Falta de personal en juzgados demoran trámites de libertad anticipada para presos

Con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, el pasado 1° de noviembre, se partió en dos la forma en la que la Justicia persigue los delitos. De un lado quedaron todos los casos iniciados hasta el 31 de octubre, los cuales debieron continuar con el viejo proceso inquisitivo, con jueces al frente de las investigaciones, voluminosos expedientes escritos, y prisión preventiva en la mayoría de los casos; del otro, los que empezaron a ser juzgados a través de un proceso acusatorio, en el que un fiscal -que investiga y acusa- debate ante el juez contra un defensor, todo en el marco de audiencias orales y públicas, y con procesos que, en la mayoría de los casos, transcurren con los indagados en libertad.

Si bien esta situación ya resulta una diferencia en favor de las personas juzgadas por el nuevo código, las carencias que padecen los juzgados que concentran todos los procesos del sistema anterior amenazan con acrecentar aún más esa brecha.

Según dijeron diversas fuentes judiciales a El Observador, debido a la falta de personal en estas sedes, existe una demora en el armado de los oficios para que los expedientes pasen a los juzgados de ejecución, lo que impide que cientos de presos de Montevideo puedan tramitar la libertad anticipada.

Este beneficio, que aplica a los presos que tengan sentencia firme y que hayan cumplido con dos tercios de la pena, siempre que no exista un informe en su contra que señale que no hay signos de rehabilitación, solo puede ser aprobado una vez pasen a los juzgados de ejecución. Sin embargo, como los expedientes quedan trancados los reclusos se ven obligados a cumplir con toda la pena tras las rejas. Uno de los juzgados que trabaja con causas del código anterior, según supo El Observador, tiene más de 100 expedientes trancados.

El Poder Judicial creó ocho juzgados (del turno 22° al 29°) para trabajar con todas las causas anteriores al 1° de noviembre. Estos tomaron el trabajo que antes era llevado adelante por los 20 juzgados penales de la capital, lo que provocó que durante los primeros meses de aplicación del código, se produjera una gran acumulación de trabajo.

Si bien los jueces fueron dictando sentencias, y reduciendo así el volumen de causas que tienen a su cargo, algunos problemas persisten. Por ejemplo, los magistrados desconocen la cantidad de presos que están asociados a expedientes que están en su sede.

Es que parte de la tarea de los juzgados fue repartida entre distintos magistrados de forma aleatoria, lo que no fue comunicado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ni tampoco correctamente documentado por el Poder Judicial.

Fuentes del Poder Judicial dijeron a El Observador que si no se logra identificar qué presos corresponden a qué juzgados, la Suprema Corte de Justicia no podrá llevar adelante su recorrida anual de cárceles, tal cual está previsto para octubre. Durante esta visita, los ministros del máximo órgano judicial deciden liberar a aquellos presos que no tengan condena, y que sean primarios.

En mayo, durante la visita que se hizo a cárceles del interior, la Suprema Corte de Justicia liberó por error a un homicida que tenía dos procesamientos, por lo que no debería haber sido tenido en cuenta para este beneficio. En aquella oportunidad el Poder Judicial dijo a través de un comunicado que se trató de un error "por las dificultades generadas durante el reordenamiento de sedes para la implantación del nuevo Código de Proceso Penal".

Una fuente dijo a El Observador que si no logra identificar qué presos responden a qué sede entonces podría darse una situación en la que terminen siendo liberadas personas a las que no les correspondería.