a El Observador que las acciones del gobierno y de buena parte de la bancada oficialista contra Carrera terminaron por quebrar el diálogo partidario en el Parlamento. El problema es, fundamentalmente, con el Herrerismo.
Rubio, que personalmente dijo que no votará más una investigadora que se proponga por causas que están a estudio de la Justicia, insistió con que esta comisión constituirá una presión indebida sobre los fiscales y jueces que tienen a su cargo las cinco causas que analizan las irregularidades que apuntan sobre Carrera.
A su juicio el sistema político debería abordar el problema de fondo, que los gobiernos del Frente Amplio no pudieron resolver debido a las resistencias "corporativas" de médicos y policías: la integración del Hospital Policial en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Hay que investigar todo
"Nada cambió. Lo que tenga que aparecer, que aparezca" le dejó en claro a El Observador el senador nacionalista Jorge Gandini, sobre los efectos que podría tener una investigadora sobre este tema para los intereses del gobierno.
El legislador sostuvo que el caso de Calabria no es comparable al de Charles Carrera, acusado entre otros aspectos de usar su cargo como director general del Ministerio del Interior para hacer atender, entre 2010 y 2012, a la que en ese momento era su esposa. Además, reparó en la actitud que ambos tomaron al conocerse sus casos. Calabria, sostuvo, le dejó a Carrera "la vara de la dignidad muy alta" al resolver renunciar a su cargo.
Así, el senador nacionalista dijo estar dispuesto a que se investigue todo. Incluso, hasta lo que pueda haber sucedido el día anterior a que comience a funcionar la investigadora. Lo fundamental, insistió, es indagar sobre qué sucedió a fines de 2012 en la Paloma cuando una bala, presuntamente policial, dejó en una silla de ruedas a Víctor Hernández .
Se trata de un civil que, según informó la semana pasada el actual ministro Luis Alberto Heber, estuvo tres años y medio internado en forma irregular en el Hospital Policial a instancias de Carrera, que lo hizo pasar por suboficial. Allí recibió atención médica e incluso fue operado de los dos ojos. También recibió, en ese período, tickets de alimentación por $ 20 mil mensuales , según había informado el programa Santo y Seña.
La investigación que pretende el oficialismo pasa por si Carrera incurrió en todo ese accionar para encubrir lo que pasó en la dependencia policial rochense.
Antecedentes
La comisión investigadora sobre este caso será la tercera en su tipo que ve la luz en el actual período de gobierno, y la número 43 desde el retorno a la democracia. Las dos investigadoras que sesionaron en la actual legislatura. La Cámara de Diputados viene de enfrascarse en una larga discusión sobre las presuntas "licencias irregulares" de varios dirigentes sindicales de Secundaria. Meses antes de su conclusión, la coalición ya había definido el pasaje del caso a la Justicia.
Una conclusión que tuvo también la comisión formada para indagar presuntas irregularidades durante las últimas tres gestiones en el Ministerio de Turismo, originada tras la salida de Germán Cardoso de esa cartera. Fiscalía sigue indagando sobre las acusaciones contra el exjerarca, mientras decidió archivar las que Cardoso había efectuado contra sus antecesores.
Hasta el momento, las comisiones investigadoras que han tenido un efecto político o judicial concreto han sido muy pocas. El actual secretario de la Presidencia, el nacionalista Álvaro Delgado, presentó en julio de 2015 el pedido para investigar la “situación económica y financiera de Ancap” durante la gestión de los gobiernos de izquierda, con pérdidas estimadas por la oposición en casi US$ 1.000 millones.
El trabajo de la comisión finalizó en febrero de 2016 y en abril de ese año los cuatro partidos de la entonces oposición presentaron una denuncia penal, cuyo único condenado resultó ser Raúl Sendic, en el que siempre estuvo el foco principal de los cuestionamientos. Le fueron tipificados los delitos de peculado, en relación a los gastos efectuados con la tarjeta corporativa del ente mientras fue su presidente, y por abuso de funciones vinculado a su rol en las negociaciones de la deuda de Ancap con Venezuela. Sendic, además, terminó renunciando a su cargo como vicepresidente de la República.
Otro procesado fue uno de los propietarios de Siemm, una empresa de emergencias de Bella Unión que le vendía servicios a ASSE y cuyos propietarios eran al mismo tiempo directores del hospital público de esa localidad. A Marcos García le tipificaron un delito de conjunción de interés personal y público.
