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Lacalle Pou estudia "alcance" del artículo sobre inhibición a fiscales para definir veto y en la coalición analizan "conveniencia política"
A impulso de Cabildo Abierto, el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas un artículo que inhibe a algunos fiscales a ejercer como abogados por un período acotado de tiempo.
La propuesta, según contó el senador cabildante Guillermo Domenech, fue planteada por la Asociación de Abogados Penalistas a partir de su discrepancia con el retorno a la actividad profesional por parte del exfiscal de Corte, Jorge Díaz.
Y si bien el artículo contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la coalición, hubo legisladores oficialistas que reconocieron sus dudas acerca de la legalidad de la restricción, algo que fue denunciado por la Asociación de Fiscales, que ya anunció que piensa recurrir la norma ante la Suprema Corte de Justicia porque la considera inconstitucional.
Con la sanción definitiva del proyecto en Diputados el martes 17, la disyuntiva se trasladó a la Torre Ejecutiva ya que el presidente Luis Lacalle Pou solicitó al prosecretario Rodrigo Ferrés que estudie el “alcance” del artículo para definir si hay razones suficientes como para vetarlo, informó Montevideo Portal.
El mandatario tiene diez días corridos para promulgar la ley o enviar una “observación” –el nombre formal del veto en la Constitución uruguaya– que puede ser total o parcial. En caso de hacerlo, Lacalle Pou optará por esta última opción. De acuerdo con fuentes de Presidencia el artículo no es el único que se evalúa, ya que hay otro sobre el que también hay dudas sobre su constitucionalidad.
Constitucionalistas como Daniel Ochs y Eduardo Lust (que además es diputado) consideran que la prohibición a fiscales viola el artículo 36 de la carta magna, el cual establece que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”.
En el análisis del Ejecutivo buscarán establecer qué efectos tiene la inhibición sobre el derecho al trabajo y el ejercicio libre de la profesión y deberán determinar si hay razones de interés general para limitarlos.
El artículo, el 636 del proyecto votado, señala que el fiscal de Corte y su adjunto estarán inhibidos por tres años desde su cese de intervenir “en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”. En el caso de los “fiscales con competencia en materia penal” la inhibición será por un año.
Como compensación ante la restricción, el Parlamento votó que los fiscales tengan derecho a percibir por el tiempo de la inhibición un subsidio equivalente al 85% de su sueldo.
Más allá del análisis jurídico de Presidencia, la posibilidad del veto genera dudas en la interna del oficialismo sobre la “conveniencia política” y cómo puede afectar el relacionamiento con Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición, con quien las heridas por el cese de Irene Moreira todavía siguen abiertas.
Legisladores blancos y colorados consultados por El Observador señalaron que en caso de tomarse la decisión de vetar, será importante la fundamentación que mande el Poder Ejecutivo con énfasis en las “razones de juridicidad” que exprese. Esto, aseguran, permitirá “reducir los daños”, ya que será el segundo veto a los liderados por Guido Manini Ríos tras el alto a la ley forestal a fines de 2021.
Esa observación no fue levantada por la Asamblea General ya que Cabildo Abierto y el Frente Amplio no consiguieron los tres quintos que exige la Constitución. En el Senado, la votación terminó con 16 legisladores dispuestos a levantarlo y 15 en contra; en Diputados, fue 53 a 44.
Aunque son casos diferentes, en ese veto el Poder Ejecutivo fijó su posición y señaló que las “limitaciones fundamentadas en el interés general” debían “explicitarse y motivarse claramente”, un extremo que no se cumplía en ese momento ni se cumple ahora.
Fiscales a la espera
La posibilidad de vetar el artículo despierta optimismo entre los fiscales, que están “reforzando” sus argumentos, según dijo el presidente del gremio Willian Rosa. “Cuanto más profundizo más inconstitucional me suena”, expresó a El Observador.
Rosa consideró “coherente” que Lacalle Pou esbozara la intención de dejar sin efecto el artículo y aseguró que la postura era “absolutamente racional”.
“Me parece que está bien si se viabiliza de esta forma porque de lo contrario se materializa en ley una norma que fue esgrimida con dudas y reparos de parte de varios diputados oficialistas. Quienes la aprobaron incluso manifestaron su discordancia teniendo en cuenta lo que dijeron en sala Conrado Rodriguez, Ope Pasquet, Juan Martín Rodríguez y Eduardo Lust. Parece racional que una norma tan cuestionada desde el Parlamento por el oficialismo tenga esa conclusión de parte del presidente”, agregó.
Para Rosa, por todo el “ruido” que generó, parece ser una norma “traída de los pelos entre gallos y madrugadas con el único fin de perjudicar a los fiscales”.
Pese a esto, el presidente de la Asociación de Fiscales consideró que su situación seguía “incambiada” ya que el 27 setiembre plantearon una plataforma de reivindicaciones que “no fueron contempladas”.
