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Incautan fusiles y ametralladoras en las cinco cárceles hondureñas más grandes
Autoridades hondureñas destruyeron el lunes cientos de armas, incluyendo fusiles, pistolas y revólveres, decomisados en los últimos quince días a pandilleros en cinco de las principales cárceles del país, tras la decisión del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, de entregar las prisiones a la órbita de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
En la sede de la PMOP, al sur de Tegucigalpa, efectivos militares destruyeron las armas en una máquina trituradora. También hicieron explotar 24 granadas y otros explosivos en agujeros en la tierra.
La PMOP dio una lista de lo decomisado: cerca de 40 fusiles AR-15, AK-47 y subametralladoras Uzi, 222 pistolas y revólveres, unos 240 cargadores, 23.860 proyectiles de diferentes calibres, sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, juegos de video y dinero en efectivo, entre cientos de otros objetos de tenencia prohibida en las cárceles.
El comandante de la PMOP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, dijo que es “un inicio de todo el proceso” para pacificar las cárceles, que durará todo el año. “La misión de la PMOP, siguiendo las órdenes de la presidenta Xiomara Castro, es desmontar estas escuelas del crimen”, dijo durante la ceremonia el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, hijo de la mandataria.
“Desde estos centros penales salían llamadas para extorsionar, secuestrar, asesinar gente, contratar sicarios”, denunció. Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, norte de Tegucigalpa, de acuerdo a la versión oficial, detenidas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la MS-13.
Las atacaron a tiros y prendieron fuego al centro con un saldo de 46 fallecidas. Castro ordenó que la PMOP tomara el “control de los centros penales del país”. Al iniciar el despliegue, el comandante Muñoz denunció que las armas fueron ingresadas a las prisiones por los pandilleros pagando sobornos a los custodios.
Lo hallado en el interior de las cárceles “es apenas el 10 % de lo que hay”, dijo Muñoz, quien recalcó que mientras él esté al frente de la PMOP, que intervino las 25 prisiones del país por instrucciones de la presidenta hondureña, los detenidos “no volverán a controlar las cárceles”. Además, indicó que se continuará en la búsqueda de más armas en las prisiones, y que si hubiera militares o miembros de otros cuerpos de seguridad en el tráfico de armas en las cárceles serán puestos a disposición para que sean investigados.
Agregó que en las cárceles ya no habrá “comodidades para nadie”. Los presos no tendrán comunicación telefónica, ni televisión, ni ingresarán mujeres a visitarlos.
El ministro de Defensa dijo que todos los corruptos, narcotraficantes y jefes de pandillas que controlaban las prisiones del país serán remitidos a la nueva cárcel de máxima seguridad que será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, situadas a 250 kilómetros de tierra firme.
El anuncio de construir una cárcel en las Islas del Cisne es rechazado por algunos sectores hondureños, principalmente ambientalistas, porque consideran que representará un grave daño ambiental, en una región en la que no hay agua potable y es un parque nacional.
En los últimos 20 años se registraron más de 1.000 muertos en las cárceles de Honduras, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos. La peor tragedia ocurrió en Comayagua, centro del país, donde en un incendio perecieron 362 personas en 2012.
