Fin de ciclo: 15 años del FA en el poder > LA ERA PROGRESISTA

La izquierda y el fútbol: entre Casal y la seguridad en las canchas

Los choques en la interna del gobierno y con la AUF fueron muchos, y generalmente el empresario estuvo en el medio

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22 de febrero de 2020 a las 05:00

En la era progresista, la política y el fútbol se cruzaron más de una vez, pero los actores generalmente se repitieron y tuvieron un protagonista: el empresario Francisco “Paco” Casal. Los principales dirigentes del Frente Amplio se dividieron en torno a su figura, durante una era en la que pasó de tener el mayor poder a estar más cuestionado que nunca.

Claro, el poder de Casal no empezó con la izquierda ni mucho menos. Fue en 1998 que dio un paso clave, al transformarse de representante de jugadores a empresario futbolístico, dueño de los derechos de televisación del fútbol local, a los que agregó en 2003 los derechos de televisación y comerciales de la selección, y luego el básquetbol y el carnaval.

Sin embargo, no mucho después su poder empezó a ser cuestionado, tanto en el gobierno como en la AUF, lo que se transformó en un foco de tensión para la izquierda.

El primer capítulo fue en 2008, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Casal por evadir impuesto a la renta por un monto de US$ 100 millones, en el marco de una causa que había empezado en 2002 y que generó el embargo de sus bienes por US$ 25 millones. 

El caso tuvo idas y vueltas durante cuatro años hasta que, a fines de diciembre de 2013, el presidente José Mujica decidió perdonar la deuda de Casal con la DGI. Lo hizo a raíz de un informe de los entonces fiscales de gobierno Daniel Borrelli y Miguel Toma, quienes sostenían que el proceso contra Casal tenía muchos vicios de forma y de fondo que exponían al Estado a perder un recurso que Casal había presentado ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo. Eso podía implicar también que el empresario demandara al Estado por más de US$ 300 millones y que incluso pudiera accionar penalmente contra los jerarcas que supervisaron el caso: el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el director de la DGI, Nelson Hernández.

Detrás había una profunda batalla política dentro del gobierno. De un lado estaba Mujica, que nunca ocultó su cercanía con Casal –más de una vez alabó que el empresario hubiese hecho su fortuna “empezando de abajo”–, quien incluso lo acompañó en una gira por Europa. Hasta le dio una oficina en Torre Ejecutiva a Gustavo “Pato” Torena, muy cercano a Casal. Del otro lado estaban Danilo Astori y sus dirigentes más cercanos, que no solo supervisaron aquel proceso contra Casal sino que expresaron su molestia por la condonación de la deuda, que en esos cuatro años había bajado de US$ 100 millones a US$ 10 millones.

Mujica les comunicó el inminente perdón en una reunión en la que participaron Astori, Lorenzo y el secretario de Presidencia, Homero Guerrero.

¿Qué sostenía la DGI? Que Casal había evadido impuestos por las transferencias de futbolistas uruguayos. ¿Qué sostenía Casal? Que esa actividad se realizaba en el exterior, por lo que no correspondía que tributara en Uruguay. En el informe de Borrelli, varios tributaristas le dieron la razón a Casal. Sin embargo, todas las instancias judiciales, hasta ese momento, le habían dado la razón al Estado.

El acuerdo con el empresario se selló en una reunión con Mujica en la chacra de Rincón del Cerro: allí Casal se comprometió de palabra con el presidente a no entablar acciones legales a cambio de que el Estado abandonara el caso. 

Lescano y el cepillo de alambre

Otro personaje importante en esos choques entre Casal y el gobierno fue Héctor Lescano, de Alianza Progresista, cercano a Astori y a Rodolfo Nin Novoa, y ministro de Turismo y Deportes durante el gobierno de Vázquez y la mitad del de Mujica (2005-2012). Lescano siempre fue crítico del modelo económico del fútbol uruguayo, con Tenfield en el centro de la escena. Famosa fue su frase de 2005: “El fútbol necesita un lavado con agua, jabón y cepillo de alambre”, mientras los clubes negociaban con Eugenio Figueredo la extensión de su mandato en la AUF. Lescano se alineaba por ese entonces con quienes acusaban al presidente de la Asociación de haber favorecido el aumento de poder de Casal en el fútbol, particularmente a través de un contrato en el que Tenfield consiguió todos los derechos comerciales de la AUF, incluida la selección.

La otra frase que disparó polémica fue dicha en 2011, cuando en un almuerzo de ADM reclamó que la AUF pudiera disponer con libertad de sus recursos económicos, especialmente de los derechos de televisación, para recuperar su autonomía. Sin decirlo, fue un ataque directo a Tenfield, que pocos días después respondió con declaraciones de su vicepresidente, Nelson Gutiérrez, y acusó a Lescano de despilfarrar recursos públicos.

El ministro no duró mucho más en su cargo: unos meses más tarde, en mayo de 2012, Mujica lo destituyó, en una medida que sorprendió al propio Lescano y su sector político. “La renovación debe asumirse sin drama", dijo el presidente. En el Frente Líber Seregni criticaron ese cambio: el senador Rafael Michelini dijo que el presidente transitaba un "camino errático" y se estaba "fagocitando las mayorías parlamentarias". Astori también defendió a Lescano: “La necesidad de la renovación debe combinarse además con otros criterios o valoraciones, como los que responden a la solvencia de quien ejerce el cargo. Nosotros creemos que el exministro Lescano ha desarrollado una labor muy importante, los resultados están a la vista".

No fue la única vez que se acusó a Mujica de favorecer a Casal. El expresidente de Nacional Ricardo Alarcón aseguró que los presionó a él y al entonces presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, para que firmaran la extensión de derechos de televisación del fútbol local a favor de Tenfield. Fue en 2011, durante una reunión en un restaurante de Carrasco.

“Uno se siente con presiones fuertes. Hasta el Estado. El gobierno presionó a Nacional y a Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos. Fue una reunión en la que no se nos dijo: 'Firmen'. Hay otro refrán que dice 'a buen entendedor pocas palabras bastan'", dijo el expresidente de Nacional en 2016 en una entrevista con El Observador TV.

La salida de Bauzá

Otro hecho que generó acusaciones directas de injerencia de Mujica en el fútbol fue la renuncia de Sebastián Bauzá a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en marzo de 2014. El entonces presidente de la AUF y próximo secretario Nacional de Deportes catalogó el hecho como un “golpe de Estado en el que participó el gobierno”.

¿Qué ocurrió en ese entonces? En los últimos días de abril de 2014, el gobierno decidió retirar la policía de las canchas de fútbol, luego de varios episodios violentos, especialmente un enfrentamiento a tiros durante el partido Nacional-Newell’s por Copa Libertadores. Además, la Mutual de jugadores –encabezada en ese entonces por Enrique Saravia, muy cercano a Casal– decidió no presentarse a jugar, pero lo anunció un sábado de noche, luego de un partido de Nacional y horas antes de que jugara Peñarol, lo que a su vez activó un conflicto político para el Ejecutivo de la AUF, que ya venía zozobrando por la oposición de varios clubes chicos cercanos a Casal, y en el medio de una tensa negociación con Tenfield por los derechos de televisación de las Eliminatorias al Mundial 2018. 

A dos meses del Mundial Brasil 2014, Bauzá renunció al considerar que su gobernabilidad estaba en riesgo y que no quería poner en riesgo también a la selección. Una semana después de su renuncia, la policía volvió a las canchas, por lo que Bauzá entendió que había sido una jugada para sacarlo del medio.

En su lugar se perfilaba Óscar Curutchet, dirigente del astorismo, pero con su propio recorrido en el fútbol y sindicado como cercano a Casal. Tras un pedido de Astori, Curutchet se bajó y en una asamblea caótica donde no aparecían nombres para dirigir al fútbol, surgió la figura de Wilmar Valdez, hasta allí dirigente dirigente de Rentistas sin mayor visibilidad.

Era 2014 y Casal parecía anotarse una victoria. Pero de a poco el Ejecutivo de la AUF fue tomando un rumbo similar al de sus antecesores, lo que generó nuevos choques con Tenfield. 

A diferencia de las veces anteriores, el gobierno –ya en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez– no se metió. Y a partir de 2016 el poder de Tenfield fue cada vez más cuestionado: perdió los derechos comerciales de la AUF, tuvo que pagar cinco veces más por los derechos comerciales de la camiseta de selección, perdió el poder del gremio de futbolistas a manos de los referentes de la selección. 

El golpe más fuerte a Casal fue la aprobación del nuevo estatuto de la AUF, por imposición de FIFA, que redujo el poder de los clubes profesionales –principal ámbito de influencia del empresario– del 97% al 40%. En ese proceso, el gobierno nacional dejó de ser un factor, sino que, al revés, contó con el visto bueno de la Secretaría de Deportes, dirigida por Fernando Cáceres.

La seguridad

En el siguiente choque entre el gobierno de la AUF y el del fútbol no estuvo involucrado Casal: fue entre el ejecutivo de Valdez y el Ministerio del Interior en torno a la seguridad en el fútbol. La instalación de cámaras de identificación facial fue una novela: mientras el Ministerio decía que eran imprescindibles, la AUF decía que no tenía dinero, con millones de dólares de derechos de televisación trancados por disposición de la Justicia a raíz del escándalo del FIFAGate. 

Junto con las cámaras, el derecho de admisión era el otro gran tema que dividía las aguas: mientras los clubes sostenían que no podían hacerse cargo de esa responsabilidad porque temían represalias de los barras, el ministerio los acusaba de falta de colaboración. El gobierno subió la apuesta al exigirle a la AUF poner fin al sistema de autogestión, por el cual la seguridad en la tribuna estaba a cargo de los referentes de las barras, y reclamó que se contratara empresas privadas.

Después de muchos duelos de declaraciones y meses sin avances, el gobierno cedió en la gestión conjunta de las listas negras, con la condición de que el fútbol se encargara, ahora sí, de adquirir el sistema de identificación facial que permitiera la elaboración de listas negras, que sería elaborada por los clubes y controlada por la policía en el ingreso a los estadios.

El punto de quiebre fue “el clásico de la garrafa”, el 26 de noviembre de 2016. La barra de Peñarol decidió realizar una asonada previa al clásico de ese día, molesta porque la dirigencia había cortado las entradas de favor. 

Varios incidentes, incluido el lanzamiento de una garrafa desde la parte superior de la tribuna Ámsterdam a un grupo de policías, motivaron la suspensión del partido. A los pocos días, el gobierno anunció una serie de medidas, entre ellas la vuelta parcial de la policía a los estadios, y exigió a la AUF que instalara las cámaras de seguridad.

La adjudicación de esas cámaras también estuvo rodeada de polémica, y fue parte del AUFGate, que terminó con la renuncia de Valdez. El hasta entonces presidente de la AUF renunció luego de ser amenazado con la publicación de una serie de audios en los que hablaba con el empresario Walter Alcántara. Además de aparentemente negociar coimas con él, en uno de los audios aseguraba que la empresa elegida para las cámaras de seguridad había sido digitada por el Ministerio del interior: “Está todo arreglado”, dijo.

Las pruebas nunca aparecieron, pero sí se demostró que el ministerio direccionó la elección de la empresa ganadora, con el argumento de que sus pruebas de campo tenían notorios mejores resultados que la que había preseleccionado la AUF. Aquel escándalo, y la imposibilidad de elegir un nuevo presidente, terminó con la intervención de FIFA por parte de la AUF, una medida que se mantuvo durante siete meses y que llevó a otro político de primera línea al frente, en este caso de la oposición: Pedro Bordaberry.

Las cámaras seguridad fueron un factor clave para reducir la violencia en las canchas, a tal punto que, en 2019, Peñarol llevó el clásico al Campeón del Siglo, en medio de un operativo gigante en el que no hubo incidentes. El Ministerio del Interior se lo anotó como un gran triunfo. Del lado del fútbol, el reclamo sigue siendo que la seguridad –incluida la contratación de guardia privada– es uno de los principales costos fijos que hacen que la enorme mayoría de los partidos local generen pérdidas económicas. La lista negra ronda las 800 personas y el gobierno electo ya anunció que la gestión de esta lista volverá a manos del Ministerio del Interior. Además, la cartera tendrá más protagonismo en la seguridad dentro de los estadios que el que tuvo en los últimos años de gobierno del Frente Amplio.

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