Archivo. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez

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Intendencia de Rocha pide a sus funcionarios que firmen documento de confidencialidad y exintendente salió al cruce

Desde la intendencia aseguraron que el acuerdo no dice nada que no se refiera al cumplimiento de normas legales y que solo replica el Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos (Tofup)
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16 de marzo de 2023 a las 17:39

La Intendencia de Rocha comenzó a pedirle a sus funcionarios que firmen un acuerdo de confidencialidad que, entre otras cosas, compromete a los trabajadores "a no divulgar y mantener estricta reserva de la información relativa a la Intendencia Departamental de Rocha, Municipio o Junta". 

El texto fue difundido por el exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra, en Twitter, quien criticó la "falta de transparencia" de la actual administración de la comuna.

En diálogo con El Observador, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, aseguró que el acuerdo "no dice nada que no se refiera al cumplimiento de normas legales" y que "solo replica" el Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos (Tofup). En su cuenta de Twitter, apuntó contra "los conspiranoicos".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Rocha, Héctor Pereira, dijo a El Observador que desconocía el documento.

"Al borde de la ilegalidad el intendente hace firmar a los funcionarios municipales un documento de confidencialidad para que no se divulgue ningún acto administrativo", escribió Pereyra en su cuenta de Twitter.

El exintendente se preguntó qué es lo que "el contribuyente no puede saber" y "cuál es la transparencia". "Mientras tanto los chats de Astesiano siguen", concluyó en su publicación

La explicación de la intendencia

El intendente Umpiérrez mencionó dos razones detrás del pedido de confidencialidad. 

Por un lado indicó que se hizo una consultoría con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y ésta "marcó la debilidad de la Intendencia de Rocha en el manejo de la privacidad de la información de terceros".

Por otro lado, en la comuna hicieron "una licitación de tercerización de gestión de adeudos". "Hay funcionarios que trabajan en común con la adjudicataria y queremos preservar la intimidad y datos de los contribuyentes deudores", explicó Umpiérrez a El Observador.

Además, en su cuenta de Twitter, le respondió al exintendente:

"Los conspiranoicos: consultoría de AGESIC informó sobre debilidad de manejo de info de contribuyentes y esto es para evitar lo que sucedía en el pasado. Segundo: se tercerizó gestión de morosos y hay funcionarios que trabajan allí y se debe preservar los datos. ¡Responsabilidad!", escribió.

"El texto remite al cumplimiento de leyes y no “se bordea ninguna ilegalidad” por lo tanto. Es más el Código Penal exige a funcionarios públicos denunciar delitos (art 177). La ley 19.121 del estatuto del funcionario público exige el secreto de toda info que no sea delito", sostuvo en otro tuit.

"Con esto superamos debilidades estructurales heredadas en perjuicio de ciudadanos y la administración observadas por AGESIC. Menos historietas hay que hacerse", concluyó.

Qué dice el documento

El acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, con fecha 15 de marzo de 2023, marca cuatro puntos.

Por un lado, el funcionario se compromete "a no divulgar y mantener estricta reserva de la información relativa a la Intendencia Departamental de Rocha, Municipio o Junta, que se confieran y/o reciban respecto a datos personales (ya sea de personas físicas o jurídicas), procesos, seguridad informática, infraestructura o con ocasión del trabajo" que cumple en la comuna o en una dependencia.

Al firmarlo, la persona toma "conocimiento de la obligación de no divulgación que comprenderá la información de cualquier naturaleza" sobre la que tenga conocimiento por su vinculación con la intendencia, "así como toda otra información que por el hecho de ser divulgada pueda provocar cualquier tipo de daño, perjuicio o desventaja para la mencionada institución".

Estas obligaciones "se mantendrán mientras dure el vínculo del funcionario con esta Intendencia y persistirán tres años después de cesada la relación funcional".

"En caso de incumplimiento de las obligaciones que se asumen en este documento" la comuna "queda plenamente facultada para adoptar medidas que por derecho correspondan".

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