Once abogados de Operación Océano se retiraron del grupo de WhatsApp que había conformado en setiembre la fiscal del caso, Darviña Viera, con todos los defensores de la causa de explotación de menores, que tiene hasta el momento a 33 enjuiciados por distintos delitos sexuales.
La fiscal había creado el ámbito con la finalidad de mantener al tanto a los abogados de los determinados pasos que se van dando en la indagatoria. La iniciativa no tenía precedentes y algunos penalistas lo tomaron con sorpresa, pero esperaron unas semanas para evaluar si lo terminaban de aceptar.
Recordaron que cuando se formó el grupo, el 24 de setiembre, varios de los abogados agradecieron "tal iniciativa como una manera informal de agilizar y facilitar la tarea de todos, siempre con la mayor buena fe", según el escrito al que accedió El Observador y que está firmado por los penalistas Jorge Pereira Schurmann, Andrés Añasco Viera, Alejandro y Carlos Balbi, Alberto Rojas, Santiago Alonso, Enrique Díaz, Pablo Casas, Pablo Donnangelo, Rodrigo García y Pablo Barreiro.
Los abogados también señalaron en el documento, que fue entregado a Viera en la tarde de este jueves, que cuando se formó el ámbito uno de ellos indicó que se asumía que el grupo de WhatsApp iba a ser "un canal informal de comunicación" y que no iba a "sustituir los canales formales de comunicaciones previstas en el nuevo Código del Proceso Penal, que asignan mayores garantías a las defensas", a lo que Viera entonces respondió: "Exacto! Es para cosas como las que comuniqué arriba. Solo cuando se comunican cosas prácticas para tod@s, (y) cada uno puede comunicar individualmente por algo particular".
Pero eso no se respetó, según los penalistas firmantes, quienes representan a 18 de los 33 imputados. Señalaron que en un documento que Viera envió a la Justicia el 20 de octubre, la fiscal informaba que algunas de las pericias de la investigación estaban prontas, y que había notificado a los defensores de esa información a través del grupo de la aplicación de mensajería.
"Como se observa –dice el escrito de los abogados–, se traslada al ámbito judicial un mecanismo de comunicación, NO DE NOTIFICACIÓN, contraviniendo lo expuesto por la fiscalía".
Pero además dieron cuenta de un segundo episodio, que tuvo lugar durante la última audiencia de la causa, el 5 de noviembre, cuando iba a declarar por primera vez una de las 20 víctimas de la investigación como prueba anticipada, aunque la instancia fue prorrogada por la jueza una vez que se había iniciado al aceptar el reclamo de los abogados de que había varias pericias –como la de los celulares de las jóvenes y los imputados, entre otras– que aún no estaban prontas.
En esa instancia, "tanto la fiscalía como la defensa de una de las víctimas hicieron alusión a las comunicaciones mantenidas a través de ese grupo, asignándole un alcance o validez jurídica de la que este carece", concluyen los abogados.
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