Ojeda calificó a la demanda como "histórica" por la cantidad de víctimas y el monto de la estafa y afirmó que incluso desde Ferrere se creó un software especial para que los damnificados ingresarán sus denuncias.
Del otro lado del mostrador está Wenance. Según supo El Observador la fintech ya contrató a un estudio de abogados en Uruguay para su defensa, se trata de la firma Jorge Barrera y Asociados.
La estrategia de la defensa
El abogado especializado en derecho penal Juan Antonio Rodríguez confirmó a El Observador que en su denuncia no pidió el bloqueo de las cuentas de Wenance al Banco Central del Uruguay (BCU) porque eso haría que la fintech no pudiera cobrar el dinero que depositan los tomadores de crédito, pero sí solicitó que no se les permita retirar dinero de sus cuentas.
"La idea es proteger el patrimonio que aún está pendiente de cobro", dijo Rodríguez.
Según supo El Observador esto contribuye también a la estrategia de la defensa de la fintech para lograr un acuerdo con los acreedores. La intención por parte de Wenance de presentar un acuerdo reparatorio ya se comunicó en las últimas horas a los inversores que denunciaron.
Esta "salida decorosa" se haría a través de una figura legal conocida como Acuerdo Privado de Reorganización (APR).
Para que la fintech pueda ofrecer un APR se debe recolectar la mayor cantidad de dinero de los créditos otorgados que están circulando.
Además, otro de los requisitos es que, al menos, el 75% de los acreedores estén de acuerdo con lo propuesto.
Esta herramienta sería el camino para que los inversores puedan recuperar en parte el dinero que volcaron en la fintech. El trabajo sobre la formulación de la propuesta llevará no menos de 10 días.
Actualmente son tres las denuncias presentadas contra Wenance, dos en Fiscalía de Flagrancia y una en Delitos Económicos. Es posible que en los próximos días todas se unifiquen en Delitos Económicos.
A su vez, los distintos abogados que hoy representan a los damnificados posiblemente deban ponerse de acuerdo para que el APR pueda ser presentado ante el juzgado penal y con eso extinguir el delito a través de un acuerdo reparatorio.
El caso
Según la denuncia presentada por el estudio Ferrere y los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada los 300 inversores alegan que le entregaron dinero a cambio de que Wenance cediera a cada uno parte de la cartera de microcréditos que ellos captan a través de Welp, su marca que otorga préstamos personales.
En base a su modelo de negocios la rentabilidad de los inversores está atada estrictamente a la cobranza de esa cartera cedida. El riesgo de la inversión es la eventual insolvencia o morosidad de la cartera adquirida. Se presume que este riesgo es bastante estable y desde la fintech aseguraban a los inversores que la morosidad se ubicaba entre el 8% y el 10% por lo que la consideraban una inversión segura.
Sin embargo, el 24 de julio Wenance comunicó a sus inversores que no les pagaría. El mensaje fue: “Nos vemos obligados a suspender los pagos de los servicios de interés y capital ya pactado en el tiempo acordado".
A partir de ese momento las víctimas comenzaron a acercarse a los distintos estudios de abogados presentando su caso y si bien no todos los contratos eran iguales coincidían en algo: habían perdido su dinero.
