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“Hoja de ruta” de la educación propone aumento de promoción para 2025
Pocos minutos antes de que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ingresara al Parlamento con las voluminosas cajas que contenían la Rendición de Cuentas, su colega de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, hacía lo propio con un pequeño libro de 36 páginas.
Da Silveira le presentó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el Plan de Política Educativa Nacional 2025. Se trata de un documento que fija los principios generales y los objetivos que se trazaron las autoridades para este período, y que servirán como marco para la elaboración de políticas educativas.
Una “hoja de ruta”, como la describió el ministro, con “grandes orientaciones estratégicas” dentro de las que se inscriben metas más concretas y acciones diseñadas para alcanzarlas, que las autoridades prometen detallar en las próximas semanas.
En la práctica, se trata de cinco principios que deberán direccionar la política educativa nacional.
El primero es el “control ciudadano y la gestión responsable”. Según el documento, “un mejor funcionamiento de la educación uruguaya requiere una reforma de la gobernanza que fortalezca la lógica ciudadana, y un mejoramiento de la gestión que reduzca las trabas burocráticas y la disolución de las responsabilidades”.
Gran parte de estos objetivos, se afirma, están cumplidos a través de distintas disposiciones aprobadas en la ley de Urgente Consideración referidas al gobierno de la educación que, entre otros aspectos, suprimieron los consejos desconcentrados en favor de direcciones generales unipersonales.
Se plantea además la creación de nuevas direcciones ejecutivas en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), centradas en políticas educativas y de gestión institucional.
Las autoridades manejan como meta la creación, este año, de diez Centros María Espínola, ideados por esta administración como parte de la reforma de la Enseñanza Media. En 2022 está prevista una evaluación global de esta experiencia.
También se plantean nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes, y nueva carrera profesional.
El segundo principio general marca una “mejor coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos”.
Allí se pauta la ampliación de las comisiones departamentales de educación, a las que se incorporarán todos los actores públicos y privados involucrados en la vida educativa.
Con el objetivo de “fortalecer las capacidades de integración vertical” de todo el sistema habrá una reforma curricular integral desde la Educación Inicial hasta la Educación Media Superior, que incluirá una definición de competencias, perfiles de egreso y progresos de aprendizaje en todos niveles.
También un fortalecimiento del programa Trayectorias Educativas, adaptando la currícula a las diferentes realidades.
En números
La tercera línea de acción lleva por nombre “Más oportunidades para todos” y plantea metas concretas y tangibles de resultados educativos, más allá de los objetivos que habían sido definidos previamente por los diferentes subsistemas.
Entre ellos se propone tener al 85% de los niños de tres años asistiendo a un centro educativo al final de esta gestión.
También que el 93% de los niños de primer año de primaria en el sistema público cuenten con promoción para 2025 y que para ese fecha el 78% de los alumnos de las escuelas egresen a una edad oportuna.
Para combatir la deserción en el pasaje entre primaria y secundaria plantean poner en marcha propuestas curriculares combinadas, que actúen como “puente”.
La misma estrategia se pretende desplegar en el interciclo entre la educación media básica y la superior.
En materia de asistencia, se propone un “protocolo de acompañamiento” para que, al final de este período, el 80% de los niños de cuatro y cinco años hayan concurrido al menos 140 días a la escuela en el año.
Idéntico objetivo se traza con respecto al 95% de alumnos de primero a sexto de primaria, y que el 99,3% de ellos tenga promoción al final de la gestión. Otro objetivo es que el 83% de los alumnos de primaria pública no sean “extra edad”.
En Secundaria y según el plan, para 2025 el 95% de los estudiantes de primero a tercero deberá tener menos de 50 faltas al año, y el 85% deberá contar con promoción. El 77% deberá finalizar ese ciclo en la edad adecuada.
En concreto, se plantea que el 90% de los jóvenes de hasta 20 años tenga culminada la educación media básica al final de este período.
La cuarta línea de acción pasa por promover “aprendizajes de calidad con énfasis en los más vulnerables”.
Allí se propone consolidar la ampliación de los tiempos pedagógicos en los dos quintiles socioeconómicos más bajos de la población junto a la transformación curricular que considere sus “particularidades y necesidades específicas”.
En ese marco uno de los objetivos es asegurar la accesibilidad a los equipos y contenidos del Plan Ceibal. En primer lugar, se irá a “cuantificar la demanda”.
Aunque sin una meta concreta, se propone bajar al final del período el número de alumnos de esos quintiles en todos los niveles que no llegan al umbral mínimo de comprensión en lectura y matemáticas.
Para eso se tomarán como base los resultados del último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).
El último pilar lo conforman las líneas de acción pautadas para lograr “docentes mejor formados para una mejor educación”. Allí se plantean becas para los que opten por programas universitarios de formación a partir de 2023, tomando ese año como base para la puesta en práctica de nuevos programas terciarios con ese fin.
Este Plan de Política Nacional estaba previsto en la ley de Urgente Consideración, como una “obligación” a ser cumplida al inicio de cada período de gobierno. Como excepción debido a los plazos parlamentarios, se incluyó una disposición excepcional que habilitó la presentación del primer plan el 30 de junio de 2021.
En este documento las autoridades dejan claro que el contenido no sustituye las planificaciones estratégicas de los diversos organismos educativos. El objetivo es “explicitar un rumbo general que surge de la construcción de acuerdos propia de un gobierno democrático, en el marco de un estricto respeto a la autonomía y a las especificidades de cada institución”.
