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Lacalle Pou promete erradicar asentamientos; para el BID llevaría 28 años

Lacalle Pou propone erradicar asentamientos, pero se necesitan décadas y cientos de millones de dólares

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25 de febrero de 2014 a las 17:34

Con el mate abajo del brazo, el precandidato Luis Lacalle Pou (Todos) dedicó la tarde del sábado a recorrer algunos asentamientos de la periferia de Montevideo. En esa visita de campaña escuchó a vecinos, presentó a sus dirigentes, y se fue convencido de que puede, en caso de llegar al gobierno, alcanzar el “asentamiento cero”. Quiere que las 165.000 personas que viven en ese entorno puedan tener condiciones dignas de vida y sus familias se puedan desarrollar. Uno de los grupos programáticos de su sector, de hecho, se dedica exclusivamente a afinar la propuesta, que no deja de ser ambiciosa. No tiene claro, sin embargo, qué inversión se requiere para alcanzarlo, ni cuánto tiempo le insumirá la tarea. Pero sí que se debe hacer con las intendencias y varios organismos públicos como aliados.

“Nos metimos en el brete porque estamos convencidos que se puede”, respondió desafiante Lacalle Pou cuando El Observador lo interrogó acerca de su promesa.

Los asentamientos han sido desde hace décadas una tachuela en el zapato para los gobiernos, y materia de promesas para candidatos de todos los pelos políticos.

Jorge Batlle lo planteó más o menos en esos términos antes de acceder a la Primera Magistratura al ganar las elecciones de 1999. El exmandatario colorado (2000-2005) prometió “erradicar” los asentamientos irregulares. Para ello logró firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 110 millones, pero la profunda crisis que debió afrontar el país dejaron esas cuestiones de fondo para otras con otra emergencia.

José Mujica, aunque sin arriesgar una promesa similar, puso fichas a un programa de vivienda de gestión alternativa como el Plan Juntos, basado en el voluntariado y las donaciones de privados. Si bien ha tenido algunos resultados concretos, están lejos de lo que soñó el hoy presidente cuando recorrió el país en campaña para pedir el voto.

Lo cierto es que para erradicarlos se necesita mucho tiempo y dinero. Lo primero más que lo segundo, ya que si se multiplicara por diez la inversión actual para formalizarlos o trasladarlos, la capacidad instalada del país no soportaría tal misión.

Uruguay invierte US$ 20 millones cada año para mejorar asentamientos irregulares y transformarlos en barrios. Ese dinero proviene 70% de los préstamos BID y el resto del Fondo Nacional de Vivienda. Lo administra el Programa de Mejoramiento de Barrios del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Un reciente informe de la unidad de evaluación y monitoreo de ese organismo, elaborado en base a datos de los dos últimos censos poblacionales, dice que por año, con esa inversión, se logra reducir en 2,2% los asentamientos de todo el país. Eso significa que en cinco años se lograron erradicar 73 asentamientos de los 662 que había en 2006. Son 165.000 las personas que viven en la actualidad en esas condiciones, 78% entre Montevideo y Canelones.

Si se toman en cuenta esos datos, por año se logran mejorar o trasladar casi 15 asentamientos. A ese ritmo restarían 40 años de inversión y trabajo para cumplir con la meta que plantea Lacalle Pou, en tanto que costo total asciende a US$ 806 millones, según cálculos de El Observador.

El BID, en un informe publicado el año pasado que acompañó al un contrato firmado con Uruguay, hace un cálculo más optimista: “Considerando la disponibilidad de recursos presupuestales asignados anualmente, terminar con los asentamientos donde el programa puede intervenir, insumiría un total de 28 años”, dice. Y agrega: “El monto presupuestal asignado hasta el momento resulta relativamente bajo frente a las necesidades de inversión. Si la situación no cambia con respecto a las capacidades y recursos actuales, no será posible atender estas necesidades en menos tiempo”.

Visto de otro modo, se necesitarían generar 9.740 soluciones habitacionales para esas familias, cuando hoy, por ejemplo, se habilitan por año 1.368 permisos de construcción.

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Susana Pereyra, fue coordinadora del PIAI de 2007 a 2010. A su juicio, no se trata de “sólo construir barrios para pobres”, sino que se debe “construir barrio”. Por ello, insistió con la necesidad de realojar cuando es necesario, pero mantener el entorno y mejorar las condiciones para que las familias puedan desarrollarse. “No hay asentamiento en Montevideo que no conozca. Hay que tener conocimiento del tema, y Lacalle Pou no lo tiene”, disparó la legisladora en diálogo con El Observador.

En los asentamientos, las personas sobreviven en condiciones deplorables, obligadas por la pobreza, o por ser parte de un círculo vicioso al que entraron generaciones pasadas del cual les es difícil salir. Las casas en esos barrios improvisados no ofrecen siquiera baños o agua potable para muchos, por mencionar tan solo un aspecto de las necesidades básicas de las familias.

El informe “La dimensión ambiental de la pobreza urbana”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que dos de cada 10 hogares de asentamientos carece de agua potable, saneamiento, o condiciones mínimas de vivienda. Casi cuatro de cada 10 de los hogares de asentamientos presentan precariedad en el piso, cuando lo sufre solo 3,7% de las viviendas de la trama formal de las ciudades. Según el estudio, una vivienda en condiciones precarias es aquella que tiene paredes de materiales livianos o material de desecho. El 8,7% de los hogares de asentamientos presenta esas características, mientras que ese porcentaje se reduce a 1% en la trama formal.

El trabajo, hoy

La mitad de los 589 asentamientos en Uruguay están sobre terrenos privados. La intervención del PIAI allí es limitada, ya que para que esos barrios puedan ser objeto de sus programas deben estar levantados sobre tierras públicas, es decir, propiedad del intendencias u organismos estatales. Cumplido ese primer requisito, el programa de Mejoramiento de Barrios tiene pautas de “elegibilidad”. Entre otros aspectos, debe estar ubicado el asentamiento en un área urbana con más de 7.000 habitantes; contar con un mínimo de 40 lotes y que 75% estén ocupados por viviendas, por ejemplo. Luego, el programa separa los asentamientos que están en terrenos inundables o contaminados. Si es así, el plan se dedica a realojar a las familias, pero si no tienen esos problemas la tarea se enfoca a mejorar el barrio.

El coordinador del programa, Fernando Cabezudo explicó a El Observador que la tares es compleja. Se trata de una obra en medio del lugar donde la gente vive. Por eso, más allá del dinero, el cuello de botellas para avanzar a una solución final está en otros aspectos. “En el país falta capacidad para afrontar obras mayores”, dijo Cebezudo. Mencionó que la construcción tiene pleno empleo y por eso es difícil conseguir mano de obra, aunque se multiplique por diez el presupuesto anual. También entiende que faltan otras capacidades técnicas, pero, sobre todo, profesionales dispuestos a ese tipo de tarea.


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