La Corte Suprema panameña estudia el polémico contrato con una minera canadiense

Los nueve magistrados del máximo tribunal acordaron trabajar en "sesión permanente" hasta emitir un fallo que podría resultar en el cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Así lo informó este lunes el poder judicial por la red X, antes Twitter, afirmando que la Corte "inicia sesión permanente, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, para analizar las demandas de inconstitucionalidad" del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense.

En las inmediaciones de la Corte hay cotidianas manifestaciones en demanda de un fallo que declare inconstitucional el contrato, como continuidad de las protestas que estallaron el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a First Quantum operar por 40 años la mina situada en el Caribe panameño.

Desde entonces, hay cortes de rutas que afectaron a casi todos los sectores productivos y ocasionaron millonarias pérdidas, según los gremios empresariales.

Las demandas por inconstitucionalidad del contrato fueron presentadas por una decena de organizaciones y particulares y deberán ser resueltas por la Corte Suprema, presidida por la magistrada María Eugenia López, quien debió sortear cuestionamientos previos a su designación por supuesta falta de ética y por haber colaborado en la persecución judicial del ex presidente Ricardo Martinelli. El tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo.

Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y que la mina es ambientalmente sostenible.

En un intento de acallar las protestas, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria total de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.

Eso satisfizo a los ambientalistas, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos exigiendo que la ley del contrato sea derogada.

El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta el 5% del Producto Bruto Interno e incluye aportes anuales al Estado por un mínimo de US$ 375 millones, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997.

(Con información de AFP)