Nacional > VIVIENDA
Gobierno cambiará ley de ordenamiento territorial para dar "mayor flexibilidad" sin "descuidar garantías"
Antes de que termine el año, el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende enviar al Parlamento un proyecto para flexibilizar la ley de ordenamiento territorial que está vigente desde el año 2008.
El anuncio fue realizado por el director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Norbertino Suárez, durante una comparecencia en el Parlamento en la que informó que el documento estaba pronto aunque tendría algunos cambios que estaban siendo discutidos con el Ministerio de Ambiente. “Las modificaciones de la ley son bastante exhaustivas e incluyen los artículos que aún quedaban vigentes de la Ley de Centros Poblados”, señaló Suárez según consta en la versión taquigráfica.
El jerarca reconoció que había “preocupación” en el Congreso de Intendentes por los cambios, debido a que gran parte del ordenamiento territorial es regulado a nivel departamental, y que existían una “amplitud de planteos” que iban desde “mantener la normativa 100% como está hasta derogarla”.
Pese a esto, el gobierno irá por un camino del medio, ya que entiende que la norma vigente es buena, y por ello las autoridades hablan de una "revisión" de la normativa que comenzó a mitades de 2020.
El nuevo proyecto, al que accedió El Observador, contiene 110 artículos y supone una “actualización del marco legal vigente” buscando “fortalecer los principios” con un sentido “más pragmático”.
“El eje central de la citada revisión se basa en la búsqueda de una modernización y actualización del sistema de ordenamiento territorial, tanto en sus instrumentos, normativa y marco de actuación, flexibilizando algunos aspectos, aclarando conceptos y derogando, modificando o sustituyendo normas que han caído en desuso, referentes al marco de actuación en la materia”, expresa el gobierno en la exposición de motivos.
Si bien los cambios impulsados son varios, hay uno que destaca, ya que supone una serie de modificaciones para flexibilizar el procedimiento por el que se transforma la categoría de un suelo sin “descuidar las garantías” que actualmente se exigen.
La ley de 2008 dividió en tres las categorías de suelos: rurales, suburbanos y urbanos. Cada una tiene una serie de características y exigencias que obedecen a lo que los gobiernos pretenden desarrollar en esas zonas.
La intención es dejar de exigir la aprobación de la “evaluación ambiental estratégica” en proyectos que se realicen en zonas que hayan sido definidas como “potencialmente transformables” por los departamentos porque ya cuentan con el aval a través de los instrumentos de planificación general de cada intendencia.
A su vez, se permite el desarrollo planes específicos en zonas que no estén definidas como “potencialmente transformables” pero que sean “trascendentes” para los “intereses departamentales o nacionales” aunque en este caso el instrumento debe contar con todas las instancias legales de participación social y administrativas ante los ministerios.
“Con la propuesta se busca seguir apostando a la buena planificación general del departamento y al mismo tiempo brindar una alternativa para que se pueda desarrollar ordenada y planificadamente determinada transformación de un área específica del territorio, que si bien no fue anticipada es de interés departamental que se lleve adelante”, justifica el gobierno.
Otras de las modificaciones es que se establece de manera expresa la posibilidad de que la Dinot opere como coordinador ante diversos organismos en el intercambio interinstitucional con la finalidad de “prevenir conflictos o contradicciones”.
Aunque no supone una modificación en la categorización territorial, la nueva ley también clarifica quién es el "órgano competente” para realizar la “aprobación previa”. Establece en primer lugar a las intendencias en los casos de instrumentos departamentales e interdepartamentales y al Poder Ejecutivo o el MVOT en los instrumentos del ámbito nacional. A su vez, señala que cuando se pretenda un efecto cautelar –por ejemplo para detener una obra– el tema será sometido a consideración de la Junta Departamental.
Por último, se reinstaura la evaluación ambiental estratégica en los instrumentos del ámbito nacional, algo que había quedado sin vigencia tras la creación del Ministerio de Ambiente. “La existencia del MA, diferente al Inciso que lidera el proceso de elaboración del instrumento (MVOT), lleva a que se entienda oportuno que dichos instrumentos vuelvan a contar con tal aprobación”, considera el gobierno.
Recategorización en Tacuarembó
La Junta de Tacuarembó aprobó la semana pasada la recategorización del suelo donde se ubicará la planta que producirá metanol e hidrógeno verde en la localidad de Tambores.
La resolución, por la que el suelo pasó de considerarse rural a suburbano, señala que es de “interés” para la Intendencia de Tacuarembó el proyecto.
Pese a la aprobación, los ediles de Tacuarembó establecieron una serie de condiciones mínimas entre las que destacan que el proyecto no podrá interferir con “ninguna fuente de agua de uso y consumo de la población de la zona de influencia”, ni extraer “agua de los cursos naturales superficiales ni de reservorios subterráneos cerrados para suministro”.
Este último punto es particularmente relevante dado que los vecinos han denunciado que el proyecto pretende extraer agua del Acuífero Guaraní.
