El Frente Amplio (FA) convocó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, a la comisión de la Cámara de Senadores que analiza esos temas luego de que El Observador informara que la Armada ocultó las verdaderas circunstancias en las que una de sus lanchas se dio vuelta y estropeó su costoso equipamiento electrónico, informó la senadora Sandra Lazo, quien preside la comisión.
En un primer momento, la Armada le dijo a la prensa que la lancha auxiliar del ROU 51 “Isla de Flores” se accidentó en un ejercicio de remolque en el puerto de Montevideo. Pero, en realidad, la lancha se dio vuelta en el marco de un procedimiento para llevar mar adentro a tres embarcaciones obsoletas que los mandos habían decidido hundir en medio del Río de la Plata, confirmó El Observador.
En el procedimiento, la lancha volcada fue remolcada -dada vuelta- hacia el puerto de Montevideo. Una vez en el puerto, los marinos intentaron sacarla del agua, izándola con una grúa. Pero la embarcación primero se elevó, pero luego cayó y se golpeó contra el agua, lo que agravó sus daños. Este episodio ocurrió en noviembre. Y Fuentes de la Armada dijeron a El Observador que se ordenó guardar silencio a todos los que habían tenido participación en estos sucesos.
Además, el procedimiento se hizo sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Ambiente, que no había autorizado el hundimiento de tres barcos en el Río de la Plata.
Por otro lado, a García también le consultarán por la licitación para adquirir dos patrullas OPV, que el gobierno pensaba comprar para la Armada pero que finalmente no prosperó, ya que la licitación se declaró desierta. La senadora Lazo dijo: "Si bien el Frente Amplio ha seguido el tema por informes del representante en la comisión, entiendo que corresponde que el Parlamento sea informado directamente por el ministro".
García había anunciado que en su lugar, Uruguay exploraba “seriamente” adquirir dos o tres buques usados de la clase Nordkapp, de 3200 toneladas y 105 metros de eslora, cuyo costo es bastante más bajo, y que preveían usar el resto del dinero autorizado para adquirir más material de “diferente tipo”.
Pese a la comunicación pública, China Shipbuilding Trading Co (CSTC) –una de las tres empresas que se presentaron a la licitación– aseguraba que no fue notificada oficialmente acerca de la decisión, y había pedido activar la cláusula que permite negociar para bajar el precio de la oferta.
