La Justicia resolvió el reexamen del caso por el que se indagaba por estafa a la firma De Baeremaecker y Perera y que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez había archivado en setiembre, confirmaron a El Observador fuentes del caso.
Ahora, ante un pedido de los denunciantes, el juez penal de 41° Turno, Huberto Álvarez, decidió aceptar el pedido de revisión por lo que otro fiscal tendrá que analizar las pruebas para decidir si amerita imputar a alguien o confirma el archivo, informó Montevideo Portal.
La fiscalía había decidido archivar la causa por la que investigaba si existió lavado de activos y estafa por parte de los dueños de la corredora. En ese caso fue condenada una empleada por hacer la denominada calesita con el dinero de los clientes, por los cargos de estafa y apropiación indebida. Sin embargo, la fiscalía tenía que determinar si existía lavado de activos en la maniobra y si estaban implicados los dueños de la empresa y un cambio en el que se realizaban las transferencias.
Para el fiscal Gilberto Rodríguez, no había evidencias de que De Baeremaecker y Perera y el cambio hayan cometido delitos o que supieran de las maniobras de la empleada. Sin embargo, destacó que su archivo es "sin perjuicio de las acciones civiles que les pudieran corresponder iniciar en contra de la firma por hecho del dependiente".
En consecuencia, todos los abogados de las víctimas que denunciaron a la firma solicitaron a la sede judicial el reexamen del caso por otro parte de otro fiscal. Será la fiscal de Delitos Complejos Silvia Porteiro la encargada de reexaminar las pruebas.
Uno de los abogados denunciantes, Jorge Barrera dijo a Montevideo Portal que “existen elementos fácticos con relevancia penal en la participación del señor Perera”. “De hecho, en el archivo la Fiscalía manifiesta que quedó comprobado que lo denunciado era certero en cuanto a que los fondos ingresaron a Durán Perera y nunca salieron por voluntad de mi clienta”.
A fines de 2021, varios clientes de la corredora Baeremaecker & Perera presentaron una denuncia por estafa, por un monto que va entre los US$ 3 millones y los US$ 10 millones. Por su parte, la compañía responsabilizó por las maniobras a una "empleada infiel", a la que acusó de haberse llevado el dinero de los ahorristas en "beneficio propio".
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