Fiscal que archivó denuncia sobre Katoen Natie dijo que reapertura dará mayores garantías y el FA volvió a apuntar contra Curbelo

En ese contexto, Rodríguez señaló que con el Código del Proceso Penal anterior, las decisiones del fiscal no se podían recurrir y dijo: "Para ejercer un poder, el poder es seductor, y hay que tener demasiadas espaldas que yo no las tengo". Por eso, se remitió al pedido de los legisladores frenteamplistas y solicitó que se revisara su decisión. Lo hará la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1o Turno, Silvia Porteiro.

Rodríguez valoró que la denuncia frenteamplista era "extensa, muy fundada y de alto nivel técnico" y que podía haber "responsabilidades civiles, administrativas, jurisdiccionales administrativas" por parte de los jerarcas de gobierno, pero no consiguió prueba que permitiera probar un reproche penal. 

"La responsabilidad de la Fiscalía es asegurar o no ante un juez, con certeza razonable, que de alguna manera determine la suerte o previsibilidad de una sentencia de condena de los imputados (...) No creemos que las evidencias que nos aportaron fueran suficientes para asegurar una sentencia de condena en la parte penal (...) Hay aspectos o hechos que son más reprochables, capaz desde el punto de vista de una gestión política de cómo se deben de llevar a cabo ciertas cosas, pero no estrictamente con un espejo jurídico", insistió. 

Además, recordó que en un juicio no se pueden utilizar declaraciones de indagados en Fiscalía en donde se incriminen a sí mismos. Rodríguez tenía el cometido de construir prueba de cargo más allá de los imputados. En ese sentido, valoró que "algunos testigos, que podrían ser valiosos para la Fiscalía, tuvieron cierta debilidad en sus declaraciones".

Entre ellos, el testimonio del director de Jurídica de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Edgardo Amoza, –a quien el Frente Amplio acusa de haber cambiado de postura respecto a un informe que había formulado años antes– y la declaración del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien defendió que ese acuerdo debía formularse de forma confidencial. 

El fiscal hizo hincapié en que en este caso, que no se encaminaba a cerrarse por un juicio abreviado y por quiénes son los involucrados seguramente el tema escalara a la Suprema Corte de Justicia, él debía conseguir pruebas para convencer a "ocho o nueve jueces" de que Luis Alberto Heber, Rodrigo Ferrés, Juan José Olaizola y Juan Curbelo eran culpables. Lo dijo, refiriéndose al juez penal de primera instancia, a los tres ministros de un eventual Tribunal de Apelaciones y los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

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"Sigo teniendo prueba o recogimiento de información y evidencia ambigua. Para los dos lados. No puedo lograr construir sólidamente una teoría del caso judicial", expresó y aclaró que no existía la posibilidad de recoger más información por dos motivos. En primer lugar, porque los hechos no están controvertidos –nadie niega el acuerdo ni los términos en los que se hizo– y en segundo lugar, debido a que ya se tomaron todas las declaraciones y se recibieron todos los informes necesarios. Por lo que cuando la fiscal reexamine el caso, lo que deberá ver es si valora la prueba de la misma forma que Rodríguez o no. 

Los argumentos del FA

En una larga alocución que realizó el abogado del Frente Amplio, Eduardo Florio, en presencia de los senadores Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio, esgrimió su teoría del caso y los reproches penales que podrían hacérsele a los jerarcas de gobierno, especialmente a Curbelo. 

En primer lugar, señalaron que la Fiscalía no diligenció todas las pruebas necesarias para descartar todos los delitos denunciados sino que decidió centrarse solo en uno, el abuso innominado de funciones. Además, entienden que este delito se puede probar dado que, según su versión, "cometieron un acto ilegal, arbitrario y doloso, con consciencia y voluntad en beneficio de terceros, en perjuicio de otros terceros particulares y del propio Estado".  

Ellos entienden que la ilegalidad es manifiesta ya que Curbelo dio su beneplácito para adherir al acuerdo, sin preguntarle su opinión al directorio de la ANP tal y como lo establece el reglamento. Eso, sostienen, se hizo con dolo –requerimiento sine qua non– para imputarles el delito. También consideran que está probado el delito de la falsificación ideológica y fraude porque "se engañó a los ministros firmantes haciéndoles creer que ya estaban cumplidas las formalidades exigidas por la ley para la aprobación del decreto", lo que consiguieron a raíz de adulteraciones que sostienen que Curbelo cometió. 

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Respecto del presidente de la ANP, el FA sostuvo que la presunta confidencialidad de las negociaciones "no es excusa para evitar poner en conocimiento del asunto al órgano que por ley estaba llamado a participar del procedimiento". 

Así, a diferencia de la Fiscalía, indicaron que "es injustificable invocar un supuesto de error invencible cuando no existía confidencialidad, ni utilidad de dicha confidencialidad con posterioridad a la firma del acuerdo y Curbelo debía saberlo, por su formación y por el conocimiento que tenía de la materia". A su vez, recordaron que en el dictamen de archivo de Rodríguez, se recordaba el caso Pluna por el que se procesó a Calloia. 

"El dictamen reconoce también que el caso es análogo al que llevó a la condena del entonces presidente del BROU pero paradójicamente el fiscal entiende que en ese caso sí existía delito, porque Calloia tenía una mejor comprensión de la normativa que Curbelo, quien es abogado con 20 años de experiencia profesional y 3 años de experiencia en el Directorio de la ANP antes de asumir como presidente", señalaron.