Mundo > Conflicto ambiental en Chile

Paro de los trabajadores del cobre por el cierre de una planta en el “Chernóbil chileno”

Comprende a los trabajadores de la estatal Codelco, la mayor productora mundial, debido al cierre de la Fundición Ventanas, una planta responsable de graves y reiterados casos de contaminación
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23 de junio de 2022 a las 05:04

Los trabajadores de todos los sectores de la estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo y que explica entre el 10% y el 15% del PIB del país, comenzaron un paro nacional "indefinido" que, según los sindicatos, tendrá un costo de diario de US$ 20 millones para la compañía.

La medida de fuerza es consecuencia de la decisión del directorio de la compañía -adelantada por el presidente Gabriel Boric el pasado viernes- de cerrar la Fundición Ventanas, una división del gigante del cobre ubicada en la bahía de Quintero y Punchuncaví, a 140 kilómetros de Santiago de Chile, debido a los permanentes episodios de contaminación en una zona conocida como el "Chernóbil chileno".

Mediante un comunicado, la empresa señaló que "la compleja situación socioambiental del polo industrial quedó expuesta en las últimas semanas tras distintos episodios de intoxicaciones". El texto agrega que la planta, localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario, “ha causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores".

Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), a través de un comunicado, señaló que el paro alcanza a diversas divisiones de Codelco -como las de Chuquicamata, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, Salvador, Andina y El Teniente, ubicadas en el centro y norte del país- y que la “paralización” de las plantas es “en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de la División Ventanas".

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió que la medida genera una “alteración en la tareas”, situación que adjudicó a “la movilización de los dirigentes gremiales” en los accesos. De esta forma relativizó lo afirmado por la FTC con relación a la paralización. Marcel habló sobre el conflicto en un acto público en el que anunció “la reinversión del 30 por ciento de las utilidades anuales hasta 2024”. Una medida polémica ya que, según la ley, la empresa debe entregar todas sus ganancias al Estado.

Con relación al costo económico de la medida lanzada por la FTC, Maciel dijo que para que el perjuicio fuera de US$ 20 millones por día “Codelco tendría que paralizar abruptamente todas sus operaciones y no recuperar la producción perdida en el futuro y ninguna de esas cosas están ocurriendo". No obstante, el funcionario no estimó el daño que genera la movilización a las arcas de la compañía, que explica el 8% de la producción mundial de cobre.

La FTC llamó a profundizar la medida

La FTC -que agrupa a unos 14 mil trabajadores de Codelco-, también convocó a los contratistas externos -que en este caso superan los 40 mil- a plegarse a la medida, según explicó el presidente del sindicato, Amador Pantoja. El gremio considera "arbitraria" la decisión del cierre y exige al gobierno que invierta unos US$ 54 millones para que la planta cumpla con estándares ambientales más altos.

Barricadas incendiadas y decenas de trabajadores se manifestaron con banderas de Chile bloqueando el acceso a la fundición. "No al cierre, sí a la inversión", indicaba una de las pancartas ante la decisión de la empresa, adoptada después del episodio de contaminación del aire ocurrido el 9 de junio pasado y que afectó a 75 personas, la mayoría escolares. La situación obligó a un nuevo cierre de las escuelas de la zona, hecho que se repite desde hace décadas como consecuencia de la polución.

"No queremos más zonas de sacrificio. Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro medioambiental severo que hemos causado o consentido, y que como chileno me avergüenza", señaló el presidente Boric.

La zona fue calificada por Greenpeace como el "Chernóbil chileno" en 2018, cuando unas 600 personas de Quintero y Puchuncaví acudieron a centros médicos con cuadros clínicos como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos y parálisis de las extremidades, además de ronchas en la piel.

La historia, sin embargo, se remonta a 1958, cuando el gobierno decidió relegar la pesca artesanal y la agricultura para convertir la zona, en la cual hoy habitan unas 50 mil personas, en un polo industrial en el que funcionan cuatro centrales termoeléctricas a carbón, y refinerías de crudo y cobre.

La protesta de los trabajadores

Tan pronto se divulgó la decisión, decenas de trabajadores de la Fundición Ventanas salieron a protestar en contra del cierre. "No somos los responsables de la contaminación. Necesitamos la inversión y no estamos de acuerdo con esta decisión, ya nos han cerrado y eso no cambia la contaminación", dijo uno trabajadores a los medios chilenos que cubren la noticia en el lugar.

Desde La Moneda (la sede del Ejecutivo), Boric aseguró a los 350 empleados de la fundición que ningún trabajador o trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía. "Sus puestos están asegurados en otras divisiones, en las mismas condiciones que tienen actualmente, sin menoscabo alguno", enfatizó. La firma, por su parte, precisó que establecerá diversas fases para el cese de las operaciones y que el cierre definitivo tardará meses. Además, señaló que buscará una "transición justa" para los empleados.

“Nos están matando en silencio”

"Mamá, me siento mal", le dijo Florencia a su madre, Carolina, tambaleándose por la tos y los problemas para respirar. Carolina Astudillo recuerda con tristeza cuando la llamaron desde el colegio donde estudia su hija para comunicarle que se sentía mal. “Florencia tuvo que llegar a casa por sus propios medios. Me di cuenta que tenía dormidos sus pies, tos, le picaba la garganta, no podía respirar", relató la madre a AFP.

Desesperada, Carolina tomó a su hija y salió a la calle para llevarla de emergencia al hospital de Quintero. “Los médicos no sabían qué pasaba. Llegaban y llegaban niños, pero no tenían los insumos para atender una emergencia así. Tuve a mi hija con suero y su diagnóstico fue intoxicación por gases desconocidos", explicó Astudillo.

El episodio, el último de una larga serie, fue el que disparó la determinación de cerrar la planta, luego de constatarse que de los 75 intoxicados 50 eran niños y el resto ancianos. Según Greenpeace, el enorme parque industrial alberga 15 fuentes contaminantes. Pese a que la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó a ocho compañías medidas para reducir las emisiones, la contaminación supera cinco veces la norma. Codelco, responsable del 8 por ciento de la oferta mundial de cobre, es señalada como una de las principales responsables.

"Nos están matando en silencio, que es lo terrible", dijo María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Usuario del Hospital Adriana Causiño de Quintero. En 2019, el entonces gobierno del derechista Sebastián Piñera ideó un plan de descontaminación para congelar todas las emisiones y establecer una reducción de material particulado, básicamente dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. La población denuncia que no ha sido suficiente.

Araya, cuya hija mayor fue afectada en la contaminación de 2018, explicó que "las emisiones comienzan a las diez de la noche y se extienden hasta las cuatro de la madrugada". Subrayó, además, que las mediciones de contaminantes "no han sido eficientes", y que el hospital de Quintero "no tiene las capacidades para atender este tipo de emergencias".

La situación, no obstante, divide agua entre los pobladores. Muchos trabajan en el parque industrial y han salido a protestar por la contaminación, pero no demandan el cierre de las empresas. Exigen al Estado un mejor hospital, detener nuevos proyectos, trasladar la fundición y cerrar las termoeléctricas de carbón. "Todos podemos vivir en un ambiente limpio donde se pueda trabajar, producir y vivir en paz. Eso es lo que queremos, buscamos el equilibrio", dijo Carolina.

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