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Gobierno iraquí ejecuta a 36 miembros del Estado Islámico
Condenados participaron en una de las mayores matanzas de los yihadistas en Irak
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22 de agosto de 2016 a las 05:00
Irak ejecutó ayer a 36 condenados por una masacre en la que murieron cientos de soldados que habían sido secuestrados en una base ubicada cerca de Tikrit, al norte de Bagdag, en los primeros días de la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en junio de 2014.
Los ejecutados habían sido condenados por su participación en la masacre de Speicher, luego de un secuestro de 1.700 soldados, que fue reivindicado por el EI.
"La ejecución de 36 soldados por el crimen de Speicher fue llevada a cabo esta mañana en la prisión de Nasiriya", dijo un portavoz de la oficina del gobierno de Dhi-Qar, una provincia al sur de Irak y en la que se encuentra esta cárcel.
La ejecución fue aprobada por el presidente iraquí, Fuad Masum, quien debía dar obligatoriamente su visto bueno. Además, el gobernador de Dhi-Qar, Yahya al Naseri, y el ministro de Justicia, Haidar al Zamili, estuvieron presentes para observar las ejecuciones.
La elección de la provincia de Dhi-Qar para llevar a cabo el ahorcamiento no fue al azar, ya que se estima que 400 de los soldados que fueron asesinados por el EI en 2014 procedían de este territorio.
Asimismo, el hecho de que los familiares estuvieran presentes, también sugirió un aire más de venganza que de justicia. "Decenas de parientes han asistido a la ejecución; gritaban '¡Dios es el más grande!', estaban felices de ver a esos tipos muertos", dijo el portavoz del gobernador de Dhi-Qar.
La matanza
La masacre de 1.700 soldados iraquíes se produjo en los primeros días de una ofensiva lanzada por el EI, en junio de 2014, que les permitió tomar importantes ciudades de Irak.
Los yihadistas habían ejecutado a los soldados uno por uno, según las imágenes de propaganda que fueron difundidas por el EI. Algunos de los cuerpos fueron lanzados al río Tigris, que pasa por Trikit, mientras que otros fueron sepultados en fosas comunes.
Más de 500 cadáveres fueron exhumados de esas fosas comunes, desde que las tropas iraquíes le quitaran al EI el control de Tikrit a finales de marzo de 2015.
El EI considera a los chiitas como herejes. La mayoría de los soldados que fueron asesinados en 2014 era chiita, y una vez que se dio a conocer la matanza –que fue de las peores que perpetraron los yihadistas en Irak– se desencadenaron acciones de venganza de milicias chiitas hacia tribus sunitas, a las que acusaron de respaldar al El.
Debate por pena de muerte
Aunque la brutalidad de los yihadistas hace que muchos iraquíes respaldaran el castigo, distintas organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de garantías procesales.
Según Amnistía Internacional, que rechaza la pena de muerte, Irak ejecutó a más de 100 personas en este año. Esta cifra no tiene en cuenta los 36 ahorcamientos que se produjeron este domingo.
Además, luego de que murieran más de 300 personas en un ataque con bombas en Bagdad en julio, el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, dijo que quería que fueran más rápidas las ejecuciones de los condenados por casos de "terrorismo".
"Acelerar el ritmo de las ejecuciones no va a hacer que disminuya la injusticia", dijo a principios de agosto el Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Husein.
Son más de 3.000 los presos que fueron condenados a muerte y que esperan en las hacinadas prisiones del país árabe.
Destrucción cultural por ataques yihadistas
La Corte Penal Internacional (CPI) celebrará a partir de hoy lunes un proceso sin precedentes, en el que un presunto yihadista tiene previsto declararse culpable de crímenes de guerra por la destrucción de mausoleos clasificados como Patrimonio Mundial de la Humanidad en la ciudad malí de Tombuctú.
Los expertos esperan que este proceso envíe un mensaje fuerte contra la destrucción de bienes culturales, más aún cuando 55 enclaves están oficialmente "en peligro" en todo el mundo, como la ciudad histórica de Palmira en Siria.
La CPI, con sede en La Haya, acusa al tuareg Ahmad al Faqi al Mahdi de haber "dirigido ataques de manera intencionada" contra nueve mausoleos de Tombuctú y contra la puerta de la mezquita de Sidi Yahya entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012.
Este presunto yihadista malí sería la primera persona en reconocer su culpabilidad en la historia de la Corte y el primer acusado en responder por crímenes de guerra tras la destrucción de patrimonio cultural.
Las destrucciones se convirtieron en "una táctica de guerra para sembrar el miedo y el odio", había escrito recientemente la directora general de la Unesco, Irina Bokova, en la revista International Criminal Justice Today.
El objetivo de estos ataques es "hacer trizas el propio tejido de la sociedad", añadió Bokova, para quien es "esencial" que estos crímenes no queden impunes.
Borrar el pasado
Los observadores están decepcionados por la ausencia de otras acusaciones, especialmente las de agresiones sexuales cometidas durante el conflicto.
Este juicio podría establecer un precedente en el mundo, más aún cuando la lista de sitios en peligro no para de aumentar.
Una de las incorporaciones recientes fue la ciudad antigua de Palmira, parcialmente destruida y saqueada por los yihadistas que integran el grupo Estado Islámico (EI).
No obstante, ni Irak ni Siria firmaron el Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, por lo que el inicio de nuevas acciones judiciales no es tan evidente. Sin decisión de la ONU, ninguna investigación es posible.
Para el arqueólogo Christopher Jones, que catalogó decenas de ataques de este tipo del EI en su blog, los yihadistas no quieren únicamente eliminar una cultura.
"Con la destrucción de una mezquita chiita, borran un sistema alternativo de creencias", explicó Jones a la AFP. "Desconectan a los pueblos de los elementos que los unen" a sus ciudades, para que ya no tengan "ningún pasado".
