Operación Océano: abogados presentaron otro recurso de nulidad

El documento —redactado por los penalistas Jorge Pereira Schurmann, Pablo Donnangelo, Gastón Chávez, Gustavo Bordes, Eduardo Sasson y Andrés Añasco— especifica que la fiscalía manifestó que contaba con evidencias como la declaración de las víctimas, el análisis de sus redes sociales y teléfonos celulares, pero la defensa de los imputados no pudo acceder a la totalidad de las evidencias recabadas, denuncia que los archivos que fueron entregados por la fiscalía están borrados y que no tienen certeza sobre qué es lo que integra el legajo ni cuál fue el contenido de la evidencia que se utilizó para formalizar a los imputados.

Al mismo tiempo, los defensores pidieron la exclusión de la evidencia para que los celulares incautados y el resto de los dispositivos no fueran utilizados en la declaración anticipada de las víctimas ni en posteriores instancias de la investigación. 

Los 21 defensores que presentaron el recurso señalan que los imputados fueron sometidos "a medidas cautelares que perduran hasta la actualidad (en las que se incluye la suspensión de los derechos inherentes a la patria potestad) y que incluso han determinado pérdidas de puestos de trabajo, sumarios, linchamientos sociales, cese de actividades económicas, sociales y empresariales, imposibilidad de salir del país, entre tantos otros perjuicios", se detalla en el escrito al que accedió El Observador.

Los abogados denuncian que durante el transcurso de la investigación "se han verificado un cúmulo de irregularidades que violentan flagrantemente los principios elementales del Derecho Penal y Procesal Penal democrático, así como la normativa internacional de Derechos Humanos".

El escrito está además firmado por los penalistas Juan Manuel González; Santiago Ferrín; Rodrigo García; Alejandro y Darlos Balbi; Pablo Casas; Carolina Bautel; Mario Moll; Ignacio Durán; Alberto Rojas; Daiana Abrazinskas; Rafael Scelza; Ana Frontán; Juan Fagúndez y Martín Acosta .

En la audiencia del pasado 23 de febrero se discutió el reclamo de los abogados de no acceder a las evidencias de la fiscalía, y esa instancia fue suspendida por la jueza Beatriz Larrieu luego que los penalistas cuestionaran que, además, había un celular de la principal víctima sobre el cual no tenían conocimiento. 

Sobre esa instancia, los defensores detallaron en el recurso que se constataron "graves irregularidades respecto del manejo de la carpeta investigativa y en especial del contenido de los celulares que fueran incautados a las presuntas víctimas" que se utilizaron como base de la evidencia para formalizar la investigación y son un "elemento esencial para las declaraciones anticipadas solicitadas por la fiscalía". Esto había sido denunciado en varios escritos de los abogados que fueron presentados en la Justicia.

Por otra parte, argumentan que la fiscalía "no estaba en condiciones de asegurar la integridad y fidelidad de la evidencia recolectada" en la investigación, lo que genera un "grado de incertidumbre al respecto que torna imposible la continuidad del proceso".

En este sentido, afirman, entre otras cuestiones, que el segundo celular de la principal víctima del caso —al que los defensores aseguran que no accedieron— se relevó como una "evidencia física" y no digital, por lo que fue "manipulado sin ningún control ni cuidado por la integridad de la información en él contenida", por lo que se rompió la cadena de custodia.

  https://www.elobservador.com.uy/nota/abogados-de-operacion-oceano-denunciaran-que-la-fiscal-dijo-en-publico-nombre-de-principal-victima-20213219380

Acceso a evidencias

Algunos argumentos esgrimidos en el recurso se vinculan con los principios de igualdad y publicidad inmediata del nuevo Código Penal. 

"Existe una estrecha e inquebrantable relación entre los principios de igualdad y publicidad interna inmediata que el nuevo Código del Proceso Penal reconoce al defensor para el ejercicio efectivo de la intervención, asistencia y representación en su rol tuitivo de los derechos del imputado", se detalla en el recurso. En este sentido, añaden que tienen derecho a "tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público”.

Afirman, además, que la defensa tiene derecho desde el comienzo de la indagatoria preliminar a acceder a todos los elementos que existan en la carpeta investigativa de manera de preparar su “teoría del caso” y recolectar evidencias.

 "En este caso se ha coartado durante meses, aun antes de la formalización, el acceso a todas las evidencias que contaba la Fiscalía, incluso las que ya existían antes de la formalización y que eran insusceptibles de verse afectadas o perjudicadas por el conocimiento de los defensores", señalan en el documento.

Este recurso se suma a otro de similares características que presentaron la semana pasada los abogados Martín Frustacci y Nicolás Pereyra, en el que especifican que la fiscal Viera ocultó pruebas a la defensa.