Representantes de la Cámara del Calzado le enviaron una carta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la que solicitaron que la cartera anule una licitación pública para la compra de 31.400 pares de botas destinadas para policías, por entender que las condiciones del pliego dejan sin posibilidades de competir a las empresas de la industria local, y favorecen a las firmas extranjeras que importan la mercadería.
La cartera ya había anulado la licitación para la compra de botas que debía realizarse en enero en respuesta a un anterior reclamo de la industria que denunciaba un trato desigual con las firmas extranjeras. Es que mientras que a las empresas uruguayas se le exigía que sus productos fueran certificados por el Latu, a las internacionales se les indicaba que debían hacerlo en cualquier laboratorio de origen. Según las firmas locales, eso abría la puerta para que las empresas se certifiquen a sí mismas con sus laboratorios internos.
Asimismo, reclamaban que las exigencias de diseño y de calidad eran distintas a las que la Cámara del Calzado había elaborado a requerimiento del Ministerio del Interior para una compra anterior..
En tanto, en aquel llamado la industria local también cuestionó que mientras que las empresas internacionales cobrarían con una carta de crédito en dólares abierta a la vista, las empresas lo harían mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) SIIF. Esto significa que mientras que los primeros pueden cobrar por adelantado el dinero de la licitación (cobrándoseles una tasa de interés por obtener el dinero anticipadamente), los locales recién pueden cobrar alrededor de 40 días después de ganar la licitación, señalaron fuentes del sector.
Finalmente, ante el reclamo de la industria, la cartera resolvió anular esa licitación y abrir un nuevo llamado, que se realizará este viernes. Sin embargo, uno de los cambios que trajo esta nueva licitación referido a la forma en la que se valora la velocidad con la que las empresas entregarían el producto causó más molestias entre los empresarios locales.
El nuevo pliego determinó que aquellas firmas que entreguen el producto en el plazo de 60 días obtengan un puntaje que representa el 30% del total de la evaluación. Debido a que la industria demoraría alrededor de 140 días en entregar toda la mercadería, los empresarios entienden que quedan prácticamente fuera de concurso. En cambio, las empresas internacionales sí podrían cumplir con entregar toda la mercadería en el menor tiempo posible.
Asimismo, desde la Cámara del Calzado aseguran que las especificaciones de calidad solicitadas para este nuevo pliego son aún inferiores a las del anterior.
“Dejamos expresado nuestro desconcierto y desazón en la consideración de una visión país tan poco coincidente; máxime en la coyuntura actual en la cual tanto necesitamos de empresas produciendo”, señaló la cámara empresarial en un comunicado con fecha del 26 de febrero. Los empresarios señalaron que hay “casi 100 puestos de trabajo en al menos ciento cincuenta días, en una cadena de valor de insumos que van desde la curtiembre hasta los servicios de logística, aportes e impuestos que se desvanecen prevaleciendo las condiciones para que todos esos recursos vayan orientados a destinos extranjeros”.
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