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FA propone más presupuesto para educación y aumentar sueldos de subalternos de Defensa

La bancada de senadores redactó una serie de propuestas que suponen aumentos y reasignaciones de recursos
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16 de noviembre de 2020 a las 05:00

La Comisión de Presupuesto del Senado entra este lunes en la última semana de discusión del plan quinquenal del gobierno, antes que comience la votación del proyecto de ley. 

Previo a las jornadas de votación –fijadas a partir del 21 de noviembre en comisión y el 30 de ese mismo mes en el pleno de la cámara–, el Frente Amplio, que sostiene que el Poder Ejecutivo "le da la espalda a las necesidades de las grandes mayorías", redactó una serie de propuestas de reasignaciones y aumentos de partidas para "evitar retrocesos y deterioros" en áreas como la educación, la salud, la infancia y las políticas de género. 

También, según el documento al que accedió El Observador, la bancada de senadores pretende "corregir asignaciones signadas por la discrecionalidad, la insensibilidad frente a necesidades básicas aún insatisfechas y, en definitiva, un conjunto de prioridades" que la fuerza política rechaza.

De esta manera, los legisladores de la oposición proponen aumentar el presupuesto de la educación y también los sueldos del personal subalterno de las Fuerzas Armadas al eliminar la creación de nuevos cupos de oficiales superiores.

Para la educación el incremento sería de $ 675 millones en 2021, $ 1.125 millones en 2022, $ 1.425 millones en 2023 y $ 1.670 millones en 2024, esto siempre y cuando los legisladores oficialistas accedan, ya que la coalición de izquierda por sí solo no tiene los votos para aprobarlo.

Esas partidas irían, mayoritariamente, para la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) –y cumplir con el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024–, así como para la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (Utec). 

Para Anep se proponen incrementos que llegarían hasta los $ 1.000 millones para 2024, mientras que para la Udelar y la Utec supondrían hasta $ 320 millones y $ 100 millones más para el final del período, respectivamente. 

En el caso de los subalternos de las Fuerzas Armadas, se propone un aumento de sueldos 30% mayor al que propuso el Poder Ejecutivo, de 2,5%. Esta propuesta, según el partido de oposición, se "financia con el no incremento en la cantidad de oficiales superiores que se propone en esta ley de Presupuesto". 

Los aumentos propuestos por el Frente Amplio

También se sugieren incrementos para la Administración de Servicios de Salud del Estado ($ 500 millones 2024); el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ($ 540 millones para 2024); la Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ($ 150 millones para 2024); políticas de discapacidad ($ 25 millones para 2024); el Poder Judicial –destinado a la ley integral de violencia de género– ($ 40 millones para 2024) y fiscalías ($ 120 millones para 2024). 

Por otra parte, se sugieren aumentos para el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública ($ 2 millones para poner en marcha un sistema informático e ingresar las declaraciones juradas electrónicas), el Plan Nacional de Arqueología (otros $ 2 millones), así como subsidios para la Federación Uruguaya de Teatros Independientes ($ 7 millones), Cinemateca ($ 4 millones) y el Instituto Cuesta Duarte ($ 600 mil pesos).  

¿Cómo se financian estas propuestas? El documento del Frente Amplio sostiene que los aumentos y reasignaciones se basan en una disminución de la partida de refuerzos, es decir, la "partida discrecional de la cual dispone el Poder Ejecutivo para otorgar por fuera de la discusión presupuestal".

"El Poder Ejecutivo dispone de un margen de unos US$ 550 millones de dólares anuales ($ 23.700 millones) para ajustar discrecionalmente los créditos, a través de las partidas de refuerzos e imprevistos", subraya el documento. 

Para la coalición opositora esa discrecionalidad es "excesiva", por lo que propone "reducir la partida de refuerzos de 6% a 5% del total de gastos de funcionamiento e inversiones". 

Además de los "refuerzos", las reasignaciones se basan en la reducción de inversiones en la Oficina Nacional de Servicio Civil, el ahorro por la eliminación del aumento de oficiales superiores, la reducción en la partida de electricidad para el Ministerio de Defensa Nacional y reducir las compensaciones para los cargos de confianza del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Economía y Finanzas (MEF). 

"En lugar de aumentar el costo de los cargos de confianza del Mides y del MEF, a muchos de los cuales se les sube el sueldo en más de $ 50.000 por mes (llevándolos a niveles de $ 166.000 y $ 221.000) y de aumentar las partidas para que las autoridades del MIDES puedan dar compensaciones en forma discrecional, proponemos destinar esos recursos para atender las políticas de infancia y de discapacidad ante la compleja situación social (reducción en sueldos y cargos de confianza del Mides $ 70 millones y del MEF $ 8 millones)", sostiene el documento. 

"Transparencia" 

La oposición también hizo una serie de propuestas en aras de mejorar la "tan anunciada transparencia". Esto incluye un pedido para tener mayor información por parte de la Contaduría General de la Nación (CGN) sobre la ejecución de los créditos presupuestales, así como para conocer cómo se sustenta la regla fiscal que propuso el gobierno de Luis Lacalle Pou. 

"Entendemos necesario que se publique la información y los modelos que sustentan los cálculos realizados por el gobierno para la elaboración de la regla fiscal, a efectos de que puedan ser analizados y evaluados por la academia en general y no sólo por el comité de expertos que nombra el propio Poder Ejecutivo, violentando así la independencia", sostiene el documento elaborado por el Frente Amplio. 

También se pide conocer la "conciliación entre las asignaciones presupuestales y la proyección fiscal", algo que es considerado "imprescindible". 

Los legisladores del Frente Amplio también piden "rendiciones de cuentas regulares y sistemáticas", en forma mensual, respecto al Fondo Coronavirus. "Ya llevamos casi seis meses desde la creación del fondo. No entendemos por qué el gobierno tiene tanto secretismo respecto de cuáles son los ingresos y los gastos concretos, con la desagregación adecuada, que se están financiando con este fondo", agrega el escrito. 

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