"Salvajada". Así definió el juez penal Nelson Dos Santos las agresiones que cuatro policías de la Guardia Republicana cometieron contra un grupo de 19 internos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) durante un traslado en ómnibus, accionar que motivó que los funcionarios fueran procesados ayer con prisión por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones personales.
El episodio había ocurrido hace cuatro meses, en la noche del sábado 22 de agosto. Ese día, debido a que los funcionarios del Centro de Ingreso Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd) dejaron de trabajar en rechazo a los procesamientos de 26 trabajadores del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) que un día antes habían sido imputados por torturas por la agresión contra un grupo de internos, se distorsionó el servicio en ese establecimiento.
Por esa razón, las autoridades decidieron trasladar a los 19 internos del Ciedd a otro hogar del Sirpa, para la que se requirió la presencia de la Guardia Republicana con un ómnibus de esa unidad de la policía militarizada. En el viaje, los efectivos golpearon duramente a los menores, que se encontraban esposados y engrillados.
"A esta altura de la investigación no hay duda razonable de que en el caso de autos los funcionarios encargados de la custodia de los internos han cometido una verdadera tropelía o salvajada respecto de estos", expresa el fallo dictado por el juez Dos Santos que ayer, a pedido de la fiscal Sandra Boragno, envió a prisión a cuatro efectivos de la Guardia Republicana.
"No había necesidad alguna de uso de la fuerza en el momento en que se producía el traslado de los jóvenes, quienes estaban plenamente asegurados con esposas y/o grilletes en un bus especialmente acondicionado para el traslado de personas privadas de libertad y sin ninguna posibilidad de escapatoria", afirma el juez en el auto de procesamiento.
"Nada, absolutamente nada, se ha probado en la causa que diera mérito a la necesidad de tal uso irracional de la fuerza, que indudablemente comprometió la integridad moral y física de los adolescentes y su propia vida", insiste el juez.
El fallo reproduce textualmente la declaración de uno de los menores: "Me pegaron en la cabeza con un palo grande y grueso. Quedé medio mareado... me recuperé y me dieron en la espalda. Decían: '¿quién manda acá?'. Los gurises decían la Metropolitana y ahí decían: 'Muy bien. Así me gusta palo y palo". Según Dos Santos, relatos de ese tenor "se repiten" entre los jóvenes "y se ajustan plásticamente a las evidencias constatadas por los médicos intervinientes en la mayoría de los adolescentes".
La abogada Martha Valfré, defensora de uno de los policías de la Guardia Republicana acusado de haber subido al ómnibus y golpear en la cabeza con su bastón en la cabeza a un adolescente (tan así que el implemento se rompió) dijo a El Observador que no comparte la decisión porque "no había elementos de convicción suficientes" como para disponer su procesamiento.
El juez citará como testigos a los diputados Fernando Amado, Luis Puig y Óscar Andrade, quienes en su condición de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos constataron la condición en la que quedaron los adolescentes. Por otra parte, el magistrado citará a un comisario que integra el equipo de negociadores que actúan en situaciones de conflicto en nombre del Ministerio del Interior.
Por otra parte, el juez Dos Santos coincide con la fiscal Boragno en que el accionar de los policías de la Guardia Republicana no encaja en el delito de tortura, previsto en la ley 18.026, "por cuanto es requisito típico de esa figura que la conducta sea cometida como parte de un ataque o destrucción masiva contra un grupo determinado de personas". La abogada de los jóvenes, Verónica Carneiro, discrepa y cree que debe aplicarse el delito de tortura.
