28 de abril de 2020 5:03 hs

El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar al líder de Cabildo Abierto por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. En ese momento Manini era comandante en jefe del Ejército.

Para que la iniciativa prospere, y Manini pueda declarar ante la justicia, se requieren al menos dos tercios de los votos del Senado para levantarle los fueros. Hasta el momento, solo el Frente Amplio (más allá de la opinión contraria del expresidente José Mujica) y Cabildo Abierto han adelantado su decisión de acompañar el pedido.  

En el Partido Nacional y el Partido Colorado, no obstante, los pronunciamientos han sido menos concluyentes, y en los últimos días, tanto el colorado Julio María Sanguinetti como el nacionalista Sergio Abreu –los dos senadores con más trayectoria en sus respectivas bancadas– llamaron a adoptar una actitud de cautela a la hora de analizar el tema y tomar una resolución. 

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En su última columna del Correo de los viernes, el dos veces presidente argumentó que "no se trata de buscar el aplauso fácil, ni de personalizar las cuestiones, ni de chicanas políticas", sino "de defender la institucionalidad que es siempre la garantía de todos".

"Hay que estar, con seriedad, a los hechos (...) Todo depende de una calificación racional de los hechos y juzgar si hubo o no una intención delictiva. Razón por la cual, en lo personal, no adelanto una posición definitiva, porque creo que son relevantes esos pasos a dar y no se puede hablar de antemano", escribió.

Diego Battiste

Sanguinetti advirtió que "hay que entender que el fuero parlamentario es un instituto jurídico de tradición universal y que no puede depender de la simpatía o antipatía que genere el legislador involucrado", algo que "desgraciadamente se ha visto con frecuencia en estos días" en los que, según el expresidente, "se opina desde una actitud eminentemente política".

Como ejemplo citó las declaraciones de su "colega Mujica", que en su argumentación contraria al desafuero "da algunas razones políticas que no hacen al caso, porque si esto favorece o perjudica al senador Manini no es el asunto". 

El secretario general del Partido Colorado destacó en más de una ocasión que el fuero no pertenece al "legislador individual" sino a la cámara, y que "se estableció para amparar la libertad del Parlamento, protegiendo a los legisladores de eventuales desbordes o persecuciones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial".

"Por eso se dispone en la Constitución, desde 1830, que el legislador no puede ser arrestado ni acusado criminalmente, aun por delitos comunes, salvo que los dos tercios del total de componentes de su Cámara entienda que 'hay lugar a la formación de causa' y lo declare suspendido en sus funciones", expresó Sanguinetti, y añadió que se trata de un "tema universal" de protección ante las tiranías.

En ese sentido, según el expresidente, "que el legislador cuestionado diga que no quiere la protección 'porque no tiene nada que ocultar', no pasa de ser una definición personal, carente de todo valor para la institución".

Por otra parte, Sanguinetti señaló que "de confirmarse el relato que se ha hecho público, es evidente que si el general Manini tuvo responsabilidades, mucho más las tuvieron el Secretario de la Presidencia y el propio Presidente de la República". "En todo caso, la 'demora' de Manini no era más que eso, una demora, no consumó un ocultamiento, y no tenía ninguna consecuencia porque Gavazzo estaba preso. Y llama la atención que se concentre en él toda la responsabilidad cuando la consumación del ocultamiento estuvo en el Poder Ejecutivo", agregó.

Diego Battiste

Argumento similar es el que maneja el excanciller y hoy senador nacionalista Sergio Abreu. 

En diálogo con El Observador, dijo que los fueros "son parte de la garantía del ejercicio parlamentario" y "no es un tema para el cálculo político, si conviene o no conviene". "El Frente está calculando 'lo voto o no lo voto'. Pero esto no es asunto de cálculo electoral", agregó.

Según Abreu, lo principal es "ver si se cumplen los requisitos para levantar el desafuero del legislador", algo que se "desprenderá del análisis del expediente". 

"El manejo tiene que ser con seriedad y con referencia a una seguridad jurídica. Hay que ver si se trata de un delito grave y no son cosas muy sencillas", afirmó el senador blanco, e insistió en que "lo que debe prevalecer es el respeto por los requisitos y procedimiento de las Constitución". "Hay que proteger los fueros", señaló.

De Enrique Erro a Rodolfo Nin Novoa

En su argumentación, tanto Sanguinetti como Abreu acudieron a casos de votaciones de desafuero de legisladores frentemplistas que encontraron votos negativos en los partidos tradicionales. 
El expresidente puso el caso de Rodolfo Nin Novoa, a quien se lo acusaba de omitir ciertos bienes en sus declaraciones juradas presentas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). "El Frente Amplio recordará que cuando la justicia pidió el procesamiento del entonces vicepresidente (en realidad en ese entonces era senador) Nin Novoa, se votó en contra", expresó Sanguinetti.
"Había omitido –y se probó-–declarar un bien en su patrimonio; sin embargo, se entendió que no había allí una intención delictiva y que su error no era suficientemente grave como para ameritar el desafuero. Esto ocurrió el 2 de agosto de 2011. Como explicó entonces el diputado Ope Pasquet, el pronunciamiento tenía que referir a 'si hay lugar a la formación de causa', por lo que hay que hacer una estimación de hecho y derecho, pensando en el fuero parlamentario", escribió el hoy secretario general colorado.
Abreu, por su parte, evocó el polémico pedido de desafuero al socialista Enrique Erro en abril de 1973, que se rechazó en junio y marcó la antesala de un Golpe de Estado que ya se había adelantado en febrero. En particular, resaltó la actuación por esos días del senador blanco Washington Beltrán. "Estuve repasando las versiones taquigráficas. Beltrán le dijo: mire, tengo la convicción moral de que usted al revés me hubiera llevado al paredón, pero yo soy apegado a derecho y no veo elementos", contó el excanciller.
La justicia acusaba a Erro de formar parte de la estructura de los tupamaros y por eso pidió al Parlamento su desafuero el 25 de abril. Héctor Amodio Pérez fue uno de los que lo acusó públicamente. Tras varios tironeos entre el Poder Legislativo, el gobierno de Bordaberry y los mandos militares, en junio el Senado se declaró incompetente para resolver el asunto. En su primera alocución como dictador, el 27 de junio, Bordaberry mencionó esa negativa como justificativo de la disolución de las Cámaras.  

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