La votación del proyecto de ley de urgente consideración empezará este miércoles, a las 9:30 horas, en el plenario de la Cámara de Senadores. Después del trabajo de la comisión especial, la versión final de la norma quedó con 476 artículos.
Por el camino quedaron algunas disposiciones que el Poder Ejecutivo había incluido pero no contaba con el respaldo de los dos principales socios de la coalición de gobierno: el Partido Colorado y Cabildo Abierto. El Frente Amplio, en tanto, votó el 51% de los artículos en comisión.
Los ejemplos más claros de negociación puertas adentro de la coalición fueron acerca de la desmonopolización de los combustibles y el aumento punitivo para los menores que delinquen, que el gobierno incluyó en el proyecto de ley remitido al Parlamento. En ambos casos el Partido Nacional no contaba con el respaldo de sus principales aliados en el Senado, por lo que se exponía a que no se votaran esos artículos, lo que contravenía la intención de que la coalición respaldara en bloque todo el articulado.
Así se llegó a una redacción alternativa que, en el primer caso, incluso fue votada en comisión por los legisladores del Frente Amplio. El artículo 230 fue sustituido por otros tres que no derogan el monopolio de Ancap, como impulsaba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero compromete al gobierno a presentar una nueva iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles en 180 días.
Además hubo otros puntos de la propuesta del gobierno que también debieron ser zurcidos por los blancos, colorados y cabildantes. Estas negociaciones insumieron jornadas de trabajo en paralelo a la comisión especial, que se intensificaron los fines de semana.
Antes de que el texto final fuera remitido al Parlamento, el gobierno sacó las modificaciones propuestas en un primer borrador para la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual –conocida como ley de medios– y presentó un proyecto de ley aparte, que está siendo tratado en Diputados. El principal argumento entonces fue que era necesario tener más tiempo para analizar los cambios y dar un debate parlamentario más extenso.
Diego Battiste
Pero la postura sobre este tema no es unánime dentro de la coalición. Consultado sobre la nueva versión, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos dijo a El Observador que su partido se opone a "la concentración de los medios en pocas manos y a la posibilidad de que capitales extranjeros puedan, a través de testaferros, tener mayor influencia" en el medio local.
Durante el trabajo en comisión, a su vez, el ministro de Industria, Omar Paganini anunció que se retirarían dos artículos (268 y 269) incluidos en un capítulo de la ley urgente a partir del que se modificaría el régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). En síntesis, estos apartados, que tenían el rechazo del Partido Colorado, disponían que Antel tendría que arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados.
Si bien la oposición celebró que se retiraran estos artículos del proyecto de ley de urgente consideración, la discusión se producirá cuando se trate la nueva ley de medios, que en su artículo 48 aborda el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones.
Sobre seguridad pública hubo varios cambios a último momento, aunque ninguno de ellos sustancial. Las principales modificaciones se dieron entre el primer borrador y la versión que en abril recibieron los partidos políticos. Estos cambios fueron mayoritariamente ajustes de redacción, y si bien el fiscal de Corte y otros expertos en la materia reconocieron la mejoría, continuaron remarcando sus diferencias.
A su vez, los legisladores de la coalición de gobierno acordaron realizar diversos cambios en los artículos que modifican la Ley de Inclusión Financiera. Se trata de uno de los temas que generó más diferencias en la interna de los partidos que gobiernan y por ello sufrió varias modificaciones desde que se presentó el borrador inicial en enero de este año.
El Partido Colorado y Cabildo Abierto objetaron la propuesta que en enero hizo el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou, aunque compartían el espíritu de los cambios, y por eso condicionaron su voto a las eventuales modificaciones que podrían hacerse.
Además de eliminar la imposibilidad de realizar descuentos para el pago en efectivo (respecto al pago con tarjeta), los legisladores acordaron sustitutivos para cuatro artículos, agregaron otro y dieron marcha atrás con la derogación de tres que habían anunciado inicialmente. El capítulo no va a ser votado por el Partido Independiente, un socio minoritario de la coalición que, al tener un solo diputado y ningún senador, no pone en peligro por sí solo la aprobación de esta sección del proyecto de ley.
El partido de gobierno también debió negociar sobre la sección que trata acerca del sector agropecuario. A pedido de Cabildo Abierto se eliminaron dos artículos a partir de los que quedaría habilitada la explotación y tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas no nominativas, sin que fuera necesario el permiso del Poder Ejecutivo, como está establecido por ley desde 2007. El senador Guillermo Domenech propuso una redacción alternativa que no convenció a los nacionalistas.
Sin embargo, la coalición se adentró en paralelo en un debate que parecía laudado: la eliminación de la residencia obligatoria del colono en el predio adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización. En el trabajo en comisión se agregó un artículo que exime al trabajador, en determinadas circunstancias, de tener que habitar el lugar.
Una versión similar de este artículo había sido propuesta en enero por el Partido Nacional y se mantuvo hasta última instancia pese a la oposición de Cabildo Abierto y la resistencia de los colorados. Guido Manini Ríos le pidió personalmente al presidente Luis Lacalle Pou que no lo incluyera en el proyecto de ley, algo a lo que el presidente finalmente accedió, aunque se reincorporó en el debate parlamentario.
Con estos y otros cambios la coalición se aseguró, entre enero y fines de mayo, la votación unánime de los tres partidos de la coalición que integran el Senado. Los legisladores tienen tiempo hasta las 23:59 de este domingo para votar la ley, que luego pasará a la Cámara de Representantes.
A partir de entonces los diputados contarán con 30 días para tratarla y votarla. Si el texto es modificado en esta instancia, volverá a la primera cámara, que tendrá otros 15 días para pronunciarse. Si pasan 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente.
Diego Battiste
Versión final del proyecto de ley de urgente consideración by El Observador on Scribd
