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Justicia permite viajar al exterior a excónsul imputado por caso Astesiano que tenía cierre de fronteras
La Justicia autorizó al diplomático Gustavo Piegas a viajar al exterior por motivos laborales, dijeron fuentes judiciales y de la Cancillería a El Observador. Piegas, quien se desempeña en la embajada uruguaya en Washington D.C, fue imputado por el caso Astesiano por su trabajo cuando era cónsul uruguayo en Rusia, entre 2019 y 2022.
La imputación tuvo lugar el pasado 7 de marzo y fue a pedido del fiscal Fernando Romano, que suplió a la fiscal Gabriela Fossati la primera vez que ella pidió licencia por estrés.
Piegas intervino en 104 trámites, algunos de ellos irregulares, por lo que colaboró con "algunas decenas" de rusos para acceder al pasaporte uruguayo. Se le tipificaron reiterados delitos de suposición de estado civil.
La Justicia había dispuesto en febrero el cierre de fronteras para el diplomático. Sin embargo, ahora vuelve a tener la posibilidad de salir del país.
Se trata del segundo diplomático imputado por esta causa. Stefano Di Conza, cónsul en Moscú entre 2013 y 2018, fue imputado por 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil.
Di Conza quedó libre luego de pagar una fianza de US$ 25 mil dólares. Tiene prohibido salir del país y comunicarse con varios funcionarios del consulado y la embajada. Además, está obligado a fijar domicilio y presentarse en seccional una vez por semana.
Las críticas de Fiscalía a Cancillería
La audiencia en la que se discutió la aplicación de medidas cautelares para el excónsul uruguayo en Rusia, Stéfano Di Conza, en febrero de este año, derivó en un debate de fondo sobre el rol de estos diplomáticos en la adulteración de pasaportes.
Mientras que el abogado de Di Conza, Florencio Macedo, se amparó en la posición de Cancillería de que el funcionario, al no conocer el idioma, confió en otros empleados, quien era entonces la fiscal del caso, Gabriela Fossati dijo que entendía que los cónsules eran los últimos responsables y que la explicación no está alineada con la ley.
Los "informes ratificados por el propio ministro (Francisco) Bustillo lo único que hicieron fue ratificar cada una de los hechos que el señor (Stéfano) Di Conza desde un inicio le explicó a la Fiscalía. Y la Fiscalía no le creyó, creyéndole a (Alexey) Slivaev, (Roman) Karpov y Álvaro Fernández", criticó Macedo ante el juez Alejandro Asteggiante en una audiencia que presenció El Observador.
Recordó también que desde Cancillería manifestaron a Fiscalía que los cónsules "depositan su confianza en el personal local formado y contratado" cuando no conocen el idioma del país en el que están cumpliendo funciones.
Esto último abona la teoría de que Di Conza no tenía por qué entender lo que estaba firmando, aunque sí debió haberse asesorado debidamente con la traductora que lo asistía en el consulado.
Pero la fiscal Fossati no cree que eso sea cierto. "Es absolutamente inentendible y no puede ser recibida ninguna pretensión de que ellos solo firmaban lo que otro les decía. Ese era su trabajo", complementó.
"En el juicio precisamente se va a tener que dilucidar si tiene razón el Ministerio de Relaciones Exteriores o si está dando respuestas que lo colocan en una posición más favorable", insistió.
Para la Fiscalía es claro que la versión correcta de los hechos es aquella que señalan desde la DNIC, que apunta a que el consulado era el responsable de la expedición de los pasaportes. "Parecería increíble tratar de sostener de que no sabían que esa norma existía (...) Creo que ningún sistema se puede sostener con estas alegaciones", valoró.
Y continuó recordando que Cancillería "en un primer momento dijo que estaba todo correcto", pero que luego ordenó "investigaciones administrativas" que todavía no culminaron.
"La primera posición del ministerio luego fue modificada. Si logramos llegar a la conclusión de que es una mala praxis extendida y que puede haber responsabilidad penal extendida, lo que están tratando (desde Cancillería) es de minimizarlo. Eso es natural, es obvio y es entendible", dijo y calificó a la primera decisión de MRREE de no comenzar investigaciones administrativas como "irrisoria".
Para Fossati, la Fiscalía debía continuar en esa línea de investigación de cara a un eventual juicio. "Se tratará de justificar porque se entiende que es absolutamente inexcusable la explicación que pretenden darnos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la ley, insisto, es clara", repitió.
