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Interior le prohibió el acceso a las cárceles a la organización Nada crece a la sombra, que pidió explicaciones
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) le informó a Nada crece a la sombra que no le autorizará el ingreso a las cárceles hasta tanto tenga un convenio o acuerdo firmado con el Ministerio del Interior, según dio a conocer la organización mediante un comunicado. Nada crece a la sombra, liderada por la comunicadora Denisse Legrand, asegura que tiene dos convenios en ejecución y que los intentos de comunicación con las autoridades tras esta disposición, fueron “infructuosos”.
En tanto, el INR “elevará una propuesta de protocolo que establezca en forma objetiva el proceso de presentación, estudio, aprobación, seguimiento y evaluación de todas las organizaciones o terceros que presenten proyectos de intervenciones socioeducativas, adicciones, instituciones religiosas, de trabajo, educación”, añade en su carta, firmada por su director, Luis Mendoza.
Nada crece a la sombra respondió con un comunicado en el que explica que tiene un convenio en ejecución con la Presidencia para hacer talleres educativos en cárceles, por el que fueron transferidos $ 3.620.000 pesos el 23 de abril de 2021, “que permanecen pendientes de ejecución a la espera de que el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones que asumió en el convenio”.
El otro convenio al que hace referencia es el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, firmado el 13 de julio de 2021, “que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad en el país”. “Cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay. Es uno de los 12 puntos del ‘Plan Dignidad’ en que plantean que es la ‘primera vez en la historia’ y es ‘a partir de este acuerdo’ que se brinda este derecho a las mujeres que están presas”, apunta.
Además, la organización considera que la cartera “omite y viola los convenios existentes” porque a raíz de los “convenios firmados tiene como obligación permitir el ingreso a las unidades penitenciarias”. “También supone una irresponsabilidad respecto a la transferencia de fondos públicos que fueron destinados para llevar adelante un trabajo que ahora se quiere impedir hacer. A su vez, esta decisión vulnera nuestro derecho al trabajo”, expone.
El escrito añade que “esto afecta una política penitenciaria de rehabilitación y se vulnera los derechos de las personas privadas de libertad. Se coarta el desarrollo del proceso educativo que llevamos adelante en el módulo 3 del Comcar, módulo en que la mitad de las personas duermen en el piso, que este año concentra la mayor cantidad de homicidios del sistema carcelario y que no tiene propuestas similares que suplan nuestro trabajo”.
Nada crece a la sombra pidió indicaciones sobre, “cómo la resolución adoptada recae” sobre la organización “si plantean que es para organizaciones ‘que no poseen convenios o acuerdos’”; sobre cómo se cumplirá con los convenios mencionados, si se prohíbe el ingreso, y cómo será la ejecución de los $ 3.620.000 que fueron transferidos por Presidencia.
Añade: “Cómo será la ejecución del Plan de Salud Sexual Reproductiva que fue puesto en pausa preventivamente por las medidas adoptadas por el gobierno a raíz de la pandemia (por covid-19) y hace meses que solicitamos que se retome sin recibir respuesta para poder brindar la atención ginecológica pendiente en once cárceles del país”.
