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Oficialismo quiere obligar a funcionarios y exjerarcas a declarar ante las investigadoras
Las reiteradas ausencias de exjerarcas frenteamplistas a la comisión investigadora que indaga en las presuntas irregularidades en las licencias docentes prendió las alertas entre los legisladores del oficialismo, que a partir de esa situación evalúan realizar cambios normativos para "obligar" a los funcionarios públicos a comparecer ante el Parlamento cuando se los solicita.
El diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) ajusta los detalles de un proyecto de ley para reformar la ley de funcionamiento de las comisiones investigadoras, vigente desde 1995 y así poder obligar a prestar testimonio en esos ámbitos a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido responsabilidades públicas, y que se los convoque por ese motivo. El texto, que ya cuenta en lo previo con el visto bueno de los otros partidos de la coalición de gobierno, planteará que la negativa de un funcionario a concurrir a un ámbito de este tipo será considerada una "falta grave".
En diálogo con El Observador, Schipani explicó que la iniciativa también comprenderá a las personas que ya se hayan retirado de la función pública. De acuerdo al borrador del proyecto, una negativa a cumplir con la investigadora implicaría la inhabilitación para ocupar cargos en el futuro.
Si bien hoy está estipulado que los funcionarios públicos convocados deben comparecer, la normativa no incluye sanción de ningún tipo.
La propuesta del oficialismo, inspirada en lo que ha sucedido en la comisión que investiga las faltas docentes bajo la administración frenteamplista, supone un nuevo intento de volver obligatoria la presencia de funcionarios y exfuncionarios públicos en las comisiones investigadoras parlamentarias. En febrero de 2016 ya se había sido presentado un proyecto similar, en esa oportunidad por parte del entonces senador colorado Pedro Bordaberry. Aquel proyecto preveía la posibilidad de "conducción forzada" de los testigos renuentes, la intervención de la fuerza pública ante una negativa y responsabilidades por falso testimonio.
Más atrás en el tiempo, en julio de 1985, el diputado nacionalista Walter Santoro presentó un proyecto que regulaba las comisiones investigadoras, y las habilitaba incluso a ordenar allanamientos, de forma análoga a la Justicia. La normativa se aprobó casi una década después –y es de hecho el marco legal que rige actualmente–, pero el presidente Luis Lacalle Herrera vetó parcialmente la ley dejando por el camino varias de las atribuciones que otorgaba el proyecto original.
El pasado lunes, durante la última sesión de la comisión que analiza una serie de denuncias contra varios dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Schipani planteó la necesidad de una reforma, luego que la comisión recibiera una nueva negativa a concurrir, esta vez por parte de la exministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
La exjerarca había confirmado previamente su presencia, pero luego envió un correo electrónico descartando la invitación, pocos minutos antes del inicio de la sesión el pasado lunes. "Es una falta de respeto al Parlamento y a la comisión investigadora", dijo Schipani, y añadió: "Es alarmante que personas que ejercieron responsabilidades políticas de primer orden en la conducción de la educación del país no quieran venir a la comisión a aportar información sobre hechos sumamente graves, como los que estamos investigando".
Para Schipani, existe un "desconocimiento" hacia el Parlamento y su rol de investigación. El legislador asoció la negativa de Muñoz a algunos dirigentes sindicales, como el secretario general de Fenapes, José Olivera, que a principios de diciembre fue acusado por el oficialismo de "huir" sin responder preguntas.
Entorpecimiento infantil
"No puedo dejar de pensar que lo que hay es una concertación", dijo Schipani sobre las continuas negativas de varios invitados a declarar ante la investigadora. "Llamativamente, son todos actores que ocuparon responsabilidades en gobiernos anteriores, que, además, aducen que su testimonio resultaría irrelevante para el objeto de la investigación.
Para el diputado colorado Gustavo Zubía (Tercera Vía), se trata de una estrategia concertada. "Son numerosas ya las declaraciones de testigos citados que valoran, por sí y ante sí, si son pertinentes o no sus declaraciones", dijo. "Es la comisión la que tiene que hacer esa valoración". Se trata, a su juicio, de una "concertación de voluntades que no pueden ser aleatorias".
"Cabe presumir que los testigos han planificado este tipo de estrategia, ya que sería absolutamente imposible que autovaloren la capacidad o no de aportar elementos", dijo. Zubía adjudicó el hecho a una suerte de "entorpecimiento infantil" y no "agravar" la situación de los investigados.
Para el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto), por su parte, lo que se pretende es deslegitimar el trabajo de la comisión. Recordó así la decisión del Frente Amplio, que a mediados de diciembre decidió retirar a sus representantes de la comisión. En su visión, con la negativa de exjerarcas y representantes sindicales a concurrir lo que se pretende es transmitir una visión de que la investigadora termina siendo una "reunión de amigos".
Lust dijo estar de acuerdo con el proyecto de Schipani y remarcó la necesidad de incluir una sanción ante eventuales incumplimientos. "Un proyecto que no tenga sanción termina siendo una norma moral", apuntó.
La carta de Muñoz
En una extensa carta, a la que accedió El Observador, Muñoz justificó su negativa por "inconvenientes surgidos a último momento". De todas formas, recordó que su rol en el ministerio se limitaba a "marcar los lineamientos generales" de la gestión" ya que, en función de su autonomía, cada consejo tomaba sus decisiones.
"El ministerio no puede ni debe interferir en los controles de asistencia de docentes y durante mi gestión no lo hizo, lo que vuelve innecesaria e irrelevante mi presencia en esa comisión investigadora", señaló la exministra.
En su argumentación, Muñoz dijo además no querer "distraer más tiempo del trabajo parlamentario, ya que en el país suceden situaciones graves que solicitan la atención parlamentaria". Entre ellas, enumeró "la situación de pandemia, la violencia de género, la mayor desigualdad, la caída del salario real y de las jubilaciones, la reducción de horas docentes, el incremento de las tarifas y la violencia en los centros educativos". Todas, a su juicio, preocupaciones de la ciudadanía que los legisladores deberían estar abocados a mejorar.
Este último párrafo generó el rechazo de la bancada oficialista. "Le está indicando al Parlamento cuáles son los temas que debe tratar", observó la diputada nacionalista Carmen Tort, al definir la actitud de Muñoz como "una falta de respeto".
Falta de garantías
A la negativa de Muñoz se le suma una larga lista de exjerarcas que también desistieron de concurrir a la comisión, entre ellos el exconsejero de Secundaria Javier Landoni. En su mensaje, Landoni alegó "sentirse representado" por lo expresado por la expresidenta de Secundaria Celsa Puente que se presentó ante la investigadora en noviembre del año pasado. Allí Puente había reconocido el polémico formulario 70.10, utilizado por Fenapes, no servía para jusitificar faltas, pese lo que cuestionó la "dimensión extraordinaria" que se le estaba dando a las licencias sindicales.
Landoni estaba convocado para ese mismo día, pero la extensa declaración de Puente le impidió participar. Prometió volver, pero no lo hizo.
También rechazaron la convocatoria la profesora Sandra Cunha, el exinspector Jorge Barrera y la exprosecretaria de Secundaria, Victoria Cros. En su caso, la negativa estuvo fundamentada en que la ausencia del Frente Amplio en la comisión "no le genera garantías".
El trabajo se la comisión se retomará el lunes 21, con la presencia de las actuales autoridades del Consejo de Secundaria.
