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Justicia procesó a dominicano por secuestro de empresario
La situación judicial del otro dominicano y un menor se resuelve este sábado
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13 de junio de 2015 a las 05:00
La jueza Julia Staricco procesó ayer con prisión a uno de los dos dominicanos que el jueves secuestraron a un empresario en Montevideo.
Sobre el otro, la magistrada decidirá esta mañana, confirmó a El Observador, Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia. La situación judicial del menor detenido por la policía también será decidida mañana por el juez competente.
Para el procesamiento, Staricco entendió que se configuró el delito de secuestro.
El secuestro se concretó el jueves, cuando delincuentes armados interceptaron en la vereda a un empresario en la calle San Martín y Felipe Contucci, en el momento en que llegaba a su empresa metalúrgica. Le dispararon en un brazo, a la fuerza lo metieron en un vehículo y lograron trasladarlo hasta el barrio Marconi.
Mientras ocurría el secuestro, la llamada de un vecino al 911 advirtió a la Policía de lo que estaba ocurriendo. De inmediato, las unidades tácticas y de respuesta rápida iniciaron un operativo. Al llegar a Marconi, los uniformados fueron atacados con piedras y se requirió el apoyo de la Guardia Republicana.
El operativo terminó con la detención de dos delincuentes que ni siquiera llegaron a pedir rescate por la liberación del empresario que tiene 50 años de edad. Cuando llegó la Policía el hombre estaba atado a un silla en una casa precaria.
A través de un comunicado el Ministerio de Interior informó que los detenidos eran dos ciudadanos dominicanos y un uruguayo menor de edad. Uno de los detenidos es empleado de la empresa del hombre que secuestraron. Según supo El Observador se busca a otras dos personas que pueden estar vinculadas con este hecho.
Los secuestros registrados en los últimos meses –algunos de los cuales involucraron a personas comunes y otros que fueron mantenidos en reserva por la Policía cuando se trató de integrantes de bandas delictivas o sus familias– llevó a los senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, a convocar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Sin embargo, según supo El Observador a través de fuentes ministeriales, Bonomi está actualmente en Brasil y apenas regrese al país partirá a Rusia por temas vinculados a la seguridad. Se estimó que su presencia en el Parlamento se dará en el mes de julio.
El tema preocupa a las autoridades de la Policía, que desde hace un tiempo se prepara para enfrentar esta modalidad delictiva, más desarrollada en otros países. Para eso capacitó a parte de su personal en negociación y tácticas antisecuestro.
El director nacional de Policía, Julio Guarteche, había informado hace meses en el Parlamento acerca de su convicción sobre que este tipo de delitos iba a llegar al país pero indicó que no sabía cuándo. En otros países, y también en Uruguay, los secuestros involucraron primero a delincuentes y luego las víctimas pasaron a ser ciudadanos comunes.
Fuentes oficiales dijeron a El Observador que se está ante una realidad delictiva mucho más compleja de lo que se conoce a través de los medios y en la que grupos organizados –con participación e incluso liderazgo de personas de clases media sin antecedentes penales– se dedican a actividades delictivas que pasan por el tráfico de drogas y la rapiña, al asesinato por encargo y el secuestro.
Los secuestros recientes se suman a casos que también impactaron en la opinión pública, algunos de los cuales aún están sin resolver.
Uno de ellos es el asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez ocurrido en diciembre último en el balneario Valizas (Rocha). La Policía tiene ADN de sangre encontrada en la mochila de esta jóven. Declaron ante la Justicia varias personas pero todos fueron liberados.
Tampoco hay pistas claras en la desaparición de la médica ginecóloga Milvana Salomone, a quien se vio por última vez el 17 de mayo cuando venía desde Florida hacia Montevideo.
Sobre el otro, la magistrada decidirá esta mañana, confirmó a El Observador, Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia. La situación judicial del menor detenido por la policía también será decidida mañana por el juez competente.
Para el procesamiento, Staricco entendió que se configuró el delito de secuestro.
El secuestro se concretó el jueves, cuando delincuentes armados interceptaron en la vereda a un empresario en la calle San Martín y Felipe Contucci, en el momento en que llegaba a su empresa metalúrgica. Le dispararon en un brazo, a la fuerza lo metieron en un vehículo y lograron trasladarlo hasta el barrio Marconi.
Mientras ocurría el secuestro, la llamada de un vecino al 911 advirtió a la Policía de lo que estaba ocurriendo. De inmediato, las unidades tácticas y de respuesta rápida iniciaron un operativo. Al llegar a Marconi, los uniformados fueron atacados con piedras y se requirió el apoyo de la Guardia Republicana.
El operativo terminó con la detención de dos delincuentes que ni siquiera llegaron a pedir rescate por la liberación del empresario que tiene 50 años de edad. Cuando llegó la Policía el hombre estaba atado a un silla en una casa precaria.
A través de un comunicado el Ministerio de Interior informó que los detenidos eran dos ciudadanos dominicanos y un uruguayo menor de edad. Uno de los detenidos es empleado de la empresa del hombre que secuestraron. Según supo El Observador se busca a otras dos personas que pueden estar vinculadas con este hecho.
Los secuestros registrados en los últimos meses –algunos de los cuales involucraron a personas comunes y otros que fueron mantenidos en reserva por la Policía cuando se trató de integrantes de bandas delictivas o sus familias– llevó a los senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, a convocar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Sin embargo, según supo El Observador a través de fuentes ministeriales, Bonomi está actualmente en Brasil y apenas regrese al país partirá a Rusia por temas vinculados a la seguridad. Se estimó que su presencia en el Parlamento se dará en el mes de julio.
El tema preocupa a las autoridades de la Policía, que desde hace un tiempo se prepara para enfrentar esta modalidad delictiva, más desarrollada en otros países. Para eso capacitó a parte de su personal en negociación y tácticas antisecuestro.
El director nacional de Policía, Julio Guarteche, había informado hace meses en el Parlamento acerca de su convicción sobre que este tipo de delitos iba a llegar al país pero indicó que no sabía cuándo. En otros países, y también en Uruguay, los secuestros involucraron primero a delincuentes y luego las víctimas pasaron a ser ciudadanos comunes.
Fuentes oficiales dijeron a El Observador que se está ante una realidad delictiva mucho más compleja de lo que se conoce a través de los medios y en la que grupos organizados –con participación e incluso liderazgo de personas de clases media sin antecedentes penales– se dedican a actividades delictivas que pasan por el tráfico de drogas y la rapiña, al asesinato por encargo y el secuestro.
Los secuestros recientes se suman a casos que también impactaron en la opinión pública, algunos de los cuales aún están sin resolver.
Uno de ellos es el asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez ocurrido en diciembre último en el balneario Valizas (Rocha). La Policía tiene ADN de sangre encontrada en la mochila de esta jóven. Declaron ante la Justicia varias personas pero todos fueron liberados.
Tampoco hay pistas claras en la desaparición de la médica ginecóloga Milvana Salomone, a quien se vio por última vez el 17 de mayo cuando venía desde Florida hacia Montevideo.
