FA pide a la Justicia intimar al gobierno a informar sobre contrato con Katoen Natie

La denuncia, presentada este jueves y a la que accedió El Observador, aparece con la firma de los senadores Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera, que procuran acceder a todo lo relacionado con la adenda al contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.

“La falta de transparencia del gobierno nos lleva a la Justicia” señaló Carrera, que fue citado junto sus dos colegas ante la sede judicial. También lo hará un integrante de la asesoría jurídica de Presidencia. 

Esa adenda fue incluida en el contrato, a raíz de una sugerencia del líder de Cabildo Abierto. Implica que el Estado uruguayo tendrá la última palabra a la hora de avalar una eventual futura enajenación de las acciones (80%) que la firma posee en Terminal Cuenca del Plata (TCP). El restante 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP). 

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La bancada de legisladores del Frente Amplio había elevado a fines de octubre una solicitud de acceso a la información pública, al amparo de la normativa vigente, en la que entre otros puntos, reclamó copias de todas las actuaciones administrativas que determinaron la suscripción de esa adenda. También los informes jurídicos y económicos previos que lo determinaron, junto a la individualización del o los jerarcas que redactaron y suscribieron esa adenda. 

Los legisladores frenteamplistas reclaman, a su vez, una copia del acto administrativo por el que el Poder Ejecutivo, de manera previa, autorizó la adenda al acuerdo transaccional con Katoen Natie. 

Uno de los puntos centrales de la demanda pasa por determinar si el gobierno envió efectivamente la adenda a consideración del Tribunal de Cuentas,  algo de lo que en la coalición de izquierda existen serias dudas. La acción ante Ohanian gira en torno a que, a juicio del Frente Amplio, la respuesta de Presidencia ha sido, hasta ahora, incompleta. 

Así, en un informe fechado el 17 de noviembre y que lleva la forma del prosecretario Rodrigo Ferrés, no se incluyó una contestación efectiva a estos puntos. 

“Es claro que Presidencia de la República es un órgano del Estado y, por lo tanto, consecuentemente obligado a proporcionar la información que, con las limitaciones correspondientes, esté en su poder”, dice la demanda. 

El escrito apunta a que, así, el gobierno “vulnera un derecho humano” como es el acceso a la información pública. 

Sociedades conexas

El análisis que hace el Frente Amplio sobre la adenda recuerda que, en la modificación del contrato que el Estado acordó con Katoen Natie, la empresa podría quedar habilitada a vender su participación en la Terminal Cuenca del Plata sin que su contraparte pueda opinar. Así, dada la “enorme valorización” de la firma a raíz del acuerdo, que supone la “concesión de un monopolio de hecho” hasta 2081, la hace atractiva para una eventual futura venta. 

La oposición estima que la terminal vale hoy US$ 1.000 millones más que antes de firmar el acuerdo. “Un incentivo sustancial para venderla y obtener ganancia”, se advierte. Así, la pregunta en filas frenteamplistas pasa por lo que sucedería si el comprador resulta ser una naviera, que puede discriminar a toda su competencia. 

La adenda al contrato especifica que se requerirá autorización del Estado para una eventual transferencia de las acciones de Terminal Cuenca del Plata. Sin embargo, advierte el Frente Amplio, Katoen Natie es dueña del 80% del paquete de TCP a través de otras dos sociedades, Nelsury SA y Seaport Terminals SA.

Así, plantea la oposición, si Katoen Natie pretende enajenar su parte del paquete accionario de TCP en forma indirecta, vendiendo las acciones de esas dos empresas, no requeriría autorización del Poder Ejecutivo.