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Presidente del gremio de jueces cuestionó que reformas al sistema penal garanticen más seguridad

Alberto Reyes dijo que el apoyo a la reforma del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, "no es representativo de la mayoría de los operadores jurídicos"

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12 de febrero de 2020 a las 21:45

El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes, cuestionó las declaraciones del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, sobre su postura favorable a limitar los acuerdos que los fiscales hacen con los delincuentes para resolver los casos sin necesidad de ir a juicio. 

Chediak visitó al futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para transmitir su apoyo a las reformas del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) propuestas en el proyecto de ley de urgente a consideración y dijo en rueda de prensa luego que compartía "totalmente" la propuesta de limitar en forma sustancial el proceso abreviado, por el cual los fiscales hacen acuerdos con los delincuentes con el objetivo de resolver los casos sin necesidad de ir a juicio.

Este mecanismo es una de las principales reformas al proceso penal planteadas en el documento borrador. Allí también se propone eliminar la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, instrumentos jurídicos que permitían que los imputados que hubieran cometidos delitos leves pudieran evitar la prisión a cambio de cumplir con algunas medidas, como devolver lo robado o resarcir de otra forma a las víctimas de los delitos.

Para Reyes, el apoyo a estos cambios así como están planteados –y que fueron rechazados por el gremio de los fiscales, que advirtieron que de esta forma el sistema puede "colapsar"– genera "preocupación", según dijo a El Observador.

"El exministro de la SCJ participó en la implementación de este sistema (vigente desde noviembre de 2017) y ahora está a favor de la supresión de piedras angulares de aquella reforma", criticó, y agregó que Chediak incurrió en "la falsa oposición de que para lograr mayor eficacia se requiere disminuir las garantías, y del espejismo de que lo anterior era mucho más eficiente, lo que tampoco era, y garantista menos".

Si la ley se aprobara como lo dicta el borrador, los fiscales, que vienen denunciando la falta de recursos y la sobrecarga laborar desde que comenzó el nuevo sistema, estarían obligados a afrontar muchos más juicios que los que tienen ahora, ya que evitan esos procesos al recurrir a los acuerdos abreviados o la suspensión condicional, que son los caminos por los que hoy transitan en el 97% de los casos, aproximadamente.

En 2018, una comisión integrada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia había analizado cambios al nuevo CPP y enfrentó las opiniones de fiscales y la Corte por el mismo motivo. “Habrá que seguir hablando y ver cómo organizamos este sistema sin que más que 90% de los casos terminen en el proceso abreviado con algunas penas absolutamente incomprensibles tanto para el ciudadano como para quienes algo sabemos del tema”, dijo Chediak luego de la reunión con Ferrés, encargado de la redacción del proyecto.

Pero Reyes no está de acuerdo. Afirmó que la cantidad de casos que se resuelven a través de los abreviados no es "motivo para alarmarse" y que lo mismo ocurre "en todo el mundo con el sistema adversarial". "O sea, es un dato neutro que el 90% o poco menos de los conflictos penales se resuelvan por esa vía. No es ninguna patología en sí misma. Pero además, en los países con legislaciones más duras, incluso en EEUU, donde hay Estados que siguen con la pena de muerte, no se descuida la necesidad de válvulas de escape para que no todo autor de un delito sea privado de libertad y para que las cárceles rehabiliten, porque sin merma de la reincidencia, la delincuencia no parará de crecer. Es sabido", dijo el presidente de los magistrados, que además es ministro del Tribunal de Apelaciones de 1° Turno.

"En suma, la opinión de Chediak como la del fiscal Luis Pacheco, que también apoya esta reforma, no es representativa de la mayoría de los operadores jurídicos que vienen trabajando en pos de mejoras para el sistema", sostuvo.

Y recordó luego que el trabajo que hoy tienen que asumir los fiscales ya es superior al que tenían los jueces en el sistema penal anterior, cuando eran los magistrados los que estaban encargados de investigar y acusar a los criminales. "Los jueces podíamos investigar como hoy no pueden hacer los fiscales. Chediak debería recordar que nosotros, a diferencia de los fiscales, contábamos con apoyo de receptores, y no estábamos presentes en los interrogatorios de los imputados. Además, ¿quién dijo que con estas modificaciones se garantiza la mayor seguridad? ¿Hay estudios o solo se cuenta con la opinión del exministro Chediak, ahora en la arena política?".

Un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London, que fue presentado por el presidente Tabaré Vázquez a fines de 2018, concluía que el alza de los delitos en Uruguay luego de noviembre de 2017 se debía al nuevo sistema implementado. Sin embargo, para Reyes, ese trabajo parte de una "base científica que deja mucho que desear".

"Varias de las modificaciones propuestas o refrendadas con entusiasmo por el doctor Chediak ahora fuera del Poder Judicial, y que implementó la reforma con gran esfuerzo institucional y de los jueces en general, no solo no contribuirán al fin loablemente perseguido en el borrador. Al contrario, parece haber de su parte una ceguera intencional acerca del riesgo de mayor impunidad y/o colapso del sistema carcelario, que a su vez, es un foco de inseguridad por todos sabido", concluyó Reyes.

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