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Medidas extremas: 74 familias fueron realojadas por ser víctimas o testigos comprometidos desde 2018
El Programa de Medidas Especiales de Protección de la Fiscalía General de la Nación ha asistido a 350 personas desde su puesta en marcha en el año 2018, indicó la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari, durante su intervención en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador, afirmó que se relocalizaron a 74 núcleos familiares.
La relocalización es la medida más extrema que puede tomar el programa y puede ser dentro del mismo departamento, pero también a otros o incluso a otros países.
La gran mayoría de las relocalizaciones tuvo lugar en los primeros dos años de funcionamiento del programa, en donde se reubicaron a cerca de 60 familias, según dio cuenta el entonces fiscal de Corte Jorge Díaz en una conferencia de prensa el 9 de setiembre de 2019.
El plan se comenzó a pensar a fines de 2017, cuando las autoridades advirtieron que había testigos que querían declarar por el caso de las usurpaciones en Casavalle, pero temían por su vida. Algunos se animaban a comentar que habían tenido que abandonar su casa de apuro, bajo amenaza de muerte de parte de un clan familiar que se hacía conocer como Los Chingas. En el lapso de un año había dejado a 110 personas sin hogar.
A octubre de 2018, 38 núcleos familiares habían sido realojados por el Estado. Algunos recibieron un subsidio de alquiler, otros una canasta de materiales para que puedan construir su propia vivienda al tiempo que algunos recibieron una vivienda a préstamo durante el período que se considerara necesario, según el caso.
Estos eventos, que se concentraban principalmente pero no únicamente en Casavalle, provocaron que este tipo de asistencia fuera más necesaria al principio de este lustro.
A su vez, Solari también destacó el incremento en la asistencia a los testigos, que inicialmente era residual (en 2018 fue 5%) y el año pasado creció, llegando a significar el 24% de los casos. La mayoría son testigos de casos de narcotráfico y/o homicidios.
El promedio de las penas por homicidio simple es de 7 años y 2 meses de prisión
En esa misma comparecencia al Parlamento, también intervino el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien se expresó sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de aumentar la pena del homicidio simple, que tiene 2 años de mínima y 12 de máxima, a 6 y 18 años, respectivamente. Eso impediría la posibilidad de celebrar acuerdos abreviados, dado que la norma establece que esa vía procesal se puede aplicar solo en aquellos delitos que tienen una pena mínima de no más de 4 años.
Tal y como informó El Observador, los diputados acordaron –al menos inicialmente– dejar por fuera todos los cambios legislativos en materia penal de la Rendición de Cuentas y tratarlos aparte, en profundidad y con más tiempo, en la Comisión de Constitución y Legislación. Así, no debatirían sobre esos puntos apurados por los plazos legales que supone un proyecto de Rendición de Cuentas.
Pese a eso, el fiscal argumentó porqué cree que sería contraproducente. En primer lugar, porque sostuvo que, en conversación los fiscales especializados, concluyeron que la cantidad máxima de juicios por año que podrían tener son 11 o 12.
"Cuando se desarrolla un juicio oral y público de homicidio, el trabajo que requiere a la institución Fiscalía, a la institución Ministerio del Interior, al ITF, a la Policía científica es absolutamente desmedido cuando ninguna de esas instituciones cuenta con recursos que paguen a quienes suplanten a quienes deben ir a comparecer en un juicio. Además, los avatares de los juicios son absolutamente impredecibles: se puede estar citado para las dos y ser llamado a prestar declaración a las cinco, a las seis. Esa es la vida de los procesos orales y públicos que no se desarrollan en un día, que por lo general requieren -con buena suerte- diez o doce días de trabajo constante", explicó.
Además, destacó que la pena promedio desde 2019 hasta el 30 de junio de 2023 para los homicidios simples fue de 7 años y 2 meses, es decir, muy por encima del mínimo legal (2 años) y también por encima del mínimo que pretende imponer el Poder Ejecutivo, que era de 6 años.
Ante el incremento del trabajo de las fiscalías especializadas en homicidios de Montevideo, el fiscal de Corte solicitó presupuesto para incorporar tres fiscales adscriptos más a esas fiscalías. Al ilustrar el esfuerzo que, según cuenta, significa un juicio, sostuvo que un equipo de tres personas –como son actualmente– queda paralizado cuando dos de ellos tienen que participar de un juicio durante una semana seguida o incluso más.
En los juicios no puede haber un solo fiscal "porque sería regalarse", entonces habría solamente uno en la fiscalía que, además de ayudar en la preparación, debería atender "las múltiples investigaciones" que están en curso, explicó Gómez.
"¿Qué estamos fomentando si no adoptamos ese tipo de soluciones? Estamos fomentando la impunidad", manifestó sobre la necesidad del refuerzo para estas fiscalías.
