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FA enfrenta nuevo año como oposición con un tono endurecido por la pandemia

La fuerza política debió calibrar su posicionamiento y las críticas al gobierno fueron de menos a más

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03 de enero de 2021 a las 05:00

La pandemia los desconcertó. No acababan de asumir como oposición después de 15 años cuando llegaron los primeros casos de coronavirus al país y absolutamente todos los focos pasaron a estar sobre el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros.

El fin último de combatir la epidemia en el país obligó al Frente Amplio a replegarse y ser un espectador más de los pasos que dio el gobierno. 

Así se mantuvo hasta finales de marzo, cuando la oposición entregó al presidente un documento con una serie de propuestas para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria, entre ellas la idea de aplicar un ingreso ciudadano de emergencia, también llamado renta básica. 

Pero ni Lacalle Pou ni la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hicieron lugar a ese pedido y, de paso, advirtieron al Frente Amplio que esa decisión era consecuencia del déficit fiscal con el que asumió el gobierno.  

Este reclamo del Frente Amplio se mantuvo durante todo 2020, sin ningún eco por parte del Ejecutivo.

Antes de los primeros casos de coronavirus, el rol opositor del Frente Amplio se había limitado a negociar los cargos para ocupar lugares de gobierno, así como criticar el aumento de tarifas que Tabaré Vázquez se había negado a aplicar en la transición, antes de entregar la Presidencia. 

La negociación por los cargos será recordada por el planteo inicial de Lacalle Pou de no incluir a los frenteamplistas en organismos como Antel y el Instituto Nacional de Colonización, algo que finalmente no sucedió y el gobierno accedió a habilitar la representación en esos lugares. La definición sobre los cargos también será recordada por la caída del abogado Nicolás Cendoya, luego de un escándalo por la supuesta destrucción y filtración de documentos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). 

Cendoya, promovido por el Movimiento de Participación Popular (MPP) para integrar el directorio que hoy preside Gabriel Gurméndez, dio un paso al costado, asediado por distintas denuncias vinculadas a su gestión en la Ursec (2013-2020), a las que todavía el fiscal Diego Pérez no dio respuesta.

En el lugar del abogado fue nombrado, también a instancias del MPP, Daniel Larrosa, con un perfil mucho más bajo del que prometía Cendoya.

Al ritmo de la pandemia

Pero más allá del chisporroteo por la representación del Frente Amplio en el gobierno, la emergencia sanitaria marcó el tono de la izquierda como oposición. 

Si bien en un primer momento actores como el fallecido expresidente Tabaré Vázquez reclamaron una cuarentena obligatoria, el propio curso de la epidemia –que fue controlada durante varios meses, poniendo al país en un lugar destacado a nivel mundial– acalló esos reclamos. 

También lo hizo la decisión del Poder Ejecutivo de postergar el ingreso de la ley de urgente consideración (LUC) al Parlamento, el 16 de marzo de 2020, cuando el proyecto estaba a punto de ser remitido.

Durante todo ese tiempo el Frente Amplio debatió su tono en los ámbitos internos y procuró siempre actuar como una “oposición responsable”, aunque en los hechos el gobierno amparado por su manejo de la situación sanitaria tampoco le daba mucho margen para pasar a la ofensiva. 

La decisión del Ejecutivo de postergar el envío de la ley de urgente consideración duró un mes, ya que el 17 de abril de 2020, en una conferencia de prensa –recurrentes a principios de año pero que luego amainaron– Lacalle Pou anunció que el proyecto entraría al Parlamento el 23 de abril. 

Esa resolución reavivó las críticas del Frente Amplio, que cuestionó la oportunidad de discutir un proyecto tan extenso (de más de 500 artículos, aunque finalmente fue de 476) y variopinto en medio de una emergencia sanitaria. 

Y fue a raíz de ese episodio que la izquierda acuñó el término “lo urgente es la gente”, otra frase por la que será recordado este 2020, así como el “no a la LUC”. 

Por ese entonces el Frente Amplio tomó la decisión de acompañar parte del articulado, algo que después de octubre generaría un nuevo debate interno.

A nivel general, sin embargo, la oposición rechazó el proyecto, que fue calificado como “regresivo”, “inoportuno” y de “trámite caótico”, según distintas declaraciones que emitió el Frente Amplio en 2020 sobre el tema. 

Pero el hecho de que la oposición votara cerca de la mitad de los artículos de la ley de urgente consideración complicó las negociaciones que meses después llevaría adelante con el PIT-CNT y la Intersocial, dos aliados a los cuales la fuerza política recurrió en 2020 para defender el proyecto de país alternativo al del gobierno.

Discusión por referéndum y Presupuesto

La oposición se embarcó en una recolección de firmas contra la ley (aprobada el 8 de julio) que nunca terminó de convencer a varios sectores frenteamplistas, entre ellos los identificados como seregnistas, quienes incluso votaron en un Plenario Nacional en contra de promover un referéndum. 

Una vez dentro de la campaña, el Frente Amplio debió convencer a la Intersocial –tarea que no resultó fácil– de ir por algunos temas y no toda la ley, ya que sus propios legisladores habían aprobado en el Parlamento parte de los artículos. De esta manera, el movimiento sindical, el social y el Frente Amplio cerraron una lista de 135 artículos a impugnar. 

Si bien el 2020 se encaminaba a terminar sin la recolección de firmas en marcha, el 29 de diciembre la comisión nacional pro referéndum lanzó la campaña, recogiendo las primeras adhesiones. Los primeros firmantes fueron el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, quienes de manera simbólica estamparon su rúbrica y también sus huellas digitales, un requisito indispensable para que la campaña prospere ante la Corte Electoral. 

De aquí hasta julio de 2021 las distintas organizaciones políticas y sociales que integran la comisión deberán juntar unas 700 mil firmas, tarea que no parece nada sencilla teniendo en cuenta la reducción de la movilidad producto de la emergencia sanitaria, así como el desconocimiento de gran parte de la población sobre el contenido de la ley. 

La ley de urgente consideración no fue la única batalla que peleó la oposición. El 31 de agosto el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Presupuesto Nacional y el Frente Amplio no demoró en criticar el plan quinquenal del gobierno. 

“El presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo expresa una parte central del programa restaurador de la coalición de derecha, representando recortes a políticas públicas que afectan a las políticas sociales, a la educación pública, a la vivienda y la salud de los uruguayos y uruguayas, especialmente de quienes hoy tienen sus derechos vulnerados”, afirmó el Frente Amplio en una declaración emitida en octubre.

Pero las críticas de la oposición no impidieron que el gobierno hiciera uso de su mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto, aunque la presión sobre ciertos temas, como la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), llevaron a que el Ejecutivo revisara su postura.

El golpe de setiembre y a la carga por vacunas

Mientras se discutía el proyecto más trascendental del período, los uruguayos eligieron a las nuevas autoridades departamentales y las urnas le dieron la espalda al Frente Amplio en gran parte del interior, salvo Canelones y Salto. Como era de esperar, la izquierda volvió a ganar en Montevideo, esta vez de la mano de Carolina Cosse, que una vez que se supo vencedora moderó su discurso y tendió la mano al Poder Ejecutivo en varios temas. 

Y si bien Montevideo y Canelones concentran la mayor parte del electorado, el hecho de que la izquierda perdiera tres departamentos fue un golpe muy duro. 

La derrota llevó a que el Frente Amplio incorporara el tema en su proceso de autocrítica (que todavía no terminó) y discutiera la necesidad de tener una mayor presencia en el interior del país, aunque esto se hace difícil sin figuras de proyección nacional que puedan asumir el rol que en su momento tuvo José Mujica.

Ya sobre fin de año, con el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, el Frente Amplio volvió a la carga del Poder Ejecutivo por el manejo de la pandemia, y sobre todo cuestionó demoras y "falta de transparencia" en la negociación por la llegada de una vacuna para inmunizar a la población contra el virus. 

"Entendemos que se ha perdido tiempo muy valioso en este sentido. Mientras algunos países de la región vienen negociado acuerdos con los principales laboratorios del mundo, muy poco se sabe sobre la política del gobierno para obtener la vacuna", señaló una declaración divulgada por legisladores opositores el 29 de diciembre.

Entre medio de este proceso autocrítico, la búsqueda del tono opositor y el recambio de liderazgos, el Frente Amplio está a las puertas de una nueva elección interna para encontrar al sucesor de Javier Miranda en la Presidencia de la coalición y también definir el ingreso de nuevos sectores a los organismos de deliberación como el Plenario Nacional, el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política.

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