Policías hablan de una realidad "espeluznante" en las cárceles: advierten déficit de 1.500 funcionarios

Uno de ellos es el  Sindicato Único Policial del Uruguay (SUPU) cuyo secretario general, Jorge Clavijo,  habló de una situación sumamente compleja en determinados centros: la Unidad 1 de Punta de Rieles, el Penal de Libertad, Santiago Vázquez, la Unidad 7 de Canelones y la Cárcel de Las Rosas, en Maldonado. 

"No vemos que la solución pase por la creación de tres nuevas cárceles si no atendemos la situación que tenemos hoy" expresó el dirigente durante la última sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, en relación a una medida anunciada recientemente por el Ministerio del Interior. "Si estas nuevas cárceles no vienen acompañadas del ingreso masivo de funcionarios, no va a cambiar nada", sostuvo.

Según Clavijo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) existe una carencia de 1.500 funcionarios en todo el país. Al mismo tiempo, la última Rendición de Cuentas suprimió 50 cargos de operador penitenciario, ante la necesidad del Ministerio del Interior de contar con más policías en la calle. 

"Era necesario que esa gente siguiera trabajando en cárceles, por lo menos para paliar y apoyar también al funcionario policial, pero todas esas vacantes se están yendo y seguimos con la misma situación de parches", advirtió. 

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En el Módulo 10 de Santiago Vázquez, dijo, habitualmente hay un solo funcionario para custodiar a 800 internos. "Con suerte, puede haber dos", sostuvo. "El desborde que está teniendo el personal policial es preocupante", sostuvo.

Clavijo recordó que en 2010 el sindicato había denunciado las pésimas condiciones de la Cárcel de Rocha en la que, poco después, hubo un incendio en el que murieron 10 reclusos. "Parece que las denuncias caen en saco roto y nunca se procede a tiempo", insistió.

Según este informe las carencias también comprenden al cuerpo de traslado y seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que solo cuenta con 10 unidades para conducir a reclusos en todo el país. 

El dirigente apuntó además sobre un desborde en la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), tanto en carencia de personal como de logística para atender a las 12.000 personas que hoy están bajo este tipo de medidas. Se trata de una situación que ya fue advertida por el comisionado Juan Miguel Petit, al sostener que hay solo 20 técnicos para las tareas de seguimiento. 

Clavijo también habló de una carencia absoluta de protocolos para prevenir contagios de covid-19 en las cárceles. "No existe", concluyó. 

Sus expresiones fueron ratificadas por otro dirigente del sindicato, Sergio Ceriani, al apuntar que la realidad es mucho más compleja que un informe escrito. "En el lugar es mucho más espeluznante que la letra fría", aseguró. 

Según su visión, la situación repercute directamente en los policías a nivel personal y familiar. "Vemos a diario a compañeros que tienen problemas de violencia doméstica a casa de esta situación general, del estrés que produce y de la presión, tanto de los jefes como de los privados de libertad", señaló. 

Para Ceriani, la recuperación de los reclusos es imposible en ese contexto. "Imagínense a diez personas conviviendo en un espacio de tres por dos", pidió a los legisladores. "No tenemos la posibilidad ni siquiera de abrirles la puerta para que caminen por un pasillo de diez por dos, porque no hay personal para eso". 

A lo máximo, estimó, apenas uno de cada cinco presos logra algo parecido a una recuperación. Y, con 21 años de experiencia en cárceles, Ceriani sostuvo que el 90% de los policías que trabajan en prisiones resultan agredidos por los presos, con heridas de distinta gravedad. Lo más leve , "un piñazo en la espalda o un sopapo". 

La teoría de los vidrios rotos

La "teoría de los vidrios rotos" fue el resultado de un experimento de psicología social realizado en 1969 Philip Zimpardo, de la Universidad de Stanford, y popularizado por Rudolph Giuliani como alcalde Nueva York. En líneas generales, trató de demostrar que en determinada zona de una ciudad se rompe la ventana de una edificio y nadie la repara, pronto estarán rotas todas las demás. Así, si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto no parece importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. 

Para el Sindicato Policial, eso mismo es lo que está ocurriendo en las cárceles. "Vayan y van a ver la teoría de los vidrios rotos. Es gigantesca", dijo Ceriani. 

Al respecto, los policías coincidieron con un planteo que la semana pasada hizo ante el Parlamento la Asociación de Magistrados Fiscales, que recoge a su vez una iniciativa del comisionado Petit: la creación de una fiscalía penitenciaria, que se ocupe en exclusividad de los delitos que se comenten en las prisiones. "Ese es el respaldo jurídico que necesitamos", dijo. "Si se rompe algo y no se arregla, y no hay una pena para el que lo rompió, las cosas seguirán igual". 

Consultado, el dirigente aseguró que, por lo menos, por día se consuman 20 delitos en las cárceles uruguayas. "Es romper, salir de la celda, ir a otro módulo, romper ese módulo para entrar, ingresar a una celda a robarle a otro preso. De esos, tres o cuatro por día". Ceriani apunto que el ejemplo dado implica que un recluso cometió cinco delitos uno detrás del otro. 

Celdas de alambre

El segundo informe que recibieron los diputados correspondió específicamente a la Unidad 7, la Cárcel de Canelones. Fue elevado por el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) y allí se da una pormenorizada cuenta de un hecho que los funcionarios habían denunciado públicamente hace algunas semanas: la extorsión de los propios policías y de reclusos a manos de otros presos allí alojados

"Agarran a uno que tiene una familia que puede proveerle algo y lo extorsionan", indicó el dirigente Rudeber Buela.

Según dijo, en este caso la situación también tiene su origen en la "dramática" falta de personal que presenta ese centro, en el que, por las noches, dos funcionarios están encargados de custodiar a 1.200 reclusos, que a su vez desborda ampliamente la capacidad locativa de una prisión pensada para 600 personas. 

"Contamos hasta con la buena voluntad y el humor de los presos para que la cosa no pase a mayores", advirtió. Es que, según sostuvo, la mayoría de las celdas en el módulo de seguridad carecen de puertas. Muchas de las que existen, además, no trancan, lo que obliga a los policías a aplicar una solución artesanal: con tenazas, cortar alambre para atar las puertas y así poder contar cuántos presos había en cada celda. 

Luego, contó, se retiran, ya que al poco rato los presos patean la puerta, cizallan el alambre y "quedan sueltos de vuelta". 

La versión del sindicato apunta a que en la Cárcel de Canelones no funciona ninguna cámara, lo cual configura un problema a la hora de que los funcionarios ratifiquen cualquier denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos. 

Una prisión que, según el informe, carece también de agua potable. Algo que, en una lógica de encierro, puede suponer un conato de violencia hacia los policías. "Los tipos se vuelven fieras adentro de las celdas", aseguró. Constituye además un elemento que atenta contra la seguridad sanitaria del lugar. Así, los equipos médicos que allí trabajan no pueden mantener una higiene mínima. 

El sindicato denunció además la ausencia total de medidas de seguridad en el interior de la prisión: No funciona el escáner de metales, tampoco el de "bulto" y, al no contarse con personal , la revisoría no actúa correctamente. "Me vienen 100 personas de visita, y yo no tengo cómo revisarlos", dijo. 

 Eso hace que, por ejemplo, logren ingresar a prisión "un montón de cosas": casi todos los presos cuentan con teléfonos celulares. "Algunos, hasta llegan a tener laptops", indicó. El dirigente señaló por otra parte que la Cárcel de Canelones presente los peores indicadores del sistema penitenciario en cuanto a nutrición. "La comida es agua con retazos de cuero de chancho y pedazos de huesos", dijo. Eso obliga a dejar que la visita ingrese alimentos para compensar la situación, lo que se convierte en otra vía para la entrada de elementos irregulares a la prisión. 

Buela también señaló que no existe ninguna medida para controlar lo que ingresan los propios funcionarios. "Un arma de fuego no entra en la vagina de una mujer, ni en el ano de un hombre. Las metemos nosotros, los policías", aseguró.