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Licitación por cámaras de seguridad: Interior apretó el acelerador y negó prórroga a oferentes
El Ministerio del Interior anunció a finales de febrero que comenzaría a instalar 1.000 cámaras de seguridad donadas por China en los departamentos fronterizos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Los dispositivos, que se esperaban desde abril de 2018, llegaron a Uruguay a principios del mes pasado y en cuestión de días la firma que ganó la licitación para colocarlos y ponerlos a operar ya había entregado parte de los trabajos previsto para la ciudad de Artigas.
La celeridad fue uno de los componentes claves del proceso de instalación de estas cámaras, que se inició en mayo con la licitación de la obra para la colocación de estos dispositivos en los más de 300 puntos clave de la frontera Uruguay-Brasil. Sin embargo, la urgencia que la cartera mostró desde entonces redujo la cantidad de oferentes y la firma DDBA, que tenía como antecedente la colocación de cámaras en el Estadio Centenario, Parque Central y Campeón del Siglo, ganó el llamado tras competir solo con una firma (Ingeniería en Seguridad), a pesar de que al menos otras dos empresas mostraron interés en participar de la licitación pero debieron desistir a último momento.
La razón es que el ministerio –a pedido de Huawei, empresa china proveedora de las cámaras– estableció como requisito excluyente para participar de la licitación el tener una carta de la empresa que lo certifique como distribuidor o integrador de los productos de la marca, algo que en Uruguay solo tenían las dos firmas que finalmente compitieron. Eso llevó a que varias empresas que habían comprado el pliego el 28 de mayo (cuando se abrió el llamado), desistieran de forma inmediata y otras lo hicieran más tarde, al ver que les sería imposible cumplir con ese requerimiento.
Según consta en los anexos del llamado, dos compañías que contaban con experiencia en la instalación de Cámaras en Montevideo y en departamentos del interior, solicitaron que se diera una prórroga para obtener tal certificado, pero la cartera se negó alegando “razones de servicio”.
La primera compañía en plantear esta solicitud lo hizo el 22 de junio. En una consulta que quedó registrada en los anexos del proceso licitatorio, la firma, que aseguraba estar en una etapa “avanzada” del proceso de certificación, pidió una prórroga de tres semanas para poder participar del concurso, lo que finalmente fue negado por la cartera alegando “razones de servicio”. Ante la negativa, esa misma empresa preguntó si podría presentar documentación que acredite que la certificación Huawei estaba en trámite, así como el compromiso de contar con ella para cuando se firmara el contrato de adjudicación. Sin embargo, una vez más el ministerio se negó.
El 26 junio, en tanto, otra empresa intentó convencer a la cartera de seguridad de reveer su decisión de no aplazar el llamado, al señalar que “pedirle a cada oferente que haya culminado la certificación en el momento de presentar la oferta implica una restricción que en nada beneficia al ministerio, puesto que hasta luego de procesada la adjudicación no se realizarán tareas técnicas”. Asimismo, la firma opinó que “extender el plazo de certificación hasta el momento de la adjudicación permite presentarse a las empresas que están en un proceso de certificación aún no culminado y beneficia al ministerio porque amplía el número de empresas habilitadas a presentar oferta, y por tanto el nivel de competencia y la posibilidad de obtener mejor precio y mejor calidad de ofertas técnicas”.
La firma propuso además que, en caso de que no se hiciera lugar a la extensión de la fecha para mostrar la certificación exigida, se prorrogara toda la licitación 20 días, pero eso también fue negado por el Ministerio.
Finalmente, solo DDBA e Ingeniería en Seguridad compitieron, siendo elegida como ganadora la primera el 23 de octubre de 2018. La oferta de DDBA –que fue elegida como la más barata y mejor calificada técnicamente– implicaba para la cartera una inversión de $ 33.230.062 (US$ 972.492) para la colocación de las cámaras, así como un costo de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema de $ 740.784 mensual, o anual de $ 8.889.408 (US$ 260 mil).
Según contaron fuentes del sector, la certificación que se solicitaba para participar de esta licitación implica que operarios de la compañía realicen un curso y prueben sus conocimientos en un examen que se realiza en Buenos Aires. El proceso iniciado de cero hubiera demandado aproximadamente un mes.
En tanto, entre que se abrió el llamado y se adjudicó el trabajo pasaron casi seis meses.
Según dijeron desde el Ministerio del Interior, la razón por la que se resolvió no hacer lugar a las peticiones de aplazar la licitación es que había una “necesidad urgente de instalar las cámaras en el interior del país”. Asimismo, señalaron que al tratarse de un requisito excluyente no se podía permitir la entrega del certificado en otro momento que no fuera la apertura de ofertas.
Esta decisión del Ministerio del Interior dejó fuera de concurso a las empresas Cabo Norte, Servinfo y Sonda. De estas tres Sonda es la que más cámaras ha instalado, ya que participó de la colocación de dispositivos en Montevideo, al tiempo que Servinfo trabajó en Treinta y Tres, Durazno, Rocha y Trinidad.
Por otra parte, DDBA e Ingeniería en Seguridad no contaban con experiencia en instalaciones de cámaras de seguridad para el Ministerio del Interior al momento de la licitación. De hecho, según dijeron a El Observador desde DDBA, se trata de la licitación más importarte que la firma ganó en el Estado.
DDBA, además, trabaja desde 2016 en el mantenimiento de servidores de la firma Huawei con los que cuenta el Ministerio del Interior. Por esa razón ya contaba con la certificación de la marca china para operar con sus productos.
Las cámaras del Estadio
Si bien el contrato para colocar y hacer el mantenimiento de 1.000 cámaras en los distintos puntos de la frontera Uruguay-Brasil, es el más grande que la empresa DDBA ha obtenido en el Estado, su principal trabajo en materia de videovigilancia hasta el momento fue para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en el estadio Centenario. Y si bien aquel negocio de US$ 1,1 millones se mantuvo en la órbita privada, la recomendación del Ministerio del Interior fue clave para que la propuesta de esta empresa fuera elegida frente a otra de la firma Servinfo, que una consultora independiente había valorado como la mejor alternativa calidad-precio. Así lo comprobó El Observador en una investigación que se inició a partir de que se filtraran audios de conversaciones entre el ex presidente de la AUF, Wilmar Valdéz, y el lobista, Walter Alcántara, en los que la máxima autoridad del fútbol nacional en aquel momento señalaba que alguien en el Ministerio del Interior había cobrado una “cometa” para favorecer a DDBA en aquel proceso licitatorio.
Según informó El Observador, 14 empresas participaron de aquel proceso licitatorio. Tras una prueba realizada por la consultora ITC cuatro ofertas fueron elegidas como “recomendables”: la de DDBA, la de Servinfo, Sonda y Todosoft-Telefax. Finalmente, un informe de la consultora ITC eligió como mejor propuesta calidad-precio a la de Servinfo, que era un 16% más barata que la de DDBA aunque tenía un porcentaje de acierto en el reconocimiento facial menor: 76% contra 99%. Sin embargo, el resultado que obtuvo DDBA surgió de una prueba realizada un año antes y en condiciones diferentes.
La AUF estaba pronta para firmar el contrato con Servinfo (la cual además se había comprometido a mejorar su nivel de reconocimiento), pero el ministerio insistió en recomendandar a DDBA.
“Si bien las principales objeciones técnicas (sobre la propuesta de Servinfo) se fueron aclarando a lo largo del proceso, el equipo técnico del Ministerio del Interior mantuvo su posición respecto a la falta de experiencias de la empresa Servinfo en reconocimiento facial y el riesgo que esto representa para el éxito del proyecto”, señala un informe de la consultora ITC que da cuenta de la preferencia de la cartera por la propuesta de DDBA.
El caso, que salió a la luz a partir del denominado AUFgate, llevó a que el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, decidiera presentarse voluntariamente en la fiscalía para dar explicaciones de por qué el Ministerio valoró mejor la propuesta de DDBA. Finalmente la causa que investigaba si Valdez fue forzado a renunciar a la AUF a través de la divulgación de los audios de Alcántara se archivó, y el tema del pago de una supuesta coima al Ministerio del Interior para favorecer a DDBA nunca se comprobó.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en una conferencia celebrada el 28 de febrero, que la instalación de 1.000 cámaras en la frontera permitirán mejorar la seguridad en un lugar clave como son las localidades y ciudades limítrofes con Brasil. En particular el jerarca se refirió a la situación del Chuy, donde un enfretamiento entre narcotraficantes causó varios ajustes de cuenta entre 2017 y 2018. Luego de que entre el entre el domingo 1º y el 8 de abril de 2018, cuatro personas presuntamente vinculadas a bandas de narcotraficantes fueran asesinadas –dos del lado uruguayo y dos del lado brasileño– el Ministerio del Interior debió enviar a patrullar la zona a policías de la Guardia Republicana. En Rivera, en tanto, la policía intenta evitar el avance de una banda liderada por un delicuente uruguayo preso en Brasil conocida como Bala Na Cara. En enero, fueron detenidas en Santana Do Livramento dos sicarios de este grupo que tenían objetivos en territorio uruguayo.
