La investigación por corrupción en Petrobras y las protestas sociales en Brasil generan divisiones en el partido de gobierno
Las protestas del domingo 15 de marzo dejaron claro en Brasil que una gran porción de la población está descontenta con la gestión del segundo gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que inició su segundo mandato el 1º de enero pasado.
Pero la crisis social desnudó una crisis política que hasta ahora no había mostrado el partido de gobierno. Lejos de vivir la clásica luna de miel de los primeros 100 días, Rousseff se enfrenta a un escenario complicado y acicateado por las dificultades económicas que atraviesa el país.
En un año en el que no se puede contar con la bonanza de los números para que tape deficiencias en la gestión, los casos de corrupción, el ajuste fiscal anunciado y el crecimiento de la oposición en cuanto a la masa electoral, forman un combo explosivo para el gobierno, salpicado por la investigación de desvío de fondos en Petrobras, la petrolera estatal, otrora orgullo de todos y cada uno de los brasileños.
La corruptela involucra a políticos y altos empresarios y se estima que el dinero manejado espuriamente asciende a US$ 4.000 millones, incluidas comisiones y coimas para altos mandos y funcionarios vinculados con el partido de Rousseff.
Además de 12 senadores y 22 diputados que serán investigados por supuesta corrupción –entre ellos los presidentes de ambas cámaras–, la Justicia apuntó al tesorero del PT, Joao Vaccari, acusado por otros imputados de conocer todos los movimientos por los cuales el dinero terminaba en las arcas del partido de Lula y Dilma.
Justamente, Rousseff emuló a su mentor cuando debió enfrentar el escándalo de Mensalao (destapó un esquema de sobornos a legisladores a cambio de votos) y anunció un paquete de medidas en contra de la corrupción.
Pero poco es lo que cree la gente en medidas y en ajustes. Más bien termina por molestarse aún más y autoconvocándose espontáneamente para salir a las calles y poner el grito en el cielo en contra del gobierno.
El descontento social convulsionó la interna del PT y las acusaciones de la Justicia hacia los legisladores provocó una ruptura con el Poder Ejecutivo. Senadores y diputados supuestamente involucrados se desmarcaron del problema de Petrobras y dejaron el fardo a Rousseff, diciendo que los contratos que incluían una comisión del 3% para el PT, eran responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Así, la mandataria no solo enfrenta los reclamos de la población, sino que está a merced de la ebullición al interior de su propio partido, con personajes que no dudan en esquivar los dardos y desviarlos en dirección de quienes, justamente, desviaron millones de dólares.
La crisis se ahondó con el exabrupto del ministro de Educación, Cid Gomes, quien antes de renunciar al cargo llamó “extorsionistas” y “oportunistas” a miembros del Parlamento.
La declaración obviamente creó dificultades en la base del gobierno y enardeció al aliado de todas las horas del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que amenazó con abandonar el apoyo a la presidenta.
El PMDB preside las dos cámaras legislativas y es fundamental para aprobar algunas de las medidas que Rousseff intenta llevar adelante para calmar las aguas.
Manotazo de ahogado
En ese sentido, Rousseff apeló el viernes a la noche a sortear rápidamente la crisis económica, seguramente esperando que una mejor situación en los bolsillos de los brasileños, sea un bálsamo para atenuar el impacto de lo que pueda seguir surgiendo con la investigación del caso Petrobras.
“Solo podemos superar esa situación momentánea de dificultad, ya que nuestro desequilibrio es momentáneo. Tras la aprobación del ajuste salimos de eso en el corto plazo”, afirmó la jefa de Estado en un discurso en el estado de Río Grande del Sur.
El gobierno había anunciado a comienzos de este año una serie de medidas de austeridad, que incluyen el control de gastos, el aumento de impuestos, el encarecimiento del crédito y el recorte de ciertos beneficios laborales, para hacer frente al déficit récord en las cuentas públicas del año pasado.
Sin embargo, las voces dentro del oficialismo no suenan todas en la misma dirección, por lo que la presidenta tendrá una ardua tarea, primero, para calmar los ánimos en la interna y poder seguir manteniendo el control de la situación. Segundo, para que los escándalos de corrupción no sigan socavando la plataforma del poderoso PT.
