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Reclamos en el FA por falta de conexión entre el gobierno, la bancada y la orgánica partidaria
Las negociaciones a contrarreloj durante el mes de octubre para aprobar leyes que implican ampliación del gasto y creación de cargos antes de que empieza a correr el año electoral generaron rispideces en el Frente Amplio. Las diferencias derivaron en un reclamo formal en la última reunión de la Mesa Política de la coalición de izquierdas realizada este viernes 26 y llevó otra vez a la interna frenteamplista el debate sobre la falta de conexión entre la estructura partidaria, la bancada legislativa y el Poder Ejecutivo.
En la Mesa Política, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), uno de los sectores del oficialismo con representación parlamentaria, cuestionó los cambios "fuera de tiempo y forma" a los proyectos de ley de empleo para personas con discapacidad y la reforma de la caja militar, dijo a El Observador el delegado de ese sector en el órgano de conducción del Frente Amplio, Carlos Coitiño.
Los dos textos fueron aprobados en el Parlamento durante los últimos días con negociaciones a contrarreloj que implicaron, entre otras cosas, modificaciones a acuerdos que se habían tejido durante meses.
El apuro fue porque el artículo 229 de la Constitución establece que el Parlamento “no puede aprobar presupuestos, crear cargos, aumentar salarios ni pasividades, aprobar aumentos en partidas de jornales y contrataciones en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”.
"Lo que planteamos fue una visión crítica de la interrelación y coordinación entre la orgánica del Frente Amplio, el Parlamento y el Poder Ejecuivo", dijo Cotiño. El dirigente afirmó que "tanto en la caja militar como en la ley de incapacidad se hicieron modificaciones fuera de tiempo y forma" y advirtió que "eso lesiona la estrategia" del oficialismo.
"Nosotros reclamamos que se revise la teoría de relacionamiento de la orgánica, con el Parlamento y el gobierno. No se han estado respetando las definiciones que guían ese relacionamiento desde 2004", agregó.
El PVP fue uno de los sectores que se molestó con las modificaciones que se hicieron en el Senado al artículo 1° de la ley de empleo para personas con discapacidad. De hecho, en la votación del miércoles en la Cámara de Diputados esa parte del texto no fue apoyada por el PVP, el grupo Ir, la lista 6009, y el Partido Comunista de Uruguay. Dentro de la oposición, tampoco lo apoyó la Unidad Popular.
Ese artículo establece que las empresas con 25 o más trabajadores “permanentes” deberán contratar al menos un 4 % de empleados discapacitados en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la ley. Los diputados criticaron que se excluyera a los trabajadores zafrales, tal cual estaba establecido en el proyecto original del Poder Ejecutivo, y señalaron que esta modificación implicaba un recorte de entre 25 y 30% de las personas que podrían incorporarse.
A los dirigentes del PVP ya les había molestado el desenlace de la discusión de la reforma de la caja militar, donde el presidente Tabaré Vázquez resolvió no aceptar la reducción de los topes jubilatorios de los uniformados, como sí querían distintos sectores ubicados más a la izquierda del Frente Amplio como el grupo de Coitiño, el Ir y la Lista 6009.
Tanto en el caso de la ley de empleo para personas con discapacidad como en la reforma de la caja militar el oficialismo había tejido un acuerdo luego de meses de discusión, pero esa fórmula de consenso tuvo modificaciones en la recta final del trámite parlamentario.
La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas fue aprobada de forma definitiva en el Senado el 24 de octubre con votos del Frente Amplio. Durante la votación en Diputados, el sector Ir y la Lista 6009 habían solicitado libertad de acción pero eso fue rechazado y debieron acatar la disciplina partidaria. Esa negociación se extendió y tuvo cambios a último momento también porque el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, rechazaba un acuerdo realizado en primera instancia entre la bancada y el Poder Ejecutivo.
Cruces en el PCU y reclamó del PIT-CNT
Las modificaciones acordadas en el Senado al proyecto de ley para personas con discapacidad generaron también un cortocircuito interno en el Partido Comunista, el sector que se había embanderado con la aprobación del proyecto. Al ser consultado por El Observador tras la aprobación de Diptuados, el senador comunista Juan Castillo reconoció -en nombre de la bancada- que haber consultado "hubiese evitado las críticas" pero dijo que los senadores no tuvieron "tiempo práctico" para hacerlo.
Esto se sumó a los cuestionamientos ya realizados por la central obrera (PIT-CNT), organización que cuestionó cambios aprobados a la ley de empleo para personas con discapacidad cuando el texto había sido acordado entre trabajadores, empresarios y el sistema político.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo el 17 de octubre que “los acuerdos están para cumplirse". "Si se trabajó con un grupo de organizaciones sociales y el PIT-CNT para llegar a una ley que finalmente contemplara a la totalidad de las organizaciones no es posible que los integrantes de ellas se enteren el mismo día de la votación que la ley va a tener modificaciones”, sostuvo luego de que la normativa se votara en el Senado.
