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Jutep analizará actuación de jerarca de la IMM ante posible conflicto de intereses

Sergio Michelena integraba la empresa Grinor, que gestiona el 25% de las obras municipales en Montevideo
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13 de agosto de 2018 a las 09:52

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tendrá bajo la lupa a Sergio Michelena, director de Viabilidad de la intendencia de Montevideo (IMM), por un presunto conflicto de intereses con la empresa Grinor, vinculada al jerarca y que asume aproximadamente el 25% de las obras de Montevideo.

El diputado nacionalista Martín Lema anunció que solicitará este lunes en la cámara de Diputados que la Jutep tome cartas en el asunto, dado que, según el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), los empleados públicos no pueden tener vínculos comerciales con las empresas que trabajan para el Estado.

"Una vez que el Partido Nacional concrete la denuncia, nosotros investigaremos el tema. Lo primero es pedir informes a la intendencia para que presente la documentación que corresponde. Llevará tiempo, es un caso complejo", aseguró a El Observador Daniel Borrelli, vicepresidente de la Jutep. Según detalló, la junta tiene previsto abordar esta semana el conflicto de la AUF, y por lo tanto, el caso Michelena se estudiará recién en setiembre.

En tanto, Michelena dijo que él mismo se presentó ante la junta anticorrupción para que trate el caso. "La semana pasada presenté ante la Jutep un pedido para que se analizara el caso y se me dijera si había inconveniencia de mi participación en la Intendencia. Me voy a someter a lo que la Jutep diga", expresó a Montevideo Portal.

El director de Vialidad de la IMM dijo a ese medio desconocer el registro que le permitía cobrar cheques de la empresa Grinor, y remarcó que "es probable que ese registro no haya sido actualizado".

"Fui socio fundador de la empresa hasta que en el 2014 comenzó un proceso de venta que terminó en enero 2015 y me desvinculé de la empresa. Esa desvinculación no se da en un día, sino que es parte de un proceso", dijo, y remarcó que si estuviera habilitado a cobrar cheques sería "apropiación indebida". "No tengo ningún vínculo con la empresa", agregó.

El conflicto

El diario El País informó este sábado que Michelena "está habilitado y autorizado para reclamar cheques" de la empresa Grinor, según se indica en el registro interno del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), con fecha 2018. Concretamente, el director de Viabilidad es una de las ocho personas que Grinor autoriza a cobrar los trabajos realizados por la firma. Pero esto fue negado por la empresa.

La compañía comunicó este domingo que el jerarca "no es accionista ni director de la empresa" desde enero 2015. Luego de esa fecha, dijo, el único vínculo que se mantuvo es el de asesor, que finalizó en setiembre de 2016. "Los poderes que le habían sido otorgados a Michelena en su época de director para actuar en bancos, en firma conjunta con otros directores, también fueron revocados por documento del 5 de junio de 2015", apunta Grinor en el comunicado.

Lea también: Martínez acusó a ADEOM de mentir y propone rever instancias de diálogo

Asimismo, según publicó El País, el jerarca está vinculado a una segunda firma que trabaja para la Intendencia: Abarca. Michelena es accionista de esa compañía que también asume contratos con la comuna.

La Asocación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) viene denunciando el conflicto de intereses desde 2016 e, incluso, el caso fue trasladado al despacho de intendente Daniel Martínez, pero, según el sindicato, el jerarca optó por no investigar el conflicto.

Valeria Ripoll, secretaría general de Adeom, denunció el mes pasado ante los medios que Michelena "está directamente vinculado a una empresa privada que tiene prácticamente el monopolio de la vialidad y de todas las obras del Fondo Capital y era su gerente hasta antes de ser el director de Vialidad y se está contratando cada vez más a esta empresa".

La IMM comunicó por escrito que dicha afirmación es "absolutamente falsa". "La acusación de Ripoll expresa un llamativo desconocimiento de la función pública y de los procesos de licitación y un grave cuestionamiento a las decenas de funcionarios de esta Administración que intervienen en el proceso de compras y son controlados en su legalidad por el Tribunal de Cuentas", expresa el comunicado municipal.

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