El juez penal Marcelo Souto citó a declarar en calidad de indagados a tres personas que trabajaban en Cambio Nelson, de modo de determinar si estos tuvieron participación en la creación de depósitos informales y su posterior desaparición. Además, declararán en calidad de testigos unas 11 personas que en los últimos días presentaron su denuncia ante el juzgado de Maldonado.
En total se estima en más de 20 las denuncias presentadas en la justicia de personas que recibieron cheques sin fondos firmados por el propietario del Cambio Nelson, Francisco Sanabria, o que perdieron los fondos que tenían allí depositados de manera informal.
La Justicia estima en US$ 10 millones la cantidad de depósitos que administraba el cambio. A pesar de que se realizaron unos 14 allanamientos entre locales de Cambio Nelson y propiedades de Sanabria, todavía no se pudo recuperar el dinero, por lo que los investigadores intentan determinar qué ocurrió con él.
El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, había dicho en la comisión de Hacienda del Senado que el cambio tenía 379 clientes con cuentas informales, y que sólo 22 de ellos concentraban más del 80% del total de los fondos, es decir unos US$ 8.5 millones. Hasta ahora el juez del caso ya citó a declarar a estos 22, muchos de los cuales no habían presentado ninguna denuncia ante la jefatura del Maldonado, pese a haber perdido grandes sumas de dinero.
Si bien en principio se estudia si se cometió un delito de estafa, los investigadores intentan determinar si hubo lavado de activos, lo que cambiaría la carátula de la investigación y lo haría pasar del juzgado de Maldonado a la Justicia del Crimen Organizado en Montevideo. Esto también habilitaría a pedir la captura internacional, ya que hasta el momento sólo recae un pedido de captura nacional.
Sanabria permanece prófugo desde el 23 de febrero cuando cerró de forma repentina el cambio que había heredado de su padre, el ex senador colorado, Wilson Sanabria. Al enterarse de esta situación, varios clientes comenzaron a presentar denuncias en la jefatura de policía de Maldonado, lo que sacó a la luz una maniobra mediante la cual se ofrecía el servicio financieros propios de una entidad bancaria, algo prohibido por la regulación del Banco Central.
