Interior colaboraba con la DEA desde hacía dos meses contra Marset cuando le dio el pasaporte

Las comunicaciones, que se reproducen en una investigación reservada de más de 500 páginas realizada durante más de tres años por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay a la que accedió El Observador, dan cuenta del nivel de influencia y acceso que había conseguido Marset en las altas esferas de la política paraguaya. En un llamado incluso su interlocutor le mencionó la posibilidad de viajar a Uruguay porque allí supuestamente no estaba siendo investigado, aunque no estaba completamente seguro de ello.

De hecho, el narco de 31 años había estado bajo la mira de la Brigada Antidrogas desde hacía años. En 2021, la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas había enviado a la policía paraguaya un informe en el que se señalaba que desde el 13 de marzo de 2020 regía una requisitoria a nivel nacional para Marset que se había generado a partir de la ampliación de una investigación por tráfico de drogas. Sin embargo, la requisitoria fue dejada sin efecto el 16 de octubre de 2020 por resolución del juzgado penal especializado en Crimen Organizado de 1º Turno que encabeza Adriana Chamsarian.

De manera que pocos meses antes de octubre de 2021, la fecha en que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores tramitaron el documento de viaje de Marset, la policía uruguaya había colaborado con información con sus colegas paraguayos con dos datos relevantes: la solicitud de requisitoria descartada por Chamsarian y las sospechas de que Marset había estado detrás de un cargamento de 600 kilos de cocaína que había sido incautado en marzo de 2021. 

Más aún, según confirmó El Observador con fuentes policiales, para el momento en que recibió el pasaporte, el Ministerio del Interior estaba cooperando desde hacía dos meses a través de la DEA con la Secretaría Antidrogas de Paraguay en la investigación que tenía a Marset como el cabecilla de una organización criminal trasnacional y cuyo resultado derivó en “A Ultranza Py”, la mayor operación contra el tráfico de drogas y lavado de activos de la historia de Paraguay. 

El pasaporte uruguayo: un plan expeditivo de salida 

El 30 de setiembre de 2021 sonó el teléfono celular de Miguel Ángel Insfran Galeano alias Tío Rico, líder de un clan familiar. A más de 13 mil kilómetros estaba su socio. “¿Qué tal mi brother?”, lo saludó Marset desde una prisión en Dubái, según la transcripción textual que figura en el informe de inteligencia paraguayo.

La conversación con Tío Rico y en las varias llamadas que tuvo en esos días con José Estigarribia, que actuaba como testaferro y administrador, Marset señaló su desesperación por resolver su situación antes de ser deportado, una medida que quería evitar a toda costa y que sucedería el 10 de diciembre, cuando se cumplieran los tres meses de su detención.

Su estrategia era argumentar ante la justicia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que había sido víctima de una “estafa” y que el “gestor” que le había tramitado el pasaporte paraguayo, que correspondía a otra persona, le había mentido. Quien tramitó ese documento fue el empresario Mauricio Shwartzman, que fue asesinado por sicarios el 12 de setiembre de 2021, dos días después de la detención de Marset. 

Para ello había recurrido a toda la institucionalidad paraguaya empezando por el embajador ante EAU, Ángel Barchini. El plan de Tío Rico y Marset era que el diplomático paraguayo intercediera ante las autoridades judiciales emiratíes para decir que el pasaporte era “original” o bien que había sido emitido en Paraguay y que la responsabilidad era del gestor o de Migraciones. “Vamos a ver si diplomáticamente él puede pedir al fiscal a ver qué dice, no está mal ir a hablar”, le dijo Insfran en un momento de esa charla. Marset respondió: “Si él dice eso y dice que me quiere ayudar diciendo eso, él ya me puede dar un permiso para circular para poder tramitar el otro pasaporte, el de Uruguay”. 

Obtener el documento uruguayo era la vía de salida más rápida y fácil para Marset. Así se lo había dicho su abogado emiratí. Y por eso el narco y su esposa uruguaya, Giannina García Troche, se pusieron en contacto con el abogado Alejandro Balbi en setiembre a los efectos de que iniciara el trámite. 

Balbi hizo las averiguaciones en el Ministerio del Interior en donde le dijeron que Marset no tenía causas penales abiertas desde noviembre de 2020 ni estaba requerido, por lo que legalmente estaba habilitado a recibir el documento según la normativa vigente. Lo que ignoraban quienes hicieron esa búsqueda es que en la Brigada Antidrogas ya cooperaba de forma reservada en una investigación internacional que tenía al uruguayo como uno de los centros de atención.

La Policía Científica expidió el certificado de buena conducta y a través de la cancillería le solicitaron a la cónsul en EAU, Fiorella Prado, que fuera a tomarle las huellas dactilares y la foto correspondiente. Los insumos viajaron a Montevideo y el pasaporte se imprimió el 25 de noviembre.

El trámite usual es que el documento viajara a través de valija diplomática pero en cancillería le informaron a Balbi que eso ocurriría al mes siguiente, lo cual atentaba contra los tiempos que manejaba Marset. Esperar a la valija significaba ser deportado de EAU a Francia (su último destino), Paraguay (su destino de origen) o Uruguay (su país natal) y no poder volver a ingresar en el estado árabe por un año. De manera que el narco firmó una autorización que habilitaba a que otra persona levantara su pasaporte por la cancillería. Un integrante del estudio de abogados de Balbi lo hizo y se lo entregó a un familiar de Marset, quien había viajado especialmente desde Dubái para retirar la libreta azul.

En la policía, que le dieron el pasaporte, señalan sorpresa por la velocidad con la que salió este trámite.

La forma en que obtuvo el pasaporte fue reconstruida por El Observador a partir de las interceptaciones telefónicas y la consulta a fuentes policiales, de la cancillería y del estudio jurídico que intervino.

Tras el caso, el gobierno prepara un nuevo decreto, que impedirá otorgar el pasaporte a quienes estén detenidos en el extranjero. A su vez, impondrá una serie de obligaciones que formaban parte de un decreto de 1993 y que fueron derogados por un decreto del gobierno de José Mujica en 2014.

“El decreto permitió que, actuando conforme al marco legal, el ciudadano uruguayo Marset adquiriera la libertad", afirmó este viernes en rueda de prensa el canciller Francisco Bustillo.

Hablar con “Marito o Cartes”

Marset había sido detenido en Dubái el 10 de setiembre de 2021. Su plan era viajar a Grecia pero no lo dejaron por “no tener residencia”, según le contó a José Estigarribia tres días después de su detención. En los mostradores de Emirates discutió con el personal de la compañía en el momento que revisaban su pasaporte y eso los hizo sospechar, según dijo, por lo que mandaron a analizar los documentos.

En su desesperada búsqueda por encontrar una solución, Marset acudió a su socio Insfran y a su testaferro Estigarribia para que movieran sus contactos de peso en Asunción. En una llamada, el narco uruguayo le dijo a Estigarribia que si era necesario hablar con “Marito o con Cartes” que lo hiciera porque “después sin problema va a poder pagar el favor”. Marito es el apodo del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y en la comunicación no queda claro si se refiere al expresidente Horacio Cartes o a su tío, Juan Domingo Viveros Cartes, a quien conoce porque en 2013 fueron procesados tras intentar realizar una operación de narcotráfico conjunta en Uruguay. 

Marset también pedía que le consiguieran el mejor abogado. El 19 de setiembre, Estigarribia le informó a Marset que el abogado con el que había hablado era Jorge Kronawetter, extitular de la Dirección General de Migraciones en Paraguay. En la conversación del 30 de setiembre con Tío Rico, este también le dijo que había activado un contacto que había estado “mucho tiempo” en la Dirección de Migraciones de Paraguay que los podría ayudar.

Kronawetter, quien se jactaba de tener contactos en el Ministerio del Interior, propuso mandar una nota a esa institución diciendo que Marset había sido víctima de uno de los “grupos extorsivos de pasaportes que hay en Paraguay”. 

Pero lo más relevante que Kronawetter le dijo a Estigarribia es que lo conocía bien a Marset porque él mismo lo había investigado en el pasado y que sabía que tenía relación con un una carga de drogas que había sido decomisada hacía poco. La información que el exfuncionario manejaba era de mucha valía para Marset, a juicio de Esitgarribia, por lo que le solicitó que fuera su abogado. Kronawetter dijo que estaba dispuesto y que incluso podría brindarles “informaciones clasificadas” que tenía “a mano”, aunque advirtió que hacer esa jugada ahora tenía sus riesgos porque Marset estaba bajo la lupa. Sin embargo, el joven uruguayo pidió que se activara el plan. 

Marset y Estigarribia volvieron a hablar el 23 de setiembre. En esa ocasión, el testaferro le comunicó que Kronawetter recomendaba que no era momento de hacer algo porque Marset estaba siendo investigado por el Ministerio del Interior. El narco insistió en que quería una solución antes que saliera la deportación y pidió que hablara con alguien “con mucho poder”. Estigarribia le dijo que se había comunicado con un allegado del vicepresidente Velázquez -quien renunció este viernes en medio de acusaciones de corrupción- y que el dos del gobierno había comentado que en ese momento nadie podría ayudarlo. 

Seis días después, Estigarribia volvió a reportarle a Marset una conversación con Kronawetter en la que el abogado le informaba que el Comando Tripartito lo estaba investigando, que le aconsejaba que regresara a Uruguay y no a Paraguay, y repitió que podría “proporcionarle información” ya que era un asesor del Estado y trabajaba con varias personas.

La información de Kronawetter era buena: el 23 de febrero de 2022 la fiscalía paraguaya libró una orden de detención para Marset en el marco del operativo “A Ultranza Py”. Para ese entonces Marset ya había salido de prisión usando un pasaporte uruguayo.

En la actualidad el narco tiene una orden de detención internacional y se desconoce su paradero.