La veloz transición energética en Chile deja a muchos trabajadores a la deriva

El país de unos 20 millones de habitantes y con una considerable capacidad para producir energía solar y eólica lanzó en 2019 un ambicioso plan destinado a cerrar de aquí a 2040 sus 28 centrales eléctricas a carbón.

El presidente Gabriel Boric, elegido en 2021, incluso espera acortar el plazo, con el objetivo paralelo de que un 80% de la electricidad provenga de fuentes renovables antes de 2030.

En tanto, nueve unidades centrales a carbón fueron cerradas desde 2019. De estas, cuatro están ubicadas en Tocopilla y eran operadas por la empresa francesa Engie, que prometió salir del carbón de aquí a 2025 en Europa y el resto del mundo.

Junto a Grecia y Reino Unido, Chile es uno de los diez países que más rápidamente redujeron su producción de energía por medio de carbón, según un estudio del mes de noviembre del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

Hoy, más del 35% de la energía que se produce en el país es de origen eólico o solar, con enormes proyectos en construcción, en especial en Lomas del Taltal, en la región de Antofagasta, donde Engie finalizó en diciembre la instalación del primer aerogenerador de un total de 57.

Sin embargo, incluso cuando las empresas con centrales a carbón en el país dispusieron medidas de acompañamiento para sus empleados ante el cierre de sus unidades, no pasa lo mismo con los empleos tercerizados y de las empresas contratistas.

"Dejados a un lado"

"De un día para otro nos dijeron que se cerraba'", relata Pedro Castillo, de 62 años, 36 de ellos dedicados a operar una grúa para Somarco, una empresa portuaria contratista de Engie en Tocopilla.

En esa ciudad del norte de Chile de 25.000 habitantes sólo funciona una de las viejas centrales eléctricas a carbón en medio de uno de los lugares más áridos del mundo con paisajes lunares esculpidos de roca y arena.  Propiedad del grupo estadounidense AES, Somarco deberá cerrar en marzo.

En medio de la inactividad casi total del puerto, la empresa todavía da empleo a unos 60 trabajadores que se encargan de descargar carbón destinado a las centrales de la ciudad que alimentaban las cercanas minas de cobre, metal del que Chile es el primer productor mundial.

Como otros trabajadores portuarios, Castillo afirma que hay un abandono tanto del Estado como de la empresa de energía francesa. "Engie sólo se ocupó de sus empleados, pero quienes realmente trabajaron sobre el carbón quedaron a un lado", dice al explicar que se presenta a trabajar pese a que no hay nada que hacer y ante la falta de perspectivas sobre su futuro.

"Es como cuando uno está viejito y está esperando el día en que se va a morir", compara Castillo, que también es presidente del sindicato de trabajadores del puerto de esta pequeña ciudad, afectada durante años por la contaminación de las centrales.

Con el cierre de cuatro de sus unidades, Engie despidió a un centenar de trabajadores. De ellos, sólo un tercio se benefició con un plan de retiro antes de la jubilación; otro tercio fue capacitado en otros trabajos dentro o fuera del grupo; y el resto obtuvo un plan de despido voluntario.

Mientras se alista para su último día de trabajo, Juan Hidalgo, de 48 años, gerente del puerto desde hace 15 años, menciona también la "desilusión" por las que, según él, son "promesas" incumplidas por parte del Estado.

"No hay reconversión, no hay reubicación, no hay indemnización, no hay un plan de retiro", enumera mientras no lejos de ahí algunos pescadores lanzan su caña bajo la mirada de buitres de cabeza roja.

"Desafíos por resolver"

"El problema que tenemos en Chile con el tema de la transición justa es la subcontratación", confirma Alejandro Ochoa, a cargo de los asuntos medioambientales y de transición justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más fuerte del país.

"Las empresas se están haciendo cargo de los trabajadores propios y la descarbonización está pasando más por ellas que por una planificación del gobierno", afirma al estimar que en Chile "el problema" es que "las políticas públicas llegan tarde".

Según Ochoa, por cada 50 personas que trabajan en una central carbonífera, hay 150 trabajadores de empresas contratistas y 450 empleos indirectos. "Eso suma 600 trabajadores que no están cobijados por ninguna medida", destaca.

En un reciente encuentro con la prensa, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que hay "múltiples desafíos por resolver" en este tema y mencionó un plan de "transición socio-ecológico justo" para Tocopilla, que prevé ayudas para la reinserción laboral en el sector del turismo.

El funcionario también señaló proyectos en el sector de las energías limpias en la ciudad, en especial en la industria del hidrógeno verde. Engie, por su parte, anunció proyectos de conversión de sus "terrenos descontaminados" en Tocopilla "en conexión con las comunidades". Su directora general para Chile, Rosaline Corinthien, también alude al hidrógeno y al trabajo de almacenamiento de baterías.

Por su parte, la chilena Colbun, sin fecha anunciada para el cierre de su única central carbonífera en el país, al sur de la ciudad Santiago, aseguró que "está evaluando la posibilidad de utilizar otro tipo de combustibles, como por ejemplo el hidrógeno o los granulados de la madera”.

"Todo lo que sea bueno para el planeta está bien, pero no dejemos la gente botada", pide Castillo, antes de volver a las instalaciones abandonadas del puerto industrial.

(Con información de AFP)