El Poder Ejecutivo decidió seguir adelante con la compra de tres escáneres (dos fijos y uno móvil) para la Dirección Nacional de Aduanas pese a que la licitación fue observada por el Tribunal de Cuentas, según confirmó El Observador con fuentes del gobierno.
Durante todo el 2022, Aduanas realizó una licitación en la que tras varias idas y vueltas solo dos empresas (Sonda y S2 Global) llegaron hasta el final. El organismo se decantó por la segunda compañía, que había realizado una oferta por 10 años y un importe total de unos US$ 42 millones.
Sin embargo, el TCR observó el gasto por entender que en el proceso se habían registrado incumplimientos normativos. La mayoría compuesta por la presidenta del TCR y los ministros opositores entendieron que varias respuestas “vulneraron” el artículo 48 del Tocaf, que los recursos administrativos se resolvieron de forma “extemporánea” y que hubo exigencias “insuficientes” para evaluar a una de las empresas.
A pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió una nota pidiendo que se reconsideren las observaciones formuladas, el TCR las mantuvo (nuevamente 4 votos contra 3) en una sesión extraordinaria el 11 de enero.
El gobierno fundamenta la decisión señalando que hubo dos informes de la Asesoría Jurídica del TCR, que fueron desconocidos por la mayoría política del organismo de contralor.
“La decisión adoptada beneficia al país. El gobierno lleva adelante una lucha sin pausa contra el narcotráfico porque entiende que se trata de uno de los principales problemas de seguridad pública. Es prioritario contar con controles en puertos y pasos fronterizos, porque se trata de instrumentos que permiten identificar la mercadería en tránsito, la que sale y la que ingresa a nuestro país", dijo la ministra Azucena Arbeleche.
La jerarca agregó que los servicios jurídicos del MEF, al igual que los informes jurídicos del TCR, "coinciden en que la licitación es en todo ajustada a derecho y por lo tanto el Poder Ejecutivo decide continuar con el proceso de adjudicación".
"La mayoría del TCR votó en contra de la recomendación de sus propios servicios jurídicos, en una acción que va contra los intereses del país. Por la relevancia del paso dado, y la trascendencia que tiene para el país, solicitaremos ser recibidos por el Parlamento, para informar de primera mano a los legisladores sobre el referido proceso”, sentenció.
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