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Las estafas de corredores de bolsa que afectaron a clientes uruguayos y hasta a un club de fútbol
El Banco Central del Uruguay (BCU) decretó este martes la suspensión de actividades y la intervención de la empresa corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), denunciada por entre 300 y 400 personas por estafarlas y reducir los activos que habían depositado en la empresa en un 90%.
Como informó El Observador, se vieron afectados clientes que habían invertido millones de dólares, así como otros que confiaron algunos miles de dólares para cuidar desde una posición conservadora. La Bolsa de Valores fue designada por el Banco y ya comenzó la intervención de las empresas.
Junto a CVM, dirigida por Sara Goldring de Cukier con sus hijos Daniel y Martín Cukier, también fue intervenida United Broker S.A. Agente de Valores, ya que ambas compañías comparten "accionistas, personal superior y parte del personal comercial y administrativo", indica el comunicado del BCU.
Esta no es la primera ocasión en la que ocurre una estafa en Uruguay relacionada a corredores de bolsa. En 2021 más de 30 ahorristas que habían depositado su dinero en la corredora de bolsa Baeremaecker y Perera denunciaron que perdieron más de US$ 3 millones. En este caso se indagó a una empleada de la empresa pero la investigación continúa.
En 2014 otras 30 personas denunciaron a los propietarios de la corredora Open World por una estafa de alrededor de US$ 20 millones. El juzgado de Crimen Organizado reclamó a Interpol la captura de los integrantes, que también operaron en varios países de Latinoamérica. En la estafa se vio involucrado Rampla Juniors, club que la empresa usaba para reingresar sus fondos al país.
Baeremaecker y Perera
En octubre de 2021 una treintena de personas denunciaron a la firma Baeremaecker y Perera, donde habían guardado parte de sus activos para invertir en bolsa, por el robo de entre US$ 3 millones y US$ 10 millones. Fueron los abogados de la empresa, Jorge Díaz y Leonardo Costa, quienes presentaron la denuncia ante la Justicia, acusando a una "empleada infiel" por las maniobras.
Un comunicado publicado por los dueños de la empresa, Carlos de Baeremaecker y Carlos Perera, asegura que estos clientes fueron estafados por una funcionaria de la empresa y que la maniobra realizada fue por US$ 2,7 millones de los cuales solo US$ 800 mil corresponden a clientes directos de ese corredor.
“La maniobra delictiva realizada por esta persona se circunscribe sólo a individuos relacionados con ella. El resto de los clientes de nuestra firma no se ha visto afectado. Se está realizando una auditoría externa por el estudio Pignatta y Usal y no se han constatado otras personas afectadas fuera del círculo de esta persona”, resaltó la corredora.
El abogado Carlos Balbi —patrocinante de la empleada— dijo a El Observador que su defendida era empleada dependiente de la empresa y no una bróker externa (agente que acerca clientes a los corredores de bolsa) como expusieron en su demanda. "Cobraba sueldo, salario vacacional, marcaba horario, todos los días iba a trabajar a la oficina. Estaba sometida a órdenes y directivas (...) Como ella era jubilada bancaria, estaba en negro", señaló.
El fiscal de Delitos Económicos a cargo del caso, Gilberto Rodríguez, conformó un equipo interdisciplinario para estudiar el caso integrado por dos oficiales del caso de Delitos Financieros e integrantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) y la Fiscalía.
Open World
En 2014 una treintena de personas, defendida por los abogados Nicolás Pereyra y Javier Simonetti, denunció a los dueños de la empresa corredora Open World, Pedro y Agustina Magentíes y la uruguaya Ivvone Teleche Urruti, por estafarlos por alrededor de US$ 20 millones. Además, fueron denunciados un ciudadano brasileño y otra uruguaya.
En setiembre de 2014 el BCU intervino la empresa. Según un informe del Banco, consignado por Subrayado, la empresa tenía deudas de US$ 7 millones y un activo de US$ 4 millones.
“Open World ofrecía servicios financieros y buscaba captar capitales ofreciendo productos de Swiss Group –también propiedad de la misma corredora–. Llegó un momento en que se dejaron de pagar y dar respuesta. La empresa desapareció”, dijo Simonetti en declaraciones consignadas a Telemundo en 2017, cuando el juzgado de Crimen Organizado reclamó a Interpol la captura de los integrantes.
El grupo también trabajó en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Paraguay y Perú, y se lo vincula con el robo de US$ 80 millones en su actividad en todos esos países y Uruguay. Los asociados ya tenían un pedido de extradición por parte de Interpol, por lo que la solicitud uruguaya se estancó.
En la maniobra que sufrieron los uruguayos estuvo involucrado el club Rampla Juniors, que la empresa utilizaba para reingresar el dinero que sacaba del país para colocar en diversas entidades financieras de su propiedad. “Eso de gerenciamiento no tenía nada. Eran capitales colombianos que lavaban ese dinero mal obtenido en clubes deportivos, en este caso en Rampla. Todo terminó siendo denunciando penalmente”, rememoró el expresidente José Luis Corbo en una entrevista con Referí realizada en 2020.
