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¿Por qué están libres asesinos de Santa Lucía? Crímenes de hinchas reactivaron debate por vericueto legal que lo habilita

Para el fiscal Romano es "un error" que estén libres, los penalistas lo cuestionan

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15 de enero de 2022 a las 05:01

El asesinato del hincha de Nacional Washington Omar Simón, y el posterior homicidio de un joven de 17 años en La Unión que usaba una camiseta de Peñarol, reinstaló el debate por la muerte de Hernán Fiorito, cuyos homicidas están libres por un vericueto legal, y reavivó el ambiente caldeado en las barras a días de que se juegue el primer clásico de la temporada entre ambos equipos.

Simón fue baleado en la feria conocida como vía blanca que se realiza en la avenida 8 de Octubre todos los 5 de enero. Tras su fallecimiento, un adolescente de 17 años, que estaba con una camiseta de Peñarol, fue asesinado de un disparo en la cabeza a ocho cuadras del sanatorio Casmu donde se encontraba el hincha tricolor. 

El hecho de que Simón, uno de los partícipes del crimen de Fiorito -el hincha de Peñarol que fue asesinado en Santa Lucía, en 2016- estuviera en libertad, implicó un “error”, que se podría haber evitado, según manifestó este viernes el fiscal de Fragancia de 9° turno, Fernando Romano, quien se reintegrará a trabajar el próximo lunes y llevará adelante la investigación penal.

Romano manifestó que discrepa con la decisión de la fiscal adscripta de Las Piedras, Alba Regueira, y afirmó que no debió dejar libre a 15 de los 16 coautores que participaron del homicidio de Fiorito. “Creo que hubo un error, que en este momento está en el Tribunal de Apelaciones, en relación a esa libertad. La Justicia en este caso no es abstracta, sino que las personas que actuaron cometieron un error grave a mi juicio. Lo tengo que decir porque no sería leal conmigo mismo: creo que se actuó en forma muy errada y se generó esto”, dijo al programa Apertura Sport, de la radio Sport 890, en relación a los asesinatos.

Por haberse juzgado bajo el viejo Código Penal (el hecho ocurrió en 2016, antes de que el nuevo CPP entrara en vigencia), la fiscal accedió a la solicitud de los defensores de los indagados, quienes adujeron que debía respetarse el artículo 235 del código vigente, que establece que todos los investigados por la Justicia deben salir de la cárcel si no recibieron condena tras dos años de investigación. Ese plazo máximo de privación de libertad rige desde el 1 de noviembre de 2017 y, aunque el caso es tratado bajo el sistema penal anterior, Regueira entendió que ese beneficio debía regir para los imputados por el homicidio del hincha de Peñarol por el principio de la ley penal más benigna, que establece que los beneficios de una nueva ley alcanzan a todos los imputados.

Sin embargo, a juicio de Romano, el delincuente “nunca podía haber salido en libertad como salió”, a los dos años de estar cumpliendo con una condena que en realidad era de 23 años y 1 mes de prisión por ser declarado autor penalmente responsable de dos delitos de “homicidio muy especialmente agravados”, uno en grado de tentativa y otro de “lesiones personales especialmente agravado” en reiteración real. “Es posible que se hubiera evitado la muerte. Seguramente, también se hubiera evitado la otra”, aseguró ante la eventualidad de que se hubiera mantenido en prisión preventiva.

“Lo preocupante es que hay más de 14 hinchas de Nacional que están condenados y están en la calle, así que, como mataron a este hincha, puede suceder con otros de la misma forma”, analizó el fiscal. “Lo más importante acá es que la lista (negra de personas que no pueden ingresar a espectáculos deportivos) que tienen la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) y la FUB (Federación Uruguaya de Basketball) (...) pueda ampliarse para que cada vez sean menos personas las que ingresen, fundamentalmente violentos. Esa sería la sanción más importante”, añadió.

En la misma línea que Romano, la fiscal Mónica Castro -quien tuvo a su cargo el caso hasta el 1 de noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el sistema penal y las causas del viejo código se distribuyeron entre otros fiscales- manifestó entonces que estaba “indignada” y dijo que le hicieron una “jopeada”: “Me puse en el lugar de la familia que perdió a su hijo, y lo que más me preocupa es esta jopeada”, lamentó Castro, quien recordó que su fiscalía ya se había opuesto “muchísimas veces” a la libertad anticipada de los procesados”.

Otra de las que se opuso fue la fiscal Gabriela Fossati, quien explicó en ese momento que si bien existe el principio de la ley penal más benigna, también hay una excepción prevista en el artículo 402 del CPP que determina que las nuevas normas procesales no pueden aplicarse a los juicios iniciados con anterioridad a noviembre de 2017 hasta que haya una sentencia del caso. En esa línea, sostuvo que era “absurdo” aplicar el artículo 235 al viejo código porque mientras que en el sistema actual una persona que recuperara la libertad tras superar el plazo máximo de prisión preventiva podría volver a la cárcel a cumplir el resto de la pena una vez que haya condena, en el código anterior nunca volvería a la cárcel.

Por el contrario, los penalistas Juan Fagúndez y Germán Aller se aferraron al principio jurídico de que la ley más benigna debe aplicarse con retroactividad para pedir la libertad.

“Siempre se aplica la norma nueva más beneficiosa. Cuando hay dos leyes que colisionan en el tiempo, se puede aplicar la ley más benigna si es nueva. Si la ley nueva no es más benigna, sino lo opuesto, no se puede aplicar. El juez no tiene esa posibilidad: no puede agregar sanción con la ley nueva para hechos del pasado. Esto no quiere decir que el caso viejo se rija por todo el código nuevo; no hay duda que el competente es el código anterior, pero hay determinados institutos de mayor benegnidad”, subrayó Aller.

“No es que se cree un derecho distinto, es que hay que aplicar la norma en su momento vigente y de la norma nueva la más benigna”, aclaró.

Fagúndez, por su lado, profundizó: “El nuevo código tiene una norma que dice que aquellas personas que estuviesen encarceladas provisionalmente (sin condena) y que hubiesen cumplido la mitad del mínimo de la pena y no tuviesen acusación, podrían quedar libres presentando la libertad previsional, que fue lo que se presentó en esa época. (...) Si ninguno de los que salió cometió nuevos delitos en su libertad condicional, es muy difícil que vuelvan a cumplir penas de prisión”.

Los clásicos en suspenso 

Aunque las últimas señales que ha dado el Ministerio del Interior apuntan a que los clásicos previstos para enero se realizarán, pese a las recientes muertes y al ambiente caldeado en las barras, la decisión aún está en suspenso, a la espera de la opinión de Tenfield, el organizador del evento.

En ese sentido, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que dirige Rafael Peña le recomendó este jueves a las autoridades del fútbol no disputar los partidos pactados para el 22 de enero en el Estadio Centenario y para el 26 del mismo mes en el Campus de Maldonado, luego de que los hechos de violencia volvieran a encender las alarmas y reflotaran el homicidio de Fiorito.

El estado de alerta que se generó en la sociedad y en el fútbol por los dos hechos criminales también es compartido por el básquetbol ya que el clásico correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Uruguaya 2021-2022 está fijado para el viernes 21 de enero. Este martes hinchas aurinegros reivindicaron con cantos en pleno partido ante Trouville la muerte de Simón, el hincha tricolor fallecido.

Romano dijo que incluirá en su investigación estos hechos. “La investigación continúa con más elementos de gravedad”, como los cánticos en el Palacio Peñarol, posteos y amenazas en redes sociales, explicó. “La pena mayor que pueden llegar a recibir estos hinchas es no ingresar al campo de juego, porque para ellos el fútbol es lo más importante en su vida”, insistió.

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