Las muertas en la cárcel de Honduras suman 46 y renunció el ministro de Seguridad

Las autoridades todavía no identificaron a todas las víctimas ni entregaron los cuerpos a sus familiares. El número de mujeres muertas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) aumentó a 46, según el portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora.

La tragedia carcelaria, una de las peores en la historia hondureña, ocurrió “por la rivalidad entre las dos principales pandillas operativas” según el gobierno, en referencia a la llamada “Pandilla 18” que tiene como rival a la “Mara Salvatrucha”, con presencia en El Salvador y terminales en distintos países.

Según el gobierno hubo tanto armas de fuego y como armas blancas en la refriega, aunque no aclaran cómo habrían ingresado esas armas al penal. Además de las muertes por cuchillazos o disparos, otras detenidas murieron calcinadas por los incendios sucedidos a la riña, aunque tampoco aclaran qué medidas de seguridad tiene el personal penitenciario para evitar las muertes por fuego.

Las autoridades también afirman que “varias mujeres integrantes de las pandillas en conflicto prendieron fuego a los cadáveres luego de los asesinatos”, sin especificar qué hacían los guardiacárceles mientras eso ocurría. 

La falta de información llevó al reclamo por parte de las familias por saber el destino de las mujeres privadas de la libertad que desde ayer están frente al centro penitenciario, así como en la principal morgue pública de Tegucigalpa para exigir a los funcionarios que publicaran una lista de las víctimas del incidente.

La situación es tan grave en la morgue que los trabajadores relataron que se estaban quedando sin espacio para recibir los restos de las víctimas.

Ángel García, de 34 años, llegó a la morgue el miércoles y descubrió que su esposa y sus dos hermanas murieron en el penal. García dijo a los medios de prensa locales que las autoridades “permitieron que esto sucediera en un país con un historial de incidentes mortales en prisión”.

"Todo el mundo se pasa la pelota, todo queda impune. Es injusto que estemos sufriendo por la corrupción”, dijo este hombre que perdió a tres familiares directos en esta tragedia. Otros testimonios reafirman que la corrupción en el sistema carcelario de Honduras y la negligencia de las autoridades son las principales causas de la tragedia en Cefas.

La propia presidenta del país, Xiomara Castro, reconoció a través de su cuenta de Twitter que “el motín había sido planeado por pandilleros con el conocimiento de los guardias”, lo cual indica que no se trató de una refriega espontánea, y agregó que tomará "medidas drásticas".

Una de estas primeras medidas fue la designación de un nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien lleva 34 años al servicio de la Policía hondureña, dijo en redes sociales que asume "con mucha responsabilidad este cargo” y que “promete dedicación total".

Una responsabilidad que implicará “reforzar la seguridad en las cárceles y reducir la corrupción. Las armas de fuego y blancas que utilizaron las pandillas entraron por culpa de guardias corruptos”, según Xiomara Castro.

Castro fue contundente al afirmar que el motín fue “planeado por pandillas callejeras con el conocimiento y la aquiescencia de las autoridades de seguridad”.

Las sobrevivientes y familiares relatan que las detenidas pudieron equiparse con armas, incluso llevar candados para encerrar a sus víctimas dentro, aparentemente para quemarlas hasta morir. La intensidad del fuego dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las camas reducidas a montones retorcidos de metal.

Juan López Róchez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, reconoció que “un grupo de personas armadas entró al bloque de celdas de una banda rival, cerró las puertas, les abrió fuego”, sin que las autoridades actuaran a tiempo.

Miguel Martínez, vocero del Ministerio de Seguridad, dijo que el ataque fue grabado por cámaras de seguridad y que en el motón las destruyeron en lo que calificó como un ataque “planeado. Se puede ver el momento en que las mujeres superan a los guardias dejándolos indefensos y les quitan las llaves”, dijo Martínez.

Las pandillas en Honduras han luchado durante mucho tiempo por el control del narcotráfico y la extorsión, y el sangriento conflicto convirtió al país en uno de los más peligrosos del mundo con tasas nacionales de homicidios muy altas.

Desde diciembre, el Gobierno de Xiomara Castro implementó un estado de excepción, siguiendo el modelo seguido por el vecino El Salvador, que suspende algunos derechos constitucionales y permite que las fuerzas de seguridad detengan a personas que consideren asociadas con el crimen.

El gobierno se justifica al afirmar que el motín probablemente “fue una reacción a la represión del gobierno en los últimos meses contra la corrupción dentro de las cárceles”, en palabras de Julissa Villanueva, directora del sistema penitenciario, y describió el motín como un "ataque terrorista".

Este no es el incidente más grave en una cárcel hondureña. El peor desastre carcelario fue en 2012, en el penal de hombres de Comayagua, donde 361 reclusos varones murieron en un incendio provocado posiblemente por un fósforo, cigarrillo o alguna otra llama abierta.